Desde Quito.El próximo once de abril será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Andrés Arauz, primero en las urnas el pasado siete de febrero, y Guillermo Lasso, se encuentran en recorridos por el país con diferentes actores sociales, económicos y políticos. La campaña comenzará oficialmente el próximo martes, pero, a poco de una elección determinante, aún existen amenazas.

Una de ellas fue el llamado a la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral realizada por Yaku Pérez, quien quedó tercero en la contiende, y sostiene que ha existido un fraude. El candidato por el partido Pachakutik pidió públicamente que realicen un pronunciamiento constitucional para remplazar a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), se declare nula la primera vuelta electoral, tenga lugar una intervención de la Contraloría y la Fiscalía en los sistemas informáticos del poder electoral.

Pérez también pidió que la Fiscalía emita una sentencia sobre la denuncia presentada por la Fiscalía de Colombia acerca de un presunto financiamiento de campaña del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Arauz, es decir, quien ganó la primera vuelta sea criminalizado en el marco de una operación internacional denunciada como falsa desde numerosas voces internacionales, en particular desde Colombia. Los intereses por torpedear una posible victoria de Arauz son numerosos por del gobierno colombiano, en manos del partido de Álvaro Uribe -quien realizó campaña a favor de Donald Trump en las últimas elecciones estadounidenses.

Las palabras del candidato de Pachakutik fueron denunciadas como llamado a un golpe de Estado por parte de numerosos actores políticos dentro y fuera del país. Pérez, buscó luego desdecirse, y afirmó "no estoy pidiendo intervención militar que afecte la democracia en Ecuador, mi pedido encamina a que la fuerza pública garantice que las urnas se mantengan intactas, hasta abrir y demostrar transparencia”.

Su llamado a las Fuerzas Armadas evidenció el movimiento de tramas subterráneas que buscan alterar la elección del próximo once de abril por diferentes vías. Junto con esa alarma, tuvo lugar la declaración de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien aseguró el viernes tener “seria preocupación por el cumplimiento del calendario electoral”. La situación, según explicó, se debe a que están “esperando a lo que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) realice en estos días, que son cruciales para el país”.

Atamaint afirmó estar “en manos del TCE”, una situación que se debe al hecho que el Tribunal aceptó el pasado lunes el pedido de recurso presentado por Pérez pidiendo el recuento de más de 20.000 actas, por lo que deberá dictaminar si debe realizarse o no ese recuento. La decisión tomada por el TCE estuvo antecedida de la difusión de fotografías de lo que fue una reunión nocturna en un edificio privado entre Pérez y uno de los integrantes del Tribunal, Ángel Torres.

El CNE ya había realizado un recuento de 31 actas del total solicitado por el candidato de Pachakutik, que no había modificado el resultado de la primera vuelta. Sin embargo, la aceptación por parte del TCE, con 15 días para pronunciarse una vez aceptada la solicitud, dejó a la contienda electoral con un elemento en suspenso.

Mientras tanto, Arauz y Lasso continúan sus actividades por el país y a través de las redes sociales, y las demás fuerzas políticas tomaron posición ante el ballottage. Así, Xavier Hervas, del partido Izquierda Democrática, cuarto en las elecciones, afirmó que no realizará una alianza ninguno de los dos candidatos, modificando su posición inicial que era la de un llamado a conformar un frente con Pérez y Lasso contra Arauz.

Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), cuyo instrumento político es el partido Pachakutik, resolvió impulsar el “voto nulo ideológico” de cara a la segunda vuelta, y exigirle al TCE que “dé paso al reconteo de votos”. La decisión fue tomada en el Consejo Ampliado del movimiento, atravesado por numerosos debates, como la relación entre la CONAIE y Pachakutik, así como las tensiones internas entre sectores con búsqueda de alianzas hacia la derecha, como el mismo Pérez, y aquellos que defienden un posicionamiento de izquierda, como el dirigente Leonidas Iza.

Con las decisiones anunciadas por Hervas y la CONAIE-Pachakutik queda entonces excluida, al menos públicamente, la posibilidad de la conformación de una alianza electoral contra Arauz. La misma había sido planteada desde diferentes actores, incluido el mismo Lasso en su inicial acercamiento con Pérez, apelando al clivaje correismo/anti-correismo, construido como un dispositivo por parte de la derecha para dividir la política nacional, y utilizado como razón por sectores del movimiento indígena para defender acercamientos con quienes, así sean de derecha, se opongan a una candidatura de la revolución ciudadana.

La segunda vuelta será entonces una disputa entre Arauz y Lasso, representantes cada uno de modelos políticos, económicos, sociales y geopolíticos distintos. El primero, con una propuesta progresista y latinoamericana, con respaldo por parte de presidentes como Alberto Fernández y dirigentes como Pepe Mujica, el segundo, con un proyecto neoliberal alineado a la política exterior estadounidense, una posición que resulta clara por su recorrido en la banca privada y la política, aunque su actual campaña intenta presentarlo bajo otra faceta.

La incertidumbre acerca de posibles decisiones por parte de las instituciones del país, particularmente la Fiscalía y el TCE, en el marco de cuatro años marcados por la persecución política contra la dirigencia de la revolución ciudadana, arroja sobre la contienda niveles de preocupación que fueron constantes desde la misma inscripción de la candidatura de Arauz.