El gobierno nacional denunciará penalmente otra irregularidad cometida durante la gestión de Adolfo Rubinstein al frente de la cartera de Salud, durante la administración macrista de Juntos por el Cambio. Según una investigación interna, el ministro luego degradado a secretario autorizó la compra leche fortificada en polvo a un precio y luego pagó otro, readecuado al índice de inflación del momento. El posible delito que generó un "perjuicio económico para el Estado" llegará a la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La decisión tomada por la cartera que conduce Carla Vizzotti fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 8323/2020. Allí se detalla la maniobra y se ordena a la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud a “formular denuncia penal” contra los ex funcionarios de Juntos por el Cambio que participaron de “la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública”.

No es la primera vez que se detecta una irregularidad en la gestión de Rubinstein, quien no para de recorrer medios de comunicación dando recomendaciones de cómo debe administrarse la salud pública.

Cuando el ministerio estuvo encabezado por Ginés González García, se reveló cómo el gobierno de Mauricio Macri había dejado vencer más de 4 millones de vacunas en momentos en que reaparecían en el país cientos de casos de sarampión, una enfermedad que había sido eliminada desde hacía años. Es más, el propio ex secretario de Salud también fue denunciado por la readecuación de contratos con distintas empresas farmacéuticas por la compra de medicamentos.

Según esta nueva denuncia, en febrero de 2018, antes de aceptar sin reproches que su cartera de Salud fuera degradada de Ministerio a Secretaría, Rubinstein firmó una compra por licitación de leche fortificada en polvo de la empresa Manfrey Cooperativa de Tamberos, por un total de 76.280.000 pesos.

Sin embargo, en enero de 2019, ya degradado a secretario, permitió que se ampliara ese valor en un 20 por ciento con la excusa de la suba de precios por inflación. Es decir que no se respetó el precio originalmente pactado sino que se lo readecuó a discreción.

El pedido lo había hecho Manfrey, que planteó la “renegociación de precios” con el argumento de que el que se había pactado en la adjudicación había quedado “totalmente distorsionado” tras las subas generalizadas, producto de las sucesivas devaluaciones de Macri.

El monto que se pagó de más fue 4.576.800 pesos, según la aprobación hecha por la Dirección de Compras y Contrataciones que recalculó el pedido de la compañía tambera.

La renegociación de precios fue avalada por las direcciones de Economía de la Salud y Maternidad, Infancia y Adolescencia, con la explicación de que en ese momento había una “falta de stock del insumo de referencia para satisfacer la demanda”.

Esta medida "no solo infringe la normativa aplicable en la materia, sino que además constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración Nacional", sostuvo la Resolución 832 firmada por Vizzotti, que detectó la maniobra.

Según el documento publicado esta mañana, la maniobra contradice lo que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que data de 2001. De esta manera, la ministra ordenó que se inicie "acción de lesividad" contra Rubinstein por el "perjuicio económico para el Estado" que produjo su decisión.

Además se abrirá un sumario administrativo “con el objeto de esclarecer los hechos y circunstancias” relativas a esa irregularidad del gobierno de Juntos por el Cambio. De la misma manera, siempre según la Resolución 832, se iniciarán acciones judiciales para el “recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación” denunciada.

A través de esa misma medida, la ministra Vizzotti solicitó también que se diera aviso del caso a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), así como también a la compañía tambera involucrada en el hecho.