El expresidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco se habrían valido de una justicia “funcional” a sus propósitos para demorar durante años un expediente que se tramita en los tribunales de San Martín. Así, los Macri habrían logrado denegar o postergar el ejercicio los derechos hereditarios a Micaela Leonardo, hija del marido de Sandra Macri, la hermana del exmandatario fallecida en junio del 2014. Eso dice una denuncia presentada por la propia Micaela Leonardo ante la misma jueza que habría trabado el juicio sucesorio al solicitar a una medida de cumplimiento prácticamente imposible.

No sólo eso. La denuncia de Leonardo acusa a Mauricio y Gianfranco Macri de ocultamiento de bienes, uso de testaferros, sociedades offshore en paraísos fiscales, simulaciones y maniobras de elusión. Como evidencia de dicho comportamiento acompaña la presentación judicial con los textos del libro “Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio” cuyo anticipo publicó Página/12 en noviembre del año pasado, el artículo “El secreto de Macri” publicado en este diario el 22 de febrero pasado, y el artículo “Openlux” de Hugo Alconada Mon e Iván Ruiz, publicado en el diario La Nación el 12 de febrero pasado.

Según la denuncia con fecha 24 de febrero, a la que tuvo acceso Página/12, “los extremos señalados al contestar la demanda y evidenciados a lo largo del proceso, en relación al contexto en el cual se inscribe el presente pleito, como parte del entramado de maniobras desplegadas por parte de la familia Macri, con el inocultable fin de desconocer los derechos que corresponden a distintos herederos, valiéndose para ello de ocultamiento de bienes, testaferros, sociedades offshores en paraísos fiscales, simulaciones, maniobras de elusión etc., aprovechando la situación de poder (económico y político) de los Sres. Gianfranco y Mauricio Macri (expresidente de la Nación), desplegando una serie de acciones en las que participan sus sobrinos…se ha visto parcialmente revelada en distintas publicaciones recientes..”

La presentación de Leonardo denuncia también la colaboración de los jueces que, siendo permisivos ante maniobras obstruccionistas y dilatorias, habrían ayudado a su concreción: “Siendo elocuente que el valerse de acciones judiciales como modalidad dilatoria y obstructiva del reconocimiento de derechos, como así también la particularidad de trámite que muchas de ellas presentan en cuanto a su accesibilidad, es parte integrativa de la estrategia implementada por el mencionado grupo, pudiendo consecuentemente la actuación del poder judicial resultar funcional a dichos fines espurios, ya sea directa o indirectamente.”

La denuncia forma parte del caso "Valladares Macri Rodrigo y otro c/ Leonardo Néstor Daniel s/ Exclusión de herencia" Exte. Nº 61240, en el que los sobrinos del expresidente litigan contra el padre de Micaela por considerarlo “indigno” de heredar a su esposa porque supuestamente llevaban años separados cuando ella murió. Néstor Daniel Leonardo contestó la demanda argumentando que nunca se separó de Sandra, que los encuentros se hacían a espaldas de la familia Macri porque los Macri no aprobaban la relación, al punto que espiaban a Néstor Daniel Leonardo y hasta podrían estar vinculados a un episodio no esclarecido en el que el entonces marido de Sandra fue baleado por un desconocido en el 2009.

El viudo de Sandra falleció en 2017 si haber podido heredarla. Micaela, que hoy tiene 26 años, continuó la batalla judicial iniciada por su padre. Por ser heredero directo de Sandra Macri, a Leonardo padre le correspondería la mitad de la sexta parte de la herencia del magnate Franco Macri, valuada por la revista Forbes/Argentina en 540 millones de dólares. Micaela, por ser la única heredera del marido de Sandra, tendría derecho a la misma suma que le correspondería a su padre. Según denunció Micaela Leonardo en su reciente presentación judicial, los hijos de Sandra de su primer matrimonio, Rodrigo y Franco Valladares Macri, actúan en consonancia con sus tíos Mauricio y Gianfranco, ya que los cuatro--que se habrían presentado con los mismos abogados en el expediente sucesorio de Franco Macri-- “integran el mismo grupo de acción”.

