En estos días se está debatiendo en el Senado la Ley de Ejecución Penal 24.660 que es la que regula la vida de las personas privadas de libertad, condenadas y procesadas, y donde se encuentran los derechos, garantías y fines que deben orientar la privación de libertad. Desde nuestro colectivo de mujeres sostenemos que esta propuesta de modificación parcial viola el principio de resocialización que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional, como así también los tratados internacionales a los que nuestro país ha subscripto, agravando las condiciones de detención a través del hacinamiento, lo que provoca más violencia, más enfermedades (que luego no son atendidas), y más muertes. Por otra parte, advertimos que esta reforma promueve el autogobierno por parte del Servicio Penitenciario en desmedro de los profesionales, que serían los más capacitados para acompañar un proceso resocializador.
Por otro lado, reducir la progresividad de la pena (las distintas etapas por las que debe atravesar una persona que cumple una condena en la cárcel, entre ellas la salida transitoria, la libertad asistida y la libertad condicional) quita el incentivo y la motivación por hacer las cosas bien. Entonces que la norma sea igual para todxs, que las personas que hacen las cosas bien obtengan como respuesta la misma negativa que una persona a la que no le importa hacer las cosas bien o mal o más o menos, supone que el comportamiento individual de las personas no cuenta; que estudies, trabajes, aprendas un oficio, o tengas buena conducta, no cuenta. Da lo mismo, hagas lo que hagas. No hay posibilidad de transformación, el encierro es un destino inexorable.
Desde nuestra experiencia en el trabajo dentro de las cárceles y afuera con mujeres que recuperan la libertad, podemos afirmar que la posibilidad de estudiar y trabajar en el encierro, así como en las salidas transitorias, permite ampliar el mapa de relaciones afectivas y de contención material, desde la cual proyectar otra vida posible que se desplace de la cárcel como opción. La progresividad de la pena, es decir, la posibilidad de tener salidas anticipadas, prepara a las personas para asumir responsablemente una situación de libertad.
El problema de la seguridad no se resuelve con más cárcel. El caso de Micaela entró a jugar un papel decisivo en la activación del tratamiento de la ley, y vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivo.
Experiencias de este tipo de reformas las vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumerg (2004), y con la conocida ley Petri en Mendoza (2012), y de las estadísticas que surgieron a partir de esas experiencias nos enteramos que con la sanción de estas leyes no solo creció la población carcelaria sino que aumentó considerablemente el delito.
Algo que nos parece importante tener en claro es que en el 90 por ciento de los casos de femicidio, los responsables de las muertes son varones del círculo familiar o íntimo de la víctima. No el delincuente común, el que habita, en su mayoría las cárceles de nuestro país.
Otra cosa importante de destacar es que 70 por ciento de los casos de las mujeres privadas de libertad, lo están por vender droga en pequeñas cantidades, tipo “kiosquito”, como forma de subsistencia. Y que el porcentaje de encarcelamiento femenino por delitos violentos, es ínfimo. Las mujeres que ingresan al sistema penal son víctimas de múltiples violencias que luego se acentúan al ingresar a la cárcel.
La cárcel no resuelve el problema de la seguridad y si el problema es la reincidencia, hay dos proyectos muy importantes que tienen que ver con las posibilidades laborales que tienen las personas cuando egresan de un penal: la modificación del artículo 64 de la ley de cooperativas que impide que las personas con antecedentes penales conformen el consejo de administración, y la ley de Cupo laboral para personas con antecedentes penales.
Lo que nos preguntamos es por qué en lugar de pensar en agravar la situación de las personas privadas de libertad, no se trabaja en generar políticas pos penitenciarias. Si hablamos de reincidencia, si hablamos de inclusión, deberíamos pensar qué le ofrecemos como posibilidad a las personas que recuperan la libertad, además de cargar durante diez años con el estigma de los antecedentes penales que lxs inhabilita para cualquier trabajo.
Lo que en definitiva queda a la vista, es la producción y reproducción de presos, de cárceles y de violencia. Un negocio que parece que aún tiene mucho para dar.
A partir de las múltiples experiencias por las que transitamos desde nuestro colectivo, se nos plantea hoy la necesidad de pensar la cárcel como una institución que no se cierra sobre sí misma, sino que es parte de un continuo con el afuera. La cárcel es parte de la sociedad, los conflictos, las nuevas violencias que vivimos actualmente, tienen su expresión en la cárcel. Si no podemos ver esto, si no podemos asumirla, y por el contrario lo ocultamos, lo negamos y pretendemos resolver un problema enterrando en vida a quienes cometen un delito, nunca vamos encontrar alternativas posibles para su mejor funcionamiento y para una vida social distinta. La cárcel es un problema complejo para el cual tenemos que darnos discusiones como sociedad que nos permitan abordar esa complejidad.
Una manera de hacernos cargo, no es cerrar cada vez más la cárcel, sino todo lo contario, hacer que el afuera entre a las cárceles y exigir que dentro de ellas se cumpla con la efectivización de los derechos que tienen quienes están privados de su libertad. Existen experiencias muy concretas que se pueden replicar, amplificar, como los espacios universitarios o aquellos que construimos las organizaciones sociales y que muestran resultados muy contundentes de emancipación y no reincidencia. Son muchas las personas que estudiaron o se formaron en un oficio, estando privadas de libertad, cosas que no tuvieron posibilidad de hacer antes de ingresar a la cárcel. Porque esto también es importante recordarlo, nuestras cárceles están colmadas y hacinadas de personas pobres, que no han tenido otras alternativas en su vida.
Lamentablemente a estos espacios -de formación y estudio dentro de las cárceles-, accede sólo 3 por ciento de la población penal. ¿No es ésta una posibilidad de pensar futuras soluciones? ¿Qué pasaría si el 50 por ciento, si el 70, pudiera acceder a estudiar, formarse, vincularse con propuestas que incentiven y promuevan la autoestima, el cooperativismo, la solidaridad? ¿No sería conveniente que el Estado se hiciera cargo de su responsabilidad, haciendo de las cárceles lugares con condiciones dignas de vida? ¿Acaso esto no contribuiría a una sociedad más segura? El punitivisimo no es ninguna solución, es pura demagogia oportunista. M
* La autora es integrante del Colectivo YoNoFui
