La feria judicial comenzó con mucho movimiento para la familia Etchevehere: además de que el fiscal federal Federico Delgado pidió la indagatoria a la madre y los hermanos varones por extorsión y violencia económica; sigue avanzando la causa por estafa y vaciamiento de El Diario de Paraná. 

El viernes 12 de marzo declaró Leonor Barbero, madre de Luis Miguel y Dolores Etchevehere, la última acusada que restaba defenderse ante la justicia entrerriana por el vaciamiento de El Diario. Por una cuestión de orden, la mujer decidió declarar en capítulos titulados. La primera parte fue el de Relaciones personales: abordó cómo es y fue su relación con Dolores. Habló sobre la infancia de Dolores, dio detalles en relación a su persona y a la administración de sus propios bienes. "Es inconducente e irrelevante con respecto a los delitos a resolver", determinó Lisandro Mobilia, del equipo de abogados de Dolores Etchevehere. 

Debido a cuestiones sanitarias (para no estar tanto tiempo en la sala), la declaración pasó a un cuarto intermedio para finales de abril. Desde el equipo de abogados entienden que en su defensa cada quién puede expresarse libremente, pero una vez concluidos los alegatos le pedirán al juez que tenga perspectiva de género tanto al momento de evaluar el hecho como al analizar las pruebas: "no queremos que se revictimice a Dolores", agregó el abogado.

En tanto, los abogados de Walter y Viviana Grenón, dos empresarios vinculados con la causa con mayoría accionaria de la empresa editora en el momento en que se investigan los delitos, habían pedido su sobreseimiento por la prescripción de la acción penal, luego de siete años de cajoneada la causa. Ademas, argumentaban que Dolores Etchevehere no tiene legitimidad activa en la misma ya que, en teoría, al momento de hacer las denuncias, ya no era socia de SAER. Si bien en primera instancia fue rechazada, apelaron y el pedido se elevó a la Cámara del tribunal oral: el 23 de marzo habrá una audiencia oral y pública en la que la jueza María Carolina Castagno deberá aceptar o rechazar aquello dictado por el juez de primera instancia Carlos Ríos. 

Jueces, amigos, familia

Casualidad o causalidad, el nombre de la jueza Castagno suena conocido: fue quien ordenó el desalojo de los integrantes del Proyecto Artigas de la Estancia Casa Nueva en octubre pasado, dictamen basado en documentos y títulos de propiedad que el juez Federico Delgado probó recientemente que eran falsos. 

Esta no es la única familiaridad que encuentra la justicia entrerriana con los Etchevehere: por la causa de violencia económica, llegó a Paraná el pedido de indagatoria por parte del juez Leandro Ríos quien deberá avocar (es decir, tomar el caso) o excusar (apartarse del caso por alguna incompatibilidad) su participación. 

Desde el Proyecto Artigas explican que el juez debería excusarse porque tendría intereses manifiestamente cruzados y arbitrarios en la causa: por los vínculos familiares que lo unen a los Etchevehere (es el yerno de Julio Federik, ex abogado de los Etchevehere) y por sus vínculos personales con Patricia Bullrich, que se manifestó públicamente contra Dolores Etchevehere.  

Las causas

El vaciamiento económico y patrimonial de Sociedad Anónima Entre Ríos -empresa dueña de El Diario de Paraná- empezó en 2012, cuando sus propiedades (el principal capital de la empresa) fueron traspasadas a una empresas fantasma constituida por los hermanos Etchevehere y su madre; y otra del grupo Grenón. Para financiarlo, simularon un préstamo entre ambas. Para  pagarlo, estafaron primero al Banco Itaú y luego al Banco Nación pidiendo créditos para pequeños productores agropecuarios y daños por inundaciones a tasa subsidiada por el Estado. 

La causa por violencia económica tiene muchos capítulos y es transversal al resto de las que inició Dolores Etchevehere contra el resto de su familia: falsificación de firmas y asfixia económica para suscribir un acuerdo privado que no le corresponde, poder asimétrico y maltrato.