La maniobra judicial para planchar o cajonear la sucesión de Sandra desde el 2015 en adelante consiste en impedir la realización de una prueba fundamental para Micaela al ordenarla de manera tal de que sea prácticamente de imposible cumplimiento. Como la etapa de presentación de pruebas no se puede cerrar hasta tanto se cumpla esa medida, la maniobra no deja que avance el expediente. Leonardo había pedido que el juzgado federal competente le haga llegar a la jueza una serie de testimonio puntuales incluidos en la megacausa de espionaje conocida como la “causa escuchas”. Se trata de un caso de intervenciones telefónicas ilegales en el cual se pudo demostrar que un grupo de personas, incluyendo Néstor Daniel Leonardo, había sido espiado por una red de agentes vinculados al gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante el mandato de Mauricio Macri. En esa causa estuvo procesado el entonces jefe de gobierno, quien fuera sobreseído a los pocos días de asumir a presidencia de la nación en el 2015. La causa escuchas, que sigue activa y aún no ha sido elevada a juicio, consiste de cientos de volúmenes e involucra a decenas de personas incluyendo a funcionarios municipales, jueces provinciales y jefes policiales que fueron acusados de formar parte de una organización criminal. Se trata de una prueba fundamental para demostrar la verdadera relación entre Nestor Daniel Leonardo y Sandra, ya que en ese expediente tanto Mauricio como Gianfranco Macri habrían declarado que dicha relación era excelente, que los Macri no tenían razón alguna para espiar a Leonardo padre, aparentemente contradiciendo lo que luego argumentaron en el juicio para excluir a los Leonardo de la herencia de Sandra.

Pero en vez de limitarse a dichas declaraciones, la jueza Elina Mercedes Fernández, a cargo del pleito entre los Leonardo y los Valladares Macri, ordenó el traslado físico a su juzgado de San Martin de las fojas originales de toda la causa escuchas, de principio a fin, esto es cientos de folios con miles de fojas que incluyen documentos, transcripciones y evidencias de diversa índole y procedencia.

Por el volumen mismo de la causa escuchas, la multiplicidad de actores involucrados y la sensibilidad política de la investigación, sería inimaginable que el proceso se interrumpa para que la causa completa se traslade a los tribunales de San Martín para dirimir una cuestión sucesoria. Asi se lo hicieron saber a la jueza Fernández en 2016, hace ya cinco años. A cambio, el juzgado federal No. 7 a cargo de Sebastián Casanello ofreció mandar fotocopias certificadas de los tramos pertinentes , oferta que fuera rechazada por el juzgado de San Martín.

A partir de entonces los abogados de Micaela Leonardo, en varias ocasiones, le comunicaron a la jueza Fernández que la medida solicitada paralizaba la causa. “Esta prueba en particular…se trata de una causa absolutamente voluminosa (escuchas telefónicas de pública repercusión), con gran cantidad de imputados, con numerosas decenas de cuerpos e incidentes, más de cien, con miles y miles de fojas,” se quejó la defensa de Micaela con idénticas palabras en octubre y noviembre del año pasado.

Pero el 6 de noviembre de 2020 el juzgado de San Martin hizo saber que Su Señoría continuaba con su tesitura: "se hace saber al peticionante que deberá contar con las actuaciones en original.”

Una semana más tarde Micaela insistió. Esta vez, sin eufemismos señaló que la exigencia de la jueza Fernández equivale a un denegamiento del debido proceso: “…por ser el trámite fácticamente posible de efectuar por la parte y en el entendimiento que pretender la remisión de la totalidad de la causa, con las características que se presentan en el caso (por su voluminosidad y estado), implica en los hechos lisa y llanamente denegar la posibilidad de culminar el proceso y dictar sentencia”.

Consultada por la situación del expediente que la llevó a denunciar la supuesta funcionalidad de la justicia para con el grupo empresarial familiar que lidera Mauricio Macri, Claudia Villa, abogada de Micaela Leonardo, describió el pedido de los originales de toda la causa escuchas como “un palo en la rueda” que impide la resolución del caso. “La causa de las escuchas involucra a muchas personas y gran parte de ese expediente no se refiere a Nestor Leonardo y por lo tanto no agrega ni quita nada a lo que se discute en la sucesión de Sandra Macri. Ya se había terminado toda la etapa probatoria y este pedido de la jueza es lo único que falta para pasar a los alegatos, pero resultó ser un impedimento terrible porque es sabido que esa causa no va a llegar nunca. Además en el juicio sucesorio (que se tramita en el mismo juzgado de San Martín) no nos permitieron realizar medidas tendientes a conocer el patrimonio real de Sandra.”

Página/12 intentó comunicarse el viernes con el abogado de los hermanos Valladares Macri, Hugo Martín Carcavallo, a través del número de teléfono celular que el letrado denunció en el expediente. El teléfono fue atendido por una colega del letrado, quien aseguró que le transmitiría el pedido de comentario junto al numero de celular y correo electrónico del cronista. El sábadola colega confirmó que el mensaje había sido transmitido. Al cierre de esta edición el doctor Carcavallo no había sido contestado.

A su turno la jueza Fernández reaccionó a la denuncia de Micaela Leonardo del 22 de febrero. En coincidencia con la cobertura mediática que está recibiendo el grupo Macri por sus manejos presuntamente irregulares en distintos ámbitos, incluyendo el judicial, la magistrada parece haber cambiado de parecer. El 1 de marzo Fernández ordenó nuevos oficios para diligenciar el pedido de la causa escuchas directamente desde el juzgado en forma electrónica, lo cual podría facilitar el cierre de la etapa probatoria y destrabar una causa que llevaba más de cinco años prácticamente paralizada.