La denuncia de los abogados cordobeses contra Elisa Carrió, quien acusó penalmente al Gobierno por “envenenamiento", pareciera tener por ahora las puertas cerradas a pesar de su gravedad.

El escrito presentado por los abogados de la Agrupación “Julio Maier”, Horacio Viqueira, Aukha Barbero, Miguel Romero; Valentina Enet y Enrique Fernández Quintana fue a parar al juzgado Federal de Turno N° 1 de Ricardo Bustos Fierro, de 86 años (conocido aquí como el Fayt cordobés).

Este juez deberá decidir esta semana si convalida o no el pedido del fiscal Maximiliano Hairabedián, quien solicitó “la incompetencia territorial, ya que de haberse cometido delito, ocurrió en jurisdicción de la Capital Federal”. En diálogo con Página 12, Hairabedián afirmó que “si bien la denuncia puede hacerse desde cualquier provincia del país, el juzgado que la tome tiene que residir en el sitio donde ocurrió lo que se cuestiona”.

Si el juzgado de Bustos Fierro se atiene lo solicitado por el fiscal, la causa irá a parar a Comodoro Py, donde “es probable que pase al despacho del juez (Sebastián) Casanello, que ya tiene antecedentes con este tema”, estimó el funcionario.

Y ése no parece ser el mejor pronóstico para que la denuncia de Viqueira y los demás abogados del Frente de Todos prospere. Casanello ya archivó una la presentación que en su momento hizo Guillermo Marijuán. El fiscal de las topadoras patagónicas pidió en febrero que “se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento” por la adquisición a Rusia de la vacuna Sputnik V”. El juez admitió el planteo y lo archivó.

“Lo que se hizo (por Marijuán) fue demostrar cuando le delegaron el tema, que no hay delito de “envenenamiento”, ni de defraudación a la administración pública ni de abuso de autoridad”. En cambio, lo que nosotros cuestionamos son los dichos y las consecuencias de esas acusaciones en sí mismas. No se puede salir a decir cualquier cosa y que nada pase. Acusó al presidente de la Nación, a todo un gobierno, de querer envenenar a la gente con una vacuna y en plena Pandemia. Eso es lo que ya no se puede dejar pasar. Nos preocupa el hecho de que una ex diputada nacional y con su altísima exposición acuse falsamente a un gobierno afectando una campaña de Salud Pública, y cause el miedo y la zozobra contra el único remedio que puede haber contra el covid 19”, dijo Horacio Viqueira a este diario.

En el escrito presentado en la Justicia Federal de Córdoba, resaltó que “la denuncia no ha sido ni la primera ni la única acción direccionada a generar la inseguridad y la falta de confianza en las políticas sanitarias, pero sí tal vez la que mayor trascendencia mediática ha logrado, ya que los denunciados fueron el Presidente de la Nación y su entonces Ministro de Salud (Ginés González García) entre otros”.

Toda una experta

Elisa Carrió y su pulsión pro-Tánatos ya había quedado registrada en Córdoba cuando, con la lengua pastosa y junto a Mario Negri en un mitin de campaña en Cruz del Eje, agradeció la muerte del tres veces gobernador de Córdoba: “Gracias a Dios murió (José Manuel) De la Sota, porque ahí sabrían lo que es una denunciadora. Lo que debemos plantearnos es quién maneja la droga a partir de ahora en Córdoba”, lanzó, acusándolo sin pruebas y post mortem de narcotraficante.

Además de Carrió, en la actual denuncia están querellados los legisladores de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Stilman y Mónica Frade. La agrupación cordobesa de abogados afirmó en una proclama estar “convencidos de que las conductas denunciadas encuadran en los delitos de “asociación ilícita”, “propagación de enfermedades peligrosas” e “intimidación pública”; y señalaron que Carrió y sus acólitos incurrieron en estos delitos “sin fundamentación científica que los avale. El propósito de la denuncia fue manipular a la población y a la opinión pública para sembrar el pánico y la desconfianza del sistema sanitario y la calidad científica de la vacuna Sputnik V, para que decidan “no vacunarse”, poniendo así en riesgo a la salud Pública.”

Consultado sobre las posibilidades de que la actual denuncia contra Carrió prospere, el fiscal fue pesimista: “Lo veo difícil. La tendencia (en los Tribunales) últimamente es la de considerar como prioritaria la libertad de expresión… Me pasó a mí con lo de Presto (Eduardo Prestofelippo, el joven de derecha que se auto percibe como periodista) que llamó a salir a aniquilar zurdos (y amenazó de muerte a la vicepresidenta de la Nación). Y eso de un influencer, como le llaman ahora, en un país con la historia del nuestro es grave”, lamentó Hairabedián, quien se desempeñó como fiscal en varios de los juicios por delitos de lesa Humanidad en Córdoba desde 2008. Su propio padre, el penalista y ex juez Carlos Hairabedián, es uno de los sobrevivientes del la última dictadura.

El caso “Presto” al que alude recayó en el juzgado Federal 2 de Alejandro Sánchez Freytes en su estrado desde 1995, y uno de los seis jueces que presentaron sus papeles para jubilarse y están emplazados por Ansés para que se retiren pero siguen en su cargo, como ocurre con el presidente de la Cámara Federal Ignacio Vélez Funes, el camarista Luis Rueda; y los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano, y el villamariense Roque Ramón Rebak.

Viqueira recordó ante este diario que “durante el macrismo por muchísimo menos, se procesó y encarceló a jóvenes que tuvieron expresiones por internet. Parece que los parámetros difieren para la Justicia de un gobierno a otro, y eso no debería suceder. Menos cuando se trata de alguien que como Carrió tiene un alto protagonismo en la vida política del país".