La Fiscalía general de Bolivia solicitó este domingo la prisión preventiva por seis meses de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, detenida este sábado en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.

Este fin de semana también fueron detenidos en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes al igual que Áñez fueron trasladados en avión a La Paz para ser interrogados.

Este domingo, la Fiscalía publicó la acusación formal por "sedición, terrorismo y conspiración" contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses mientras dure la investigación, al considerar que existe peligro de fuga y la posibilidad de influir sobre otros implicados o testigos.

El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en una penitenciaría.

La situación de Áñez

Este sábado, la exmandataria interina se negó a declarar en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de Gobierno.

El día anterior a su detención, Áñez había asegurado en su cuenta de Twitter que se trataba de un caso de "persecución política". "El MAS (Movimiento al Socialismo, partido gobernante) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", dijo entonces en redes sociales.

En búsqueda de apoyo internacional, en las últimas horas, según informó el diario La Razón de Bolivia, Áñez giró cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). La exmandataria, dice el matutino, espera que los organismos envíen misiones al país para intervenir por su situación. 

Una de las cartas están dirigidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quién aún no se ha pronunciado sobre la detención de Áñez. La otra misiva tiene como destinatario al embajador de la delegación europea en Bolivia, Michael Dóczy.

Los principales partidos opositores, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.

El ministro de Justicia, Iván Lima, por su parte, rechazó las acusaciones de "persecución política" y las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía. Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio por su condición de exgobernante --donde la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego se desarrolla el mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia--, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.

En tanto, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se de transparencia a todos los procedimientos legales.

Al frente de un golpe de Estado

Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Evo Morales en noviembre de 2019 en medio de fuertes protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario, el masista Luis Arce.

Según la imputación de la fiscalía, Áñez asumió la presidencia de "forma amañada" ya que cuando lo hizo aún era vicepresidenta segunda del Senado.

El nombre de Áñez figura en una denuncia que realizó en diciembre pasado la exdiputada del MAS Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales.

En la demanda figuran, además, cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.