El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Catamarca, Marcelo Sago, resolvió ayer martes pedir el desafuero de la diputada del PRO Natalia Saseta, quien había sido denunciada por un empleado de su bloque por el supuesto delito de extorsión y amenazas. La legisladora tiene tres días hábiles para apelar la decisión.

La denuncia contra Saseta fue presentada el 12 de noviembre pasado en la Fiscalía General, por Gustavo Acosta, militante del PRO, quien había ingresado en diciembre de 2019 a trabajar en la Cámara de Diputados de la provincia como empleado del bloque y parte del equipo de la legisladora.

Según se conoció en aquel momento, en la denuncia Acosta relató que empezó a percibir su salario en marzo de 2020 y desde ese momento y hasta junio del mismo año, la legisladora le habría exigido de forma recurrente y constante que todos los meses debía entregarle un monto fijo justificando el pedido en gastos o aportes partidarios. Los montos que le habría solicitado eran de entre $10.000 y él por mes cobraba $31.000.

Tras trascender públicamente la denuncia en aquel momento, Saseta explicó que la víctima de extorsión había sido ella misma por parte del abogado de Acosta, quien le habría solicitado 200 mil pesos para no presentar la denuncia en su contra. Además, argumentó que su ex empleado tenía intenciones de liderar la Juventud del PRO, que ella preside, por lo que se trataría de una maniobra meramente política y sin sustento. 

Decisión

La investigación quedó a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, quien elaboró la requisitoria fiscal y solicitó al juez de Garantías en febrero la investigación jurisdiccional de la causa. El magistrado, luego de realizar una investigación sumaria propia en la que sumó pruebas, documentales, informativas y periciales, resolvió que hay mérito para el juzgamiento y por lo tanto solicitó el desafuero de Saseta.

Las actuaciones se realizaron en el marco del artículo 20 del Código Procesal Penal de Catamarca que señala: “Si se formulare requisitoria fiscal contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución, el Juez de control de garantías o la cámara de juicio competente, respectivamente, practicarán una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado. Cuando existiere mérito para el juzgamiento, se solicitará el desafuero, antejuicio o destitución, ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. La investigación sumaria no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad”.

El abogado del denunciante, Juan Cruz Almendrez, confirmó a Catamarca/12 la resolución del juez y dijo que fueron tres las resoluciones judiciales. “El juez rechazó un planteo de caducidad de la investigación jurisdiccional que había realizado Saseta y también un planteo de nulidad realizado por ella, ante lo actuado por el fiscal”, contó.

En cuanto el pedido de desafuero, explicó que “Está fundado en la investigación sumaria del juez de Control de Garantías,  según lo estipula le ley de forma. Interviene en lo que nosotros técnicamente llamamos investigación jurisdiccional que es una investigación sumaria que trata de remover el obstáculo constitucional, que en este caso es el fuero de la legisladora”.

Las principales pruebas en la causa serían los movimientos de cuentas remitidos por el Banco Nación, que acreditan las trasferencias bancarias realizadas desde la cuenta del denunciante a la de la legisladora. Además, se realizaron pericias de mensajes de Whatsapp, en los que constarían los pedidos de estos montos y las supuestas amenazas.

Desde la notificación, ayer en horas del mediodía, Saseta cuenta con tres días hábiles para recurrir esta decisión y de esta manera evitar que el pedido de desafuero quede firme y sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Cámara de Diputados de la provincia.

Sin plazos

Augusto Barros, diputado por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que no existen antecedentes de desafueros otorgados por la Cámara Baja.

El legislador explicó que los pasos luego de un pedido de esta naturaleza son simples, aunque el principal peligro es que “no se mezclen las cuestiones jurídicas y las partidarias”.

“En términos generales, luego de que el expediente llega a la Comisión y se debate entre los miembros, se emiten uno o dos despachos o hasta uno de minoría y eso se gira luego al cuerpo de diputados que los tratan en sesión. Para que se apruebe un desafuero se debe contar con las dos terceras partes del cuerpo y así obtener la mayoría calificada”, explicó.

Desde que ingresa el pedido a la Cámara de Diputados no hay plazos para su tratamiento.