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Dos empresas flojas de papeles que solicitaron inscribirse en el registro de salvataje del Correo Argentino, Valuaciones SA y MV Cargo SAS, cometieron irregularidades detectadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que las notificó al Juzgado Comercial 6, que lleva adelante la causa sobre el concurso preventivo de la compañía postal. En agosto de 2020 se presentaron igual que otras sociedades cuyos responsables son afines al macrismo. Su declamado propósito es salvar a la firma que le debe 45 mil millones de pesos al Estado y que es controlada por el holding Socma, de la familia del expresidente de la Nación Mauricio Macri. El caso más emblemático es el de Transportes Chimiray SRL donde tiene una participación Ramón Puerta, exgobernador de Misiones y amigo del líder de la oposición.
El problema de fondo es que el clan Macri pretende evitar la quiebra del Correo porque Socma --como sociedad controlante de la primera-- debería responder con su patrimonio si la jueza Marta Cirulli determinara aquella medida. El 29 de marzo está fijada una audiencia para que oferentes como Valuaciones SA y MV Cargos SAS --ambas cuestionadas por el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, mediante dos resoluciones-- presenten sus ofertas a los acreedores. Las dos compañías que se postularon para el salvataje o cramdown tienen algún punto de contacto con la concursada o su cara más visible, Mauricio Macri. No sorprende porque hasta el mismo Correo se presentó en su propio auxilio. Con la curiosidad de que sus acciones tienen valor cero y lo adeudado a los casi 800 damnificados --incluido el Estado Nacional-- deberá ser pagado con intereses según una resolución de Cirulli.
En Valuaciones SA es donde queda más claro el vínculo con el expresidente. De la resolución de la IGJ se desprende que “incumplió la presentación de los estados contables y documentación relacionada por los períodos 2008 a 2019". Al frente de la compañía estuvo en 2015 José María Fresco, nieto del gobernador de la provincia de Buenos Aires (1936-1940) durante la Década Infame. Además de que pasó por Valuaciones, los bancos comerciales de datos arrojan que también integró el directorio del banco Finansur a mediados de la década pasada, cuando pertenecía a la familia de Evaristo Jorge Sánchez Córdova. Este empresario fue tesorero de Boca durante el primer mandato como presidente de Daniel Angelici en el club. Casi un tercio del dinero de los bolsos de José López --quien sigue cumpliendo su pena de prisión-- salió de Finansur cuando era su dueño.
En su resolución del 10 de marzo, Nissen cuestiona que Valuaciones SA “no registra, entre las actividades descriptas en su objeto, ninguna referida a la prestación de servicio postal, telegráficas o monetarias las cuales a priori devienen en actividades notoriamente extrañas a su objeto social”. Según su constitución, el propósito que persigue son “las tasaciones y valoraciones de toda clase de bienes, ya sean muebles, semovientes, e inmuebles en jurisdicción de este país y/o en el extranjero”. Del mismo texto se desprende la renuncia de uno de los integrantes de su directorio, Pablo Julián Buratti, el 15 de enero de 2021. También que la IGJ intimó a la empresa a presentar toda la documentación que omitió entre 2008 y 2019 y que acredite el pago de la tasa anual 2020 “bajo apercibimiento de aplicar sanciones”.
La sociedad por acciones simplificada (SAS) es un instrumento jurídico creado durante el gobierno de Macri, en 2017. MV Cargo es una de ellas y también le llamó la atención a la Inspección de Justicia. Constituida el 1° de octubre de 2018 con un capital social de 21.400 pesos y un objetivo multipropósito (desde el rubro agropecuario a las comunicaciones y de la gastronomía a las actividades petrolíferas y gasíferas), está integrada por los socios Carlos Mariano Moiraghi --un ostensible partidario del ideario cambiemita en las redes sociales-- y Sergio Daniel Villarreal, el primero domiciliado en CABA y el segundo en Paso de los Libres, Corrientes. Aún cuando tiene un propósito diversificado desde su inscripción, a la IGJ le llamó la atención que “no registra entre las actividades descriptas en su objeto ninguna referida a la prestación de servicio postal, telegráfico o monetario”.
A pesar de tener su libro diario y el de inventario y balances en blanco desde su creación, MV Cargo hizo constar en su libro de actas que “resolvió su inscripción en la apertura del procedimiento de salvataje dispuesta en los autos 'Correo Argentino S.A s/ concurso preventivo' a efectos de adquirir las acciones de la sociedad concursada y oportunamente formular una propuesta de acuerdo preventivo”. Como en el caso de Valuaciones SA, la IGJ notificó de su resolución sobre MV Cargo a la jueza Cirulli y a la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín, quien denunció a comienzos de 2017 el acuerdo ruinoso para el Estado al que pretendía llegar el Correo durante la presidencia de Macri.
Con la última instancia del salvataje en pleno proceso para la empresa estatal --hoy Correo Oficial de la República Argentina SA (CORASA)-- aparecieron estas sociedades que ahora investigará la IGJ con pormenorizado detalle. No son las únicas. Chimiray SRL, de Ramón Puerta, antiguo amigo del expresidente y su embajador en España hasta fines de 2019, integra la lista de firmas autopostuladas como salvadoras del Correo. La compañía volvió a ser pública en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. A 21 años del golpe de Estado del ’76, casi como una mueca burlona de su política de desguace del Estado, Carlos Menem lo privatizó con un decreto el 24 de marzo de 1997. Así como liquidó Encotesa, le entregó el manejo del Correo a Socma, en ese momento liderada por Franco Macri.
La concesión se extendía a 30 años pero el holding familiar del expresidente apenas pagó dos años de canon. En septiembre del 2001 la empresa ingresó en un concurso preventivo que se extiende hasta la actualidad. Un récord jurídico imposible de empardar. La utilización de sociedades como Valuaciones SA y MV Cargo SAS para prolongar su existencia en el tiempo y evitar la quiebra --siempre que lo consienta el 51 por ciento de los acreedores-- podría ingresar al libro Guinness de las mayores defraudaciones al Estado nacional.
