El presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, David Torres, informó que siguen en asamblea permanente contra las medidas judiciales que les prohíben ampliar sus viviendas o criar animales. Los integrantes de la Comunidad resolvieron solicitar el comanejo de Finca Las Costas, de propiedad del estado provincial, como en todas las reservas naturales o parques nacionales, y también acordaron pedir una mesa de diálogo con la provincia.
La Comunidad cuenta ahora con la representación legal de la abogada Mara Puntano. Torres dijo a Salta/12 que seguirán manifestándose esta semana. Además, se están organizando en asambleas comunitarias. En la Reserva Natural de Uso Múltiple de Finca Las Costas hay solo tres guardaparques y cuatro policías para 10 mil hectáreas.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio interviene en una causa iniciada en 2016 para investigar una supuesta usurpación en la Reserva de Finca Las Costas por parte de particulares e integrantes de la Comunidad originaria del Pueblo Lule. El Ministerio Público Fiscal informó que se presentaron más de 200 denuncias en torno al conflicto.
Por otro lado, la jueza María Guadalupe Villagrán interviene ante una supuesta contaminación de aguas. Torres explicó que el agua ya viene entubada desde más arriba y que no está cerca de las casas que habitan. Sostuvo que les acusan por una supuesta sobrepoblación y porque estarían ensuciando el agua por los pozos ciegos. Respecto a esto explicó que agua de más abajo está contaminada con efluentes cloacales que salen de los barrios privados vecinos La Almudena y El Tipal, "pero el agua entubada no toca eso".
La jueza dictó la prohibición de no innovar a la Comunidad. Torres considera que detrás de estas causas hay intereses contrarios al reconocimiento de los derechos comunitarios de su pueblo sobre las tierras. El Pueblo Lule junto a los pueblos Atacama, Iogys, Weenhayek y Tastil, vienen luchando por su reconocimiento oficial y su inclusión en la ley 7.121, que regula el funcionamiento y la composición del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
El senador Walter Cruz, del Pueblo Kolla, presentó un proyecto para la modificar la ley e incluir a los 5 pueblos, esa iniciativa ya tiene media sanción en el Senado. Torres señaló que en abril se estaría tratando la propuesta en Diputados. "Suceden estas cosas y nosotros lo vemos como una operación política mediática en contra de los pueblos que están sobre algunos recursos que son bastante importantes", afirmó. En la Comunidad Lule esos recursos serían el agua y la tierra; Torres afirmó que "en la zona alta el agua es más pura". Dijo además que este lugar tiene un paisaje cultural, todos elementos a los que también otorgan valor las inmobiliarias.
Por otro lado, también destacó que los pueblos Lule y Atacama están en territorios donde se pretende explotar el litio.
La Comunidad Lule denunció al administrador de Finca Las Costas, Enrique Clement, a quien acusan de haber "presionado a los miembros de la Comunidad y a vecinos criollos buscando que se firme un contrato de arriendo. Desde que la Comunidad consiguió el reconocimiento de la posesión es algo que ya no debería ocurrir si se respeta la ley. No deberían someternos a ningún acto administrativo o judicial. Somos un colectivo vulnerable", señaló Torres. Especificó que por la vigencia de la ley 26.160 debería activarse un protocolo por la situación de emergencia.
"La ley 26.160 prohíbe cualquier acto administrativo, medidas judiciales o fallos que tiendan a despojar los derechos de las comunidades o que tengan como fin el desalojo. En ese caso se está violando esa ley, entendemos que es de orden público y de efectivo cumplimiento en toda la República Argentina", recordó.
Asimismo, subrayó la importancia de que se interprete el espíritu del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. "Creemos también que se está atropellando a la gente, se la está obligando a notificarse, de manera que es compulsiva. El administrador de Finca Las Costas ha ingresado a domicilios con tranquera sin pedir permiso, saca fotos, las está difundiendo, ha hecho violación de domicilio en un montón de hogares de la Comunidad. En otros casos le ha hecho firmar notificaciones a hermanos con mentiras. Desde hace muchísimo tiempo que la gente viene denunciando los malos tratos, el mal accionar, esto se configuraría en un mal desempeño de sus funciones", explicó Torres.
Clement fue denunciado por haber presionado a la gente para que firme la notificación de la jueza de no innovar.
"Estamos organizando actividades de visibilización, también estamos denunciando el incumplimiento de la ley de emergencia de comunidades indígenas que es la 26.160. No se cumple la consulta previa e informada cuando se desarrollan actividades que afectan a las comunidades", manifestó Torres.
"Me parece muy malo porque hay familias (lule) pidiendo servicios básicos, y no se los dan si no firman el contrato de arriendo", sostuvo. Ese contrato implicaría que dejan de reclamar la propiedad comunitaria y acepten un acuerdo que podría ser disuelto "intempestivamente" por la provincia. "Es un contrato leonino en que uno pone las condiciones y el otro acata, es una imposición", detalló Torres.
