Roberto “Pocho” Pellegrini reconoció ante el Juzgado Federal de Rosario número 4 que violó las flexibles condiciones de la prisión domiciliaria que debía cumplir desde 2019, cuando quedó detenido por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros y obreras de la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe, en 1975. 

“Necesitaba despejarme” intentó excusarse el ex jefe de Personal de la fábrica durante la década del 70 en una audiencia que convocó el juez Marcelo Bailaque luego de que la Asociación Permanente por los Derechos Humanos local denunciara la violación del beneficio. “Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas se tienen que cruzar con esta persona por la calle, no es justo”, apuntó el abogado miembro del organismo de derechos humanos, Federico Pagliaro. Es que Pellegrini aún vive en Villa Constitución. La APDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía solicitaron que sea enviado a una cárcel común. 

Pellegrini fue detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria a mediados de 2019,  en el marco de la causa judicial que investiga la represión ilegal a obreros y obreras de Acindar en 1975. El ex jefe de Personal fue indagado por haber entregado información a las patotas de las fuerzas de seguridad y la Triple A de los y las trabajadoras que por ellas fueron secuestrados, torturados y, en algunos casos, asesinados.

Por su edad --más de 70 años-- el juez Bailaque le había concedido el beneficio de cumplir prisión preventiva en su casa, hasta tanto llegara el momento del juicio oral. También le concedió salidas diarias, bajo dos condiciones: que el recorrido no superara el radio de cinco cuadras a la redonda, y que lo hiciera acompañado de un adulto. A Pellegrini no se le colocó tobillera para controlar las condiciones en las que debía cumplir el encierro.

Un paseo para despejar

El 9 de marzo pasado, Pellegrini violó el beneficio de la prisión domiciliaria. Fue fotografiado caminando solo y a más de cinco cuadras de su casa, algo que no está habilitado de hacer. “Hablamos de Roberto Pellegrini, procesado y pronto a ser sometido a juicio por 32 casos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, 8 casos de homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita. Son los delitos más aberrantes de nuestra historia reciente que constituyeron el genocidio perpetrado durante el Terrorismo de Estado”, denunció el hecho la APDH, querellante en la causa, al día siguiente.

El martes 16, el juez citó a ambas partes a una audiencia en la que pidió explicaciones a Pellegrini, de 86 años, quien comprendió la solicitud, el carácter violatorio de su accionar y se dispuso a justificarlo. “En ese momento cometí el error de salir solo a caminar un rato para despejarme. Si vale agregar, no converso con nadie”.

La APDH solicitó que sea trasladado a una cárcel común “acorde a la gravedad de los delitos cometidos, conforme su buen estado general de salud, el incumplimiento de lo ordenado y a las obligaciones internacionales que nuestro país ha asumido para erradicar la impunidad”, resumieron desde la entidad en un comunicado que compartieron luego. La Fiscalía, a cargo de Adolfo Villate, y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompañaron el pedido.

La pata civil de los crímenes de Estado

Pellegrini es el único civil que queda vivo de las decenas de procesados que acumula la causa que investigó la represión ilegal sobre obreros y obreras de las plantas metalúrgicas de Villa Constitución en 1975, una lista integrada por ex miembros de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Guardia Rural Los Pumas y la Policía de Santa Fe. El otro civil acusado era el jefe de relaciones Industriales de Acindar Pedro Aznares, pero falleció el mes pasado.

Ambos ocupaban cargos jerárquicos en la planta de Acindar en Villa Constitución, una ciudad de 50 mil habitantes ubicada al sur de la provincia de Santa fe, cuando en 1974 la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica fue derrotada por la Lista Marrón --de tendencia de izquierda peronista-- en todas las fábricas metalúrgicas de la ciudad. Es lo que se conoció como el “Villazo”. Y siguieron en ese puesto durante 1975, cuando la ciudad entera fue “copada por la Tripe A como respuesta a aquella gran gesta obrera”, reseñó Pagliaro, abogado de APDH y representante de la querella de sobrevivientes y familiares de víctimas de aquella represión ilegal.

Como jefe de Personal, “Pocho” Pellegrini conocía, porque los había confeccionado en su mayoría, los legajos de los obreros. “Muchos obreros sobrevivientes testimoniaron que las patotas que los fueron a buscar contaban con sus legajos completados por el propio Pellegrini”, indicó Pagliaro. Es el caso de Miguel Angel Simonovich, maquinista en Acindar y delegado por la Lista Marrón, que contó ante la Fiscalía que “fue secuestrado de su casa el 20 de marzo de 1975” y que “la dirección de su vivienda sólo la conocía Acindar porque el servicio médico le había hecho realizar un croquis ordenado por el Jefe de Personal ​Pellegrini y el Jefe de Relaciones Industriales Aznarez para que tengan conocimiento que puerta deberían golpear”, figura en el acta de su testimonio.

Fuentes judiciales deslizaron que la elevación a juicio por los crímenes de lesa humanidad contra obreros y obreras de Villa Constitución podría llegar en la segunda mitad de este año, pero será difícil: la Cámara de Apelaciones de Rosario aún debe confirmar los procesamientos de los acusados. 

"Es un juicio fundamental", destacó Pagliaro. No solo porque confirma que sin la complicidad empresaria, el terrorismo de Estado no podría haber avanzado. Sino también porque Puede sumar información sobre el rol de sus Acindar y sus directivos durante la dictadura cívico militar eclesiástica. Pellegrini continuó en supuesto después del 24 de marzo de 1976. Varios trabajadores de la planta sobrevivieron a la represión ilegal contra el villazo, pero no a la caza militar.