El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta tiene previsto reunirse hoy para tratar el tema de los funcionarios que fueron vacunados contra la covid-19 sin cumplir con los requisitos que se imponen a la población. Anoche se conoció que por orden del gobernador Gustavo Sáenz, y pese a la reticencia de su ministro de Gobierno, Ricardo Villada, de hacerlo, tras la reunión del COE se darán a conocer los nombres de esos funcionarios que se inocularon.
La publicidad de los nombres de funcionarios del gobierno provincial que accedieron a la vacuna a través de FM Noticias, obligó ayer a la mañana al gobierno provincial a dar una respuesta. En la conferencia de prensa los puntos principales de la respuesta fueron que: ni el gobernador, ni sus ministros o secretarios de Estado (a excepción de los de la cartera sanitaria) recibieron la vacuna. Todos adujeron desconocer sobre el particular. Y a partir de ahora será el COE el que decidirá quién podrá vacunarse contra el coronavirus por ser personal “estratégico”. El listado de quienes accedan a la inoculación por esta vía será público, dado que para acceder a esta posibilidad se deberá firmar el consentimiento para dar la información.
Las novedades estuvieron a cargo del ministro Villada, quien en la teleconferencia se encargó de resaltar en más de una ocasión que el gobernador había decidido no vacunarse por entender que la inoculación debe llegar antes a las personas que se encuentran en mayor riesgo. Con la misma intensidad, explicó que no podía dar los nombres de los 10 funcionarios que recibieron la vacunación. Anoche mismo las afirmaciones de Villada fueron desautorizadas por Sáenz, quien ordenó dar a conocer ese listado.
Fuentes del gobierno provincial indicaron que este será el tema a tratar en una reunión del COE, y se prevé que sea entonces que se dé a conocer el listado. Se pudo conocer que el fiscal federal N° 1, Ricardo Toranzos, a cargo de una investigación sobre el particular, sigue esperando esta lista de inoculados.
Sin consentimiento firmado
En su intento de explicar las razones por las cuales no exponía los nombres, Villlada afirmó en la teleconferencia que “existe confidencialidad de esa información”. Enmarcó el argumento jurídico en la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que en su artículo 5º indica que estos son datos limitados “y solo se pueden” dar a publicidad “con consentimiento previo”.
Al explicar las nuevas actuaciones del COE, Villada indicó que la inoculación a los 10 funcionarios (entre los que se encuentra uno de primera línea, aunque no detente en lo formal el cargo de ministro) se hizo en enero último, cuando regía una resolución nacional que definía a quienes se consideraba personal estratégico. Recién tras las irregularidades en la vacunación que provocaron la renuncia del ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se dictó la resolución nacional 712, que establece parámetros más claros sobre quienes son considerados personal estratégico, o esencial. Para sumar “transparencia”, se estableció que el COE será a partir de ahora el responsable de determinar quienes pueden recibir la vacuna.
Aún sin dar publicidad a los nombres de los funcionarios que recibieron la vacuna sin cumplir los requisitos, Villada afirmó que “el ministro (de Salud, Juan José) Esteban, le informó al gobernador que dichas vacunas se realizaron de manera voluntaria en centros públicos sin intento de ocultar la información”.
Acceso a la Información Pública
El abogado Gonzalo Guzmán dio a conocer en su portal digital Salta Transparente, que la Agencia de Acceso a la Información Pública (organismo nacional) hizo una interpretación de la colisión de intereses entre el Acceso a la Información, y los Datos Personales, cuando se trata de vacunas contra la covid, y que llegó a la conclusión que se debe dar publicidad a los nombres de los funcionarios.
En el apartado que refiere a la situación de funcionarios y empleados públicos, el documento de la Agencia dispone que “si bien la Ley 27.275 establece en su artículo 8 inciso (i) que los sujetos obligados pueden exceptuarse de proveer información cuando ‘contenga datos personales’, el Decreto 206/2017, reglamentario de la Ley 27.275, esclarece el alcance de dicha excepción al establecer que ‘[l]a excepción [de datos personales] será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos’”. Agrega el análisis que “los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información.”
Se añade que mediante la resolución 48/2018, la Agencia estableció algunos criterios generales para determinar cuándo una información es de interés público. Es así que se indica que “serán considerados de interés público aquellos datos que estén relacionados con ‘la transparencia en la gestión pública’; ‘asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las instituciones’, ‘hechos que refieran a la administración de fondos públicos, a la malversación de fondos (o enriquecimiento ilícito) o al incumplimiento en el ejercicio de funciones públicas’; y toda otra cuestión ‘atinente a personas que actúan en un ámbito público, como funcionarios públicos o políticos’".
Es ante este argumento que la Agencia en cuestión interpretó que la información relativa a si un funcionario o empleado público ha recibido una vacuna contra la covid-19, “debe ser, entonces, considerada pública”. Y enmarcó su afirmación en que tal como lo establece el decreto 206/2017, la resolución 48/2018 y la jurisprudencia internacional, los funcionarios públicos cuentan con una menor expectativa de privacidad que el resto de las personas. Y dado que la compra de las vacunas fue realizada con fondos públicos, la ciudadanía debe poder controlar a quien el Estado argentino considera "personal estratégico".
Por otra parte, destacó que el acceso a la vacunación no es por una cuestión de salud de los funcionarios, sino que lo es como personal estratégico, por lo que no le caben las previsiones vinculadas a la protección de datos sensibles.
