El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) acordó con la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reformular los objetivos de un convenio firmado en 2018 que preveía la realización de relevamientos territoriales de la propiedad comunitaria indígena hasta el 31 de diciembre de 2019. El compromiso, a cumplir a través del Equipo Técnico Operativo (ETO), involucraba el relevamiento catastral de la ocupación ancestral de 214 comunidades indígenas ubicadas en Salta. Pero, según surge del convenio, 103 de esos procesos no llegaron a culminarse.

El convenio firmado indica que se deben articular acciones desde el INAI y el ETO para el cierre de los trabajos que darán lugar a las carpetas del relevamiento territorial. Ese instrumento es usado por las comunidades para mostrarlo como un reconocimiento por parte del Estado argentino del uso ancestral de las tierras, ante las constantes amenazas de desalojos que provienen de parte de titulares registrales, y en algunos casos, también de funcionarios judiciales.

Al momento de la firma del convenio se indicó que es “indispensable reformular los objetivos acordados en el convenio original, estableciendo que los mismos se centrarán en actividades tendientes a culminar los trabajos pendientes”.

Según se indica, ante la imposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) quedó una deuda de un poco más de 5 millones de los 18.570.517 pesos que el INAI volcó por convenio desde 2018 para seguir adelante con el relevamiento. Esto porque durante mientras duró el ASPO se veía imposible iniciar o realizar nuevos trabajos. Por eso quedó pendiente el desembolso de la tercera cuota de 5.106.892 pesos.

Del convenio (cuya firma no tiene fecha específica, aunque sí queda claro que fue suscripto durante 2020), surge que el ETO tenía hasta el 31 de mayo de 2021 para culminar el relevamiento. Ello siempre que las condiciones impuestas por la pandemia y las restricciones por la emergencia sanitaria permitan realizar la labor. “En caso de que el ASPO no permita el efectivo comienzo de las tareas el plazo de nueve meses comenzará a regir cuando se disponga el cese de las restricciones en la provincia”, indica el convenio.

El acuerdo permite conformar un equipo de 13 integrantes a cargo del ETO designados por el Ministerio de Desarrollo Social, aunque el nombramiento del coordinador general queda en manos del INAI.

El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades de la provincia, Ariel Sánchez, explicó que por lo que se asentó en el convenio, se determinó que las carpetas que quedan pendientes de culminar se “trabajen en gabinete”, y solo en caso de existir observaciones se debe hacer en territorio, o sea se irá a las comunidades. 

“Pasa que algunas de las carpetas deberán actualizarse ante la dinámica de las comunidades”, indicó el funcionario al referirse al movimiento que tienen algunos grupos de pueblos originarios. En cuanto a la culminación de los trabajos, indicó que como el conteo de 9 meses se hizo desde diciembre, tras la flexibilización de las restricciones, el plazo para presentar la culminación de los relevamientos será entre agosto y septiembre.