Escena 1 

Luego de la salvaje represión a la comunidad mapuche de Cushamen, la Pu Lof en Resistencia del lonko Facundo Jones Huala, y de una cinematográfica persecución el 10 de enero de 2017, Ivana Huenelaf quedó detenida en la comisaría de El Maitén. Estaba herida y asustada, sus compañeros preguntaron por ella pero ni las autoridades policiales ni el fiscal Carlos Díaz Mayer les dijo que estaba allí. "Nos amenazaron con hacernos desaparecer, de hecho estuvimos desaparecidas varias horas", diría luego la mujer mapuche. El abogado Carlos "Chuzo" González Quintana escuchó su voz y su ruego desde la celda ubicada en el sótano y no paró hasta obtener su libertad. 

Díaz Mayer --representante del Ministerio Público Fiscal y actual investigador de las causas judiciales por los incendios en la Comarca Andina y del ataque al vehículo presidencial en Lago Puelo--, había participado del operativo que incluyo balazos de plomo, heridos graves y torturas. 

Ella y un grupo de la red de Apoyo a Comunidades Originarias en Conflicto habían acudido al pedido de apoyo de la Lof, y terminaron siendo perseguidos por policías y gendarmes a los tiros por la Ruta 40. "En la comisaría de El Maitén se hizo presente el fiscal general Carlos Díaz Mayer, lo teníamos a dos metros, pared de por medio, le gritamos para que viniera a explicarnos qué pasaba, pero nunca se acercó”, dijo Huenelaf en una entrevista.

De ese episodio, a las y los detenides les quedó una causa por abigeato, daño y portación de arma de guerra, luego de que les plantaran una bomba molotov, en la que resultaron finalmente absueltos. En el juicio por aquellos hechos el abogado Edgardo Manosalva, defensor de algunos de los torturados, denunció que “quedó clara la situación de autogobierno de esta fuerza policial, a pesar de la presencia de un fiscal de la Nación en el lugar de los hechos". Durante las audiencias "logramos que Díaz Mayer confesara que desde el inicio de las torturas y encapuchamiento de seis de los detenidos él estuvo presente en la comisaría de El Maitén, hasta que se inició el desquiciado viaje de más torturas y vejámenes hacia Esquel, por el camino del Parque Nacional Los Alerces, para hacer más intensivo el daño”.


Escena 2

"Ya se le dio copia al Juzgado Federal de Esquel del resultado del análisis que se obtuvo hace unos días. Es una de las posibilidades, es una de las líneas investigativas", expresó el 31 de agosto de 2017 el fiscal Díaz Mayer a medios nacionales y provinciales al confirmar que se habían encontrado dos perfiles genéticos en las muestras tomadas en un puesto de una de las estancias de Benetton atacado el 21 de julio de ese año, y que se investigaba si alguno pertenecía a Santiago Maldonado, el joven desaparecido desde el 1 de agosto. De esa manera dio respaldo a la versión que difundía el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mientras Maldonado aún estaba siendo buscado con desesperación por su familia. 

"Cada vez que tuvimos que ingresar a ese territorio lo hicimos, nunca fuimos cuestionados porque el lugar fuera sagrado, es algo nuevo, desde 2015 cuando los mapuches se instalaron en ese predio que tomaron en la zona de Leleque que es de la estancia de Benetton, hemos tenido bastantes hechos que se dieron como motivo de esta intrusión", declaraba Díaz Mayer para desautorizar la excusa que puso Guido Otranto para justificar su deficitaria búsqueda de Maldonado. Los mapuche nunca invocaron tal cosa para impedir rastrillaje alguno, pero sí impidieron el paso intempestivo sin aviso ni orden judicial alguna de los miembros de las fuerzas que los vienen reprimiendo desde que iniciaron la recuperación territorial de unas pocas hectáreas de la Compañía de Tierras del Sud, propiedad del magnate de los United Colors. El fiscal general de Esquel tampoco se privó de alimentar las noticias que aumentaron el presunto poderío de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "Desde marzo de 2015, cuando el grupo RAM ingresó al predio tomado, se han sucedido una serie de hechos violentos en la zona, de diferentes incendios a puestos de estancia, y muchas denuncias de robos de animales", decía por aquellos días en los medios nacionales. 


Escena 3

El sol rajaba la tierra ese febrero de 2018 y mientras Página/12 se dirigía al juicio del grupo de Ivana Huenelaf en Esquel supo que habían vuelto a reprimir en la Pu Lof de Cushamen. Otra vez la denuncia de Benetton por el presunto robo de un toro y 41 ovejas, a la que el fiscal Díaz Mayer dio rápido curso. En la casilla donde Santiago Maldonado había pasado su última noche sólo había una mujer, Andrea Millañanco, y tres hombres. "Nos tuvieron horas en el piso con las manos atadas con estos precintos", dijo Millañanco mostrando los pedazos de plástico negro que habian quedado sobre la tierra seca. Y por supuesto no encontraron un sólo animal. Habían entrado unos 200 efectivos de la Policía de Chubut, a quienes se sumó personal del Grupo GEOP, con al menos una decena de móviles y algunas camionetas Renault Duster sin patente que invadieron (nuevamente) la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. 

Escena 4 

Poco antes del mediodía del jueves 21 de septiembre de 2018 el fiscal Díaz Mayer llegó a la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río con dos peritos y un policía de la provincia de Chubut.  Moira Millán, weichafe (guerrera) de la comunidad, los detuvo. La decisión de la comunidad era no dejar pasar a policías armados. El fiscal quería peritar los restos de la casa de Marcelo Calfupan, incendiada el día anterior, e insistía en pasar con su custodio. Acordaron que entrara Díaz Mayer y dos policías, pero antes de que los hombres comenzaran a caminar sobre el territorio, Millán se plantó frente a los uniformados y los requisó para chequear que no entraran con armas de fuego. "Fue la primera vez que se respetó la voluntad de una comunidad: no van a pasar con armas. Es algo histórico, abre la posibilidad de pensar un nuevo protocolo de seguridad entre el Estado y los pueblos originarios. Y pudimos palpar al custodio, significa la autonomía y el ejercicio del derecho indígena, en territorio indígena, que debería ser usado para todo tipo de intromisión y presencia del Estado a través de sus fuerzas de seguridad en los conflictos. Tendrían que parlamentar siempre y acordar el modo de entrar a nuestros territorios", explicó Millán en un artículo de Revista Anfibia. 

En Ivana Huenelaf, su lamien (hermana) pensó Moira Millán al momento de requisar al custodio del fiscal. "Ivana fue humillada, manoseada y torturada por los mismos efectivos policiales que fueron ese día, y todo eso sucedió ante la mirada indiferente del fiscal Mayer. Estaba al tanto, permitió las torturas y los abusos, e incluso negó ante la prensa y los familiares que iban a buscar a Ivana que ella estaba detenida en la comisaría. Ese nivel de impunidad y el accionar repudiable de golpearla y manosearla vino a mi mente en el momento en que los vi", dijo en esa nota. "Las mujeres mapuches narramos nuestra discriminación, humillación hacia nuestro cuerpo, territorio, la opresión y el desprecio. Esta vez me toca narrar un episodio en el que recibe mi lamien en devolución la dignidad de ponerles un freno. Hasta aquí hicieron lo que quisieron, pero ya no más".

El momento en el que Millán cacheó al custodio fue registrado. Millán recibió amenazas: ella cree que temían que las fotos fueran publicadas. Le dijeron que la iban a matar, que iba a terminar “como Santiago”.