La creatividad del Correo Argentino para evitar llegar a la quiebra y eludir el pago de su deuda millonaria con el Estado, no tiene límites. La empresa de la familia Macri se presentó ante la jueza que tiene a cargo el concurso de acreedores para pedirle la nulidad de la resolución que puso como fecha límite el 29 de marzo para que se presenten oferentes para rescatar a la compañía y que también decía que sus acciones tienen valor cero. 

Junto con eso le trasladó al juzgado una pregunta absurda a esta altura: le pidió que le diga cuál es el monto de su lo que adeuda. La misma pregunta hicieron otras dos empresas que se postularon para el salvataje. Una es Transporte Chimiray, de Ramón Puerta, ex gobernador de Misiones e histórico aliado de Mauricio Macri, que fue su embajador en España. 

La otra es MV Cargo SAS, que la Inspección General de Justicia (IGJ) mandó a investigar tras detectar que no tuvo actividad desde su creación y que su objeto societario no tiene relación con la actividad postal. La magistrada, Marta Cirulli, los mandó a todos a leer el expediente, de donde surge que, según el esquema de cálculos planteados por la fiscala Gabriela Boquin, la deuda con intereses supera hoy los 5.000 millones de pesos. 

La jueza Cirulli había firmado a comienzos de marzo una resolución que ponía fecha límite para le presentación de oferentes que quieran hacerse cargo de la empresa Correo --que está inactiva, con acciones sin valor y sólo tiene deudas que afrontar-- el 29 de marzo, y fecha final el 7 de abril. 

Lo más impresionante es que esto debió haber ocurrido en el año 2004, según la ley de concursos y quiebras. Ahora las postulantes deben conseguir el aval de los acreedores, que son más de 800, entre los cuales el Estado tiene un lugar preponderante. Si ninguna lo logra, el Correo va a la quiebra y quien deberá pagar las deudas es Socma, integrada por la familia del expresidente Macri (sus hijos, sus hermanos y sus sobrinos por parte de Sandra, su hermana fallecida). 

En nombre del Correo se presentaron al juzgado Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, apelaron la resolución del juzgado y pidieron su nulidad. Cirulli rechazó todo por inapelable y, ante el pedido de precisiones sobre la deuda, dijo que todo está en el expediente. Estos escritos son, a todas luces, nuevos planteos dilatorios. 

El Correo de los Macri se aferra a estrategias del mismo tenor en varios frentes a la vez, con un gran despliegue de mecanismos de presión. En el propio expediente concursal, intenta desde 2017 sin suerte desplazar a la fiscala Boquin, quien denunció que la empresa y el gobierno del expresidente Macri, a través de sus representantes en el entonces Ministerio de Comunicaciones, habían hecho un acuerdo ruinoso y abusivo para el Estado por el cual se licuaba la deuda del Correo en un 98,7 por ciento. 

Boquin impidió que ese pacto se hiciera realidad y desde entonces la empresa logró toda clase de artilugios para trabar su resolución y pagar la deuda. Para sacar del camino a la fiscal, lo último que hicieron pedirle que intervenga al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires --la mayoría de cuyos integrantes fueron designados por Horacio Rodríguez Larreta y algunos tienen posturas abiertamente afines al macrismo-- con esa finalidad. 

El expediente del Correo tramita en el fuero comercial nacional, mientras que la TSJ es un superior tribunal local. Sin embargo, éste admitió tratar el caso y en una causa (caso Levinas) donde se dirime un pleito civil pero la discusión es la misma, se arrogó la facultad de intervenir. La última palabra la tendrá la Corte Suprema de la Nación y será un caso testigo que podría impactar en el del Correo. 

En Comodoro Py, el juego del Correo Argentino es el mismo: dilatar definiciones. En la causa que tiene a cargo el juez federal Ariel Lijo, donde hace casi dos años fue indagado el exministro Oscar Aguad, así como su titular de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, y también Robirosa y Kleidermacher, la empresa se presentó para cuestionar un estudio contable que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos  y Crimen Organizado (DAJuDeCo) que había demostrado que el cálculo de la quita de la deuda que había hecho la fiscala Boquin era apropiado. 

El organismo armó una aplicación para calcular la quita con distintos tipos de tasa (tasa activa del Banco Nación, tas Badlar y tasa Libor), y en todos los casos --eran 16 escenarios distintos, en distintos años tomados como referencia de homologación-- le daba que era superior al 90 por ciento. La empresa se presentó en los últimos días de febrero ante Lijo y sostuvo que si se apllicaa la tasa Libor (en dólares) a la deuda y el cálculo se hace teniendo encuenta el valor pormedio de los seis meses anteriores a la mora, la quita les da 45 por ciento, y no sería implicaría un perjuicio. Cuando la DAJuDeCo presentó sus resultados, todo parecía indicar que que se resolvería la situación procesal de Aguad y compañía, pero ante este nuevo planteo eso no ocurrió y el juzgado pidió días atrás opiniones a especialistas. 

En forma coincidente, la cuestión de la tasa a tener en cuenta aparece en un escrito del sínidico general, Raúl Miguel Guelman, en el expediente concursal: allí sostuvo que se debe usar la tasa Libor, como planteó la defensa de Cibils Robirosa y Kleidermacher en la investigación penal, porque ellos consideran que es a su favor. En esa misma presentación, informa que Correo y dos empresas más quieren saber sobre la deuda, cuál es el monto. Ahí es donde la jueza los manda a ver la causa. 

De las dos firmas que introducen esa consulta, Chimiray es la de Puerta,  ligado claramente a Macri, y MV Cargo, que es una sociedad de acciones simplificadas (SAS), un instrumento jurídico inventado durante el gobierno de Macri, para generar sociedades en 24 horas y con pocos requisitos. 

Uno de los titulares de MV Cargo es un simpatizante del macrismo, Mariano Moiraghi. La IGJ mandó a investigar a estar sociedad porque "no registra entre las activiades descriptas en su objeto, ninguna referida a la prestación de servicio postal, telegráfico o monetario" y tampoco tuvo actividad societaria desde su creación en 2018. Podría ser un sello. Otra sociedad que se presentó para salvar al Correo Argentino que fue objetada por la IGJ y mandada a investigar es Valuaciones SA. 

El titular del organismo sostuvo, como reveló el periodista Gustavo Veiga en este diario, que “incumplió la presentación de los estados contables y documentación relacionada por los períodos 2008 a 2019". Tampoco desempeña actividades vinculadas al servicio postal. 

Esta compañía fue manejada por José María Fresco, que integró el banco Finansur a mediados de la década pasada, cuanto pertenecía a la familia de Evaristo Jorge Sánchez Córdova, ex tesorero de Boca, en el primer mandato como presidente de Daniel Angelici. 

La otra firma presentada es OCASA, que perteneció a Alfredo Yabrán en los noventa. A esta compañía, al parecer, le interesaba la planta de Monte Grande del Correo, y la clasificadora de paquetes, aunque la jueza ya aclaró que están bajo administración del correo estatal. Lo que sucede es que en paralelo al proceso concursal el Correo de los Macri apostó a ganar juicios contra el Estado posteriores a su estatización en 2003. Hasta ahora las resoluciones judiciales señalaron que nada de esas causas, aún indefinidas, puede usarse para compensar la deuda.