La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue trasladada este lunes a la cárcel de Obrajes, donde debe cumplir cuatro meses de prisión preventiva por liderar la conspiración que derivó en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. La misma pena fue aplicada a los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes permanecerán en el penal de San Pedro en La Paz. Los tres están acusados de los delitos de "sedición, terrorismo y conspiración".
El domingo Áñez escuchó el fallo judicial vía teleconferencia desde una dependencia policial y se victimizó desde su cuenta de Twitter: "Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un 'golpe' que nunca ocurrió". La Organización de Estados Americanos (OEA), que posibilitó el derrocamiento de Morales con sus endebles denuncias de fraude en los comicios de 2019, manifestó su preocupación frente al "abuso de mecanismos judiciales". En tanto, el ministerio de Justicia de Bolivia presentó este lunes ante la Fiscalía cuatro procesos de juicio de responsabilidades contra Áñez y sus exministros.
La decisión de la jueza Regina Santa Cruz contra Áñez, que obtuvo menos del 15 por ciento de los votos en las recientes elecciones regionales para las que se presentó en el departamento amazónico de Beni, llegó solo días después de que fuera detenida por la policía en la ciudad de Trinidad, que la encontró escondida en un baúl de su casa familiar. Las acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración contra la abogada de 53 años y sus exministros fue realizada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty.
Patty también denunció al líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, que fue el protagonista del golpe cuando ingresó al Palacio del Quemado con una Biblia en sus manos en noviembre de 2019. A diferencia de Áñez, Camacho consiguió una victoria en los comicios subnacionales y se coronó gobernador de Santa Cruz con el 55 por ciento de los votos.
Desde la cárcel, la expresidenta de facto solicitó que su causa sea desarrollada ante un juicio de responsabilidades o de privilegio, que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso. Sin embargo, el ministro de Justicia Iván Lima aseguró que a la expresentadora televisiva le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de asumir la presidencia interina a partir del golpe de Estado.
Lima fue aún más lejos al afirmar que no se buscarán sólo cuatro meses de detención, sino 30 años de cárcel. El ministro de Justicia anunció que este lunes se presentaron ante la Fiscalía General cuatro denuncias por juicios de responsabilidades contra la exmandataria. Los casos incluyen el préstamo de 346,7 millones de dólares solicitado al FMI en 2020, la prórroga ilegal de la concesión del registro de sociedades comerciales de Fundaempresa, la vulneración a los derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia.
El argumento de la oposición de derecha para impulsar el golpe de Estado de 2019 fue que Morales, en el poder desde 2006, cometió fraude en las elecciones presidenciales para gobernar de manera ininterrumpida hasta 2025. La OEA, al mando de Luis Almagro, fue el actor central para deslegitimar la elección con un informe preliminar, que meses después fue desestimado por varios centros de investigación e instituciones internacionales que demostraron sus inconsistencias.
Precisamente la OEA mostró este lunes su "preocupación" ante el "abuso de mecanismos judiciales", que "nuevamente" se han convertido "en instrumentos represivos del partido de gobierno" de Bolivia. Así, la OEA propuso conformar en el marco del sistema de la ONU o de la propia OEA una "comisión internacional" para la investigación de casos de corrupción desde el último período del gobierno de Morales hasta la actualidad, "incluyendo obviamente" el gobierno de facto de Áñez.
