Por tercera semana, los ediles capitalinos apuntaron contra el funcionamiento de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Salta. Ayer exhortaron a las autoridades nacionales a que garanticen la puesta en funcionamiento de la oficina de la UDAI Salta Sur. Además, crearon una oficina de intergestion con la Defensoría del Pueblo para el diligenciamiento de trámites con mora de Anses.
La concejala Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro), quien viene impulsando el cuestionamiento desde la segunda sesión (ayer fue la cuarta), aseguró que el objetivo principal es "sostener el planteo crítico" ya que se busca una "solución clara y concreta" a las personas que tramitan en el organismo, en su mayoría jubilaciones y pensiones por fallecimiento. En sesiones anteriores ya se había intimado al organismo nacional por la ineficiencia en la entrega de turnos.
El jueves último los ediles mantuvieron una reunión con Marcos Vera, director de la oficina de UDAI Sur, quien les manifestó que no contaba con los recursos para dar una apertura total a la oficina que está a su cargo. Aseguró que no cuenta con personal, ni equipamiento tecnológico, ni suficiente espacio físico para poder incrementar el número de turnos. Estas afirmaciones se recordaron en la sesión de ayer, y Fonseca, sostuvo que si no tenía respuestas por parte de Nación, debía "ir a Buenos Aires", "pararse en las puertas de la directora", hasta encontrarlas.
Para la edil, desde el gobierno nacional "hay una voluntad clara de favorecer" a los salteños y salteñas, pero para ello "las autoridades de Salta tienen que estar a las alturas de las circunstancias". Este planteo no fue compartido por la también saencista Romina Arroyo, quien aseguró que con la respuesta de Vera considera que a los directivos de Anses en Nación, "no les interesa Salta".
"La atención de Anses es nefasta", llegó a decir, y se declaró preocupada por los sectores más vulnerables, como los adultos mayores.
El guante fue recogido por Laura García, la única edil del Frente de Todos que se encontraba presente en el recinto en esos momentos, Fernando Ruarte ya se había retirado. García aseguró que si algo se debe reconocer al gobierno de Alberto Fernández es el federalismo que demostró muchos antes de la pandemia, y que en Salta se plasmó en el acompañamiento en inversión ni bien se conocieron a nivel nacional las muertes por desnutrición de los niños del Pueblo Wichí en el Chaco salteño.
"No pongamos que el gobierno nacional no le presta atención o no se dedica al gobierno de Salta", expresó. Y parafraseando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a los "funcionarios que no funcionan". "No por culpa de los funcionarios que no funcionan, le vamos a responsabilizar a los Ejecutivos", indicó, después de decir que hay personas con cargos nacionales, provinciales y municipales que no realizan una buena gestión.
Fonseca explicó que la oficina de intergestión con la Defensoría del Pueblo tendrá lugar en el recinto capitalino. Allí trabajadores de la Defensoría recibirán los casos en los que se detecte mora por parte del organismo nacional e intervendrán para que se agilice su diligencia. La edil también contó que en los próximos días pedirán una reunión virtual con la titular nacional de Anses, María Fernanda Raverta, para plantear las demandas correspondientes.
Boleto social para empleadas de casas particulares
Hubo tres proyectos aprobados que podrían favorecer a las mujeres salteñas. Desde la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Tercera Edad, se solicitó a la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (Saeta) que considere otorgar una tarifa social en el boleto del transporte público de pasajeros para trabajadoras de casas particulares.
En Salta existen entre 3 mil y 5 mil personas que se dedican a esta labor en casas particulares, en su mayoría mujeres, según la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares de Salta. De ese número, más del 67% está en una situación de precariedad laboral.
Otro de los proyectos aprobados insta a que la oficina de Violencia de Género del Concejo Deliberante, se acerque con acompañamiento y asesoramiento legal a los barrios de Salta. Arroyo expresó que se "busca implentar un trabajo de intervención móvil con el objetivo de capacitar a los ciudadanos y dar asistencia" sobre situaciones de violencia de género.
En la misma línea, el cuerpo legislativo solicitó que la oficina de violencia familiar y de género, ubicada en la calle República de Siria 611, implemente un horario de atención nocturno.
De vacunas VIP
El escándalo provincial por el vacunatorio VIP en el gobierno de Gustavo Sáenz, también llegó al Concejo capitalino. Si bien no hubo grandes intervenciones durante las manifestaciones, se destacó lo dicho por el concejal José Gauffin (Juntos por el Cambio), quien señaló que la vacunación de por sí es un "tema preocupante".
Lamentó la conferencia de prensa que brindó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, durante la mañana del martes por entender que "en vez de echar más luz, echó más oscuridad". Unas horas más tarde de ese mismo martes, el propio Sáenz ordenó la difusión de la lista de funcionarios que recibieron las vacunas como "personal estratégico", acción que se conoció ayer antes del mediodía.
Gauffin sostuvo que el gobernador salteño debería hacer lo mismo que el presidente Fernández, cuando la noticia tocó a su propio gabinete nacional, y que tuvo como consecuencia la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. "Estas personas que se saltearon, deberán asumir la responsabilidad y nuestro gobernador debería tomar las medidas correspondientes", subrayó.
En una intervención mucho más escueta, la concejala Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), dijo que la Justicia será la que actuará y si hubo funcionarios que se adelantaron en la vacunación, el hecho "quedará en su consciencia".
Por su parte, Susana Pontussi (PARES) también se refirió al vacunatorio, pero desde una situación personal, ya que medios locales dijeron que ella había recibido las dosis. "No he sido vacunada", sentenció en el recinto. Y en referencia a esos medios, sostuvo que tiene que haber mayor responsabilidad y "no largar estas declaraciones que generan más odio, agrandan la brecha y desprestigian a muchas personas".