El Ministerio Público Fiscal inauguró esta mañana la etapa de alegatos en el juicio por los crímenes que una patota de la Triple A perpetró en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en las postrimerías de la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Antes de comenzar a desarrollar la conclusión del Estado, que se prevé se extienda durante tres jornadas y culmine con pedidos de condenas para los cuatro acusados, el fiscal Pablo Fermento pidió disculpas a sobrevivientes y familiares de víctimas de los secuestros y asesinatos del grupo de choque bajo juicio por la demora del proceso. “Se perdió mucha prueba en el camino, pero sobre todo muchas víctimas quedaron sin Justicia”, sostuvo. En el transcurso del debate fallecieron cinco testigos.
El debate comenzó en marzo de 2020 y sentó en el banquillo de los acusados a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, cuatro integrantes de la organización criminal que, en Bahía Blanca, respondió al entonces diputado nacional Rodolfo Ponce y al ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu. Los cuatro están acusados de violar los derechos humanos de 24 personas, en su mayoría referentes gremiales, políticos y estudiantiles de la ciudad. Aceituno, además, debe responder por el asesinato del estudiante y militante David Hover “Watu” Cilleruelo.
Tras haber permanecido suspendido durante casi cuatro meses debido a la cuarentena que implementó el Ejecutivo Nacional para evitar la propagación del coronavirus el año pasado, el juicio por estos crímenes fue el primero en retomar las audiencias con una dinámica semipresencial, en julio pasado.
Los hechos en juicio
En su elevación a juicio, la Fiscalía ya planteaba que la Triple A bahiense había nacido para “eliminar, a través de la violencia, toda expresión de activismo político en oposición al gobierno nacional y a sus referentes locales, especialmente en los ámbitos estudiantiles y gremiales”. Siete meses después, la generalidad de más de 90 testimonios, entre testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas, la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento, confirmó aquella premisa.
Los testimonios permitieron escenificar a aquella organización criminal que los acusados integraban, “a la que aludieron como la Triple A o la patota del diputado nacional Rodolfo Ponce y, en el ámbito universitario, del rector interventor Remus Tetus”, según desplegó el Ministerio Público Fiscal, patrullando “las calles de la ciudad en la fiambrera -un Fiat 125 azul-” y los edificios universitarios, intimidando, agrediendo, asesinando.
Una de sus tantas muertes llegó a juicio: El 3 de abril de 1975, “Watu” fue asesinado de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, mientras se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que él mismo presidía.
Según apuntó el Ministerio Público Fiscal, varios testimonios “refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil”. Diversos testigos señalaron que Jorge “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y Aceituno.
Un juicio que quita miedos
“A pesar del casi medio siglo que transcurrió desde los hechos, el miedo sigue vigente, se actualiza” en la ciudad de Bahía Blanca, señaló Fermento antes de comenzar a contextualizar social, política y económicamente el accionar de la Triple A y sus crímenes. En ese sentido, el fiscal apuntó que “esa parte de la historia de la ciudad es una parte velada. Se habló y se habla muy poco sobre lo que ocurrió entonces y los años siguientes”, puntualizó.
Fermento destacó, así, la instancia de juicio oral que está empezando a culminar como “una de las primeras en las que muchos de los que vivieron el accionar de la patota en carne propia pudieron contarlo a viva voz, aportar su verdad para conseguir Justicia”, sostuvo en el inicio de su alegato. Y también como la posibilidad de “abrir caminos”: “El juicio va a ayudar a abrir camino en la recuperación del sentido histórico de lo que ocurrió, y al proceso de memoria, verdad y justicia”, concluyó.
Se espera que la Fiscalía desarrolle su alegato en tres jornadas, por lo que los pedidos de condena para todos los acusados recién se sabrán el miércoles.
