El 11 de marzo de 2012, a las 10 de la mañana, Diego Iván Pachao (20) y su amigo Leonel González fueron detenidos por efectivos de la Comisaría Séptima en la Avenida Los Legisladores, en la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca. Casi 24 horas después, el día 12 a la madrugada, Diego salió en ambulancia de la Comisaría rumbo al Hospital San Juan Bautista, donde falleció el 14, como consecuencia de dos golpes mortales en su cabeza, constatados mediante una tomografía.

Horas antes de la detención, alrededor de las 6 de la mañana del 11 de marzo, testigos señalaron que Diego había intervenido para separar a su amigo Leonel de una pelea que había entablado con los hermanos Lucas y Darío Leiva. Una pelea que no dejó marcas visibles en ninguno de los dos amigos y que así fue constatado por el médico de policía Duilio Gallo Canciani, cuando los jóvenes fueron llevados por los uniformados a Sanidad Policial, alrededor de las 12 del mediodía.

Testigos y careos, más la negativa de los efectivos de la Comisaria Séptima a dejar que la mamá de Diego, Claudia Véliz, lo viera mientras estuvo detenido por averiguación de antecedentes y medio de vida, revelaron que el joven fue golpeado con bastones por los policías dentro del propio destacamento. Sin embargo, y pese a que las pruebas obraban en el expediente, los primeros fiscales instructores que tomaron la causa, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín, desecharon la hipótesis del maltrato policial e imputaron por homicidio preterintencional a los hermanos Leiva.

La causa posteriormente sumó al médico de policía a quien acusaron de no haber visto los hematomas de los golpes que causaron la muerte de Diego, y que Gallo Canciani aseguró que al momento de su detención, cuando él lo revisó, no los tenía. Y también sumó a los 11 efectivos de la guardia de la Comisaría Séptima por los delitos de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Con el paso de los años, el proceso se fue dilatando. En medio, fueron sobreseídos por extinción de la acción penal, el médico y siete de los policías involucrados. La última audiencia de la causa se realizó el 20 de noviembre último en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos. Por unanimidad, este tribunal resolvió revocar el sobreseimiento de tres policías declarando la nulidad del dictamen del juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña. En tanto, confirmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa solicitada por el fiscal de instrucción Alejandro Gober, quien lleva actualmente la causa.

Hoy quedan imputados seis policías: Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Yani Nieva, Ramón Ariel Quevedo, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero, quienes nunca fueron pasados a disponibilidad ni investigados por su propia fuerza como establece el reglamento interno. Además, los hermanos Leiva siguen imputados en la causa con la misma acusación.

Injusticia

La mamá de Diego, Claudia, habló con Catamarca/12. Enmarcada en llanto por el dolor que le produce la cercanía del aniversario de la muerte de su hijo, describió como pudo el estado de indefensión y vulneración de derechos en el que se encuentra.

Como querellante, contó que tuvo varios abogados. Eran profesionales que se “ofrecieron” porque ella, con su pensión de madre de 7 hijos más lo que lograba juntar trabajando como vendedora ambulante o “limpiando casas”, no podía pagar honorarios. Juntó lo que pudo, 2.000 o 3.000 pesos ante cada presentación judicial que logró hacer e incluso pagó 4000 pesos más para poder tener las fotocopias del expediente. En la entrevista admitió que desconocía el resultado de la última audiencia en Apelaciones.

Claudia contó que cuando vivía el papá de Diego, Alejandro Pachao, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito que para la familia “es dudoso porque el día del choque lo seguían dos policías para hacerlo detener”, él había comprado un libro de abogacía "para entender qué es lo que hacía la Justicia”.

Sin embargo, ni el libro, ni las dudas, ni las pruebas “que me dijo el fiscal Mauvecín que le llevemos para que pueda imputar a los policías”, alcanzaron para que la relación entre ellos y la justicia pudiera ser mínimamente equitativa.

“Sobreseyeron a la policía Guadalupe Acevedo porque dicen que ella no tenía permiso para entrar a las celdas, pero ella fue la que me recibió la comida que yo le llevé a mi hijo y volvió diciéndome que estaba profundamente dormido”, contó.

“Con Alejandro buscábamos que el fiscal impute a los policías por tortura seguida de muerte, porque los hermanos Leiva no fueron los que lo mataron. Fueron los policías y la Justicia que los protege”, aseguró y agregó que "después de que él murió dejé la imputación como estaba porque ya no podía seguir peleando".

En la causa se estableció que Diego fue golpeado en la Comisaría. El médico de policía, aportó que cuando el joven ingresó a la institución no tenía lesiones, es por esto y por muchos argumentos más que enumera Claudia que el delito de vejaciones no sería más que una contradicción en el expediente que impediría “la acusación real que le corresponde a los policías y es el de tortura y asesinato”.

Claudia está cansada. Asegura que todos estos años de espera por justicia sólo agravaron su salud. “Fueron años de lidiar con la mafia más grande y que es el Poder judicial de Catamarca y también los otros poderes. Porque recuerdo que el ex secretario de Seguridad, Marcos Denett, le aseguró a Alejandro que los policías serían pasados a disponibilidad como corresponde, pero nunca lo hizo. Mintió y sé que todos siguen trabajando con el peligro que significa que esta gente sea puesta para ofrecer supuesta seguridad, cuando matan, violan y pegan como si nada”, manifestó.

La mamá de Diego enumera a todos los agentes de la justicia que pasaron por la causa. Para ella “no son señores ni merecen su respeto”. “Al parecer hubo un arreglo entre fiscales y los policías para decir que los hermanos Leiva fueron los que mataron a mi Diego y ahora fueron premiados y son jueces. Veo que van ascendiendo como si fuera que se lo merecen. Igual que el juez Acuña, que hasta se portó atrevido conmigo. Y esto lo digo con fundamento porque fueron ellos lo que nos demostraron cómo actúan y no acusaron y dejan pasar el tiempo para que puedan liberar a todos”, dijo y agregó: “Yo antes bajaba la cabeza porque pensaba que teníamos que rendirle honores. Tienen su profesión, pero son personas como nosotros. Juraron ante una Biblia pero van para donde les conviene”.

Claudia no puede entender la injusticia. Señala que ni sus otros 8 hijos o sus 14 nietos podrán ocupar el lugar que dejó Diego y que ese vacío se hace más grande con el paso de los años.

En el proceso, emprendió y acompañó otras luchas también por casos de impunidad policial. Decenas de marchas se realizaron en estos 9 años en Catamarca pidiendo siempre lo mismo: justicia y descanso para el alma de su hijo. En el camino, algunos de los hermanos de Diego dejaron de creer que los culpables algún día serán condenados. Claudia los comprende y reza más y pide y llora y se vuelve a levantar con una fuerza que conmueve.

El lunes se realizará una marcha en pedido de justicia frente al Juzgado de Control de Garantías, ubicado sobre la avenida Virgen del Valle 744.