Dos hermanos y la concubina de uno de ellos, están acusados por la “captación de mujeres para ser sometidas a la explotación sexual” . En la causa interviene la Justicia Federal y la investigación estuvo a cargo del fiscal Rafael Toranzos. El año pasado rescataron a siete mujeres tras ocho allanamientos en Salta y uno en Córdoba. El juez Santiago French, quien dirigió la audiencia de control de acusación el lunes pasado dispuso la remisión de la causa a juicio.
Los acusados captaban mujeres de 18 a 25 años, para ser explotadas sexualmente mediante un sistema de citas o “escort”. La investigación judicial comenzó el 22 de mayo de 2020 a partir de la denuncia realizada por dos chicas, quienes indicaron que detrás de una cuenta de facebook que realizaba ofertas de trabajo, se las captaba para que realizaran "servicios de citas", cuyos valores oscilaban entre los 800 y 1.500 pesos, de los cuales debían dejar a los acusados el 50 %.
Tras reunir suficientes elementos probatorios, incluidas vigilancias y registros fílmicos, entre otros, la fiscalía solicitó el allanamiento de nueve inmuebles, uno en Córdoba y el resto en Salta, respecto de los cuales se estableció que seis estaban destinados a la explotación sexual.
Los allanamientos se realizaron el 20 de julio de 2020 y en ellos rescataron a siete víctimas. También se secuestraron elementos de prueba para la causa. La fiscalía imputó y pidió la detención el año pasado para dos mujeres y un hombre. Luego siguió con la imputación a otro hombre a quien le impusieron prisión preventiva el 30 de noviembre pasado. La fiscalía llegó a él tras seguir la ruta del dinero que movían los acusados, estimado en sumas que superaron el medio millón de pesos.
La defensora oficial, Gala Poma, pidió el sobreseimiento para una de las acusadas basando su planteo sobre declaraciones brindadas por las víctimas rescatadas, quienes habrían desvinculado a su defendida. También hizo referencia a la condición de víctima de su defendida, que realizaba "servicios sexuales y pagaba el 50 % exigido por la principal imputada". Poma indicó que la tarea de captación achacada por la fiscalía "le era impuesta a todas las mujeres explotadas". La defensora explicó que su defendida fue introducida en esta red de explotación sexual por otras mujeres también sometidas.
El fiscal mantuvo la acusación por entender que existen pruebas suficientes en contra, de la mujer, entre ellas el registro de IP de la computadora secuestrada a la imputada, desde la cual se emitió la falsa publicidad de oferta de trabajo, mediante la cual se captaba a las mujeres para luego explotarlas sexualmente. La defensora ya había pedido antes el sobreseimiento pero fue rechazado por el juez de garantías. Toranzos resaltó que además del rastro informático que condujo a la acusada, se pudo probar, con tareas de seguimiento y registros fílmicos, que esta mujer se encargaba de recolectar el dinero de los distintos departamentos, mientras que en las publicidades que los acusados realizaron en sitios web, los teléfonos de contacto para los futuros clientes, pertenecían a la imputada.
El fiscal pidió al juez que se rechace el sobreseimiento porque la imputada se evidenciaba "diferente respecto a las víctimas rescatadas", no como una más de ellas.
El juez French resolvió hacer lugar al pedido de la defensora Poma y sobreseyó a una de las acusadas por considerar que no existían elementos suficientes respecto a su rol en la conducta delictiva adjudicada. Coincidió con la defensa respecto a la condición de víctima de la organización desarticulada por la Fiscalía. Toranzos hizo reserva de impugnar tal decisión.
El abogado Marcelo Pio Castellani, quien defiende a uno de los imputados responsable del traslado de las mujeres explotadas y otras tareas, también solicitó el sobreseimiento de su cliente, en razón de que las víctimas, según afirmó, “desconocieron” su participación en los hechos imputados.
Castellani dijo que su defendido conoció en Córdoba a la principal acusada, con quien inició una relación de pareja, de la cual nació un hijo en común. La pareja de este sujeto realizó "un acuerdo de colaboración" con la Fiscalía. Castellani pidió su nulidad mientras que el defensor oficial Martín Fleming quien representa a esta mujer y el fiscal Toranzos se opusieron,
El juez rechazó la solicitud de nulidad de ese convenio y aceptó la acusación contra la principal acusada y los otros dos causantes. Asimismo, dirigió el debate entre las partes respecto a las pruebas ofrecidas, tras lo cual formalizó el pase a juicio oral y público por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
