La fiscala Verónica Simesen de Bielke imputó a tres policías por haber disparado contra una familia y haber lesionado a un niño de 9 años en el barrio Norte Grande, el 13 de febrero de 2020. Los mismos efectivos están acusados en otras causas de violencia policial, y fueron requeridos a juicio por haber dejado sin un ojo al joven Luciano Cruz, quien aún lucha para no quedar completamente ciego por los disparos que le efectuaron.  

Pese a las imputaciones y los daños graves por los que se los acusa, estos policías no solo no están detenidos sino que siguen en funciones, la única medida implementada por la Policía de Salta fue trasladarlos de lugar. Además se evidencia como práctica sistemática la violencia institucional por parte de la policía en la misma zona, donde otros policías también dejaron sin ojo a un soldado voluntario del ejército tras dispararle con una escopeta.

El oficial subayudante Rómulo Segovia, el sargento Pablo Exequiel Toledo y el cabo Ignacio Zurita, de la División Seguridad Urbana, fueron imputados esta vez por falsedad ideológica y vejaciones calificadas.

El 13 de febrero del año pasado cerca de las 18.30, mientras patrullaban por el barrio Norte Grande a bordo del móvil 1849, "cometieron un exceso de sus funciones al increpar a los integrantes de una familia, que estaban en la vereda y a quienes acusaron de ingerir bebidas alcohólicas", señaló el Ministerio Público Fiscal. La familia demostró que no estaban bebiendo y exhibieron sus DNI, pero los policías les efectuaron varios disparos con escopeta. Como consecuencia, lesionaron a un niño de 9 años y a su hermano provocándoles lesiones.

"Para avalar los disparos efectuados, los imputados decidieron informar falsamente a la Coordinación Operativa que fueron víctimas de un ataque con piedras, e incluso manifestaron que una mujer los amenazó con un machete, por lo que insertaron declaraciones falsas en un documento público, que desfiguró la verdad objetiva de lo acontecido", sostuvo Simesen de Bielke.

Una práctica sistemática 

Los mismos policías fueron requeridos a juicio y están imputados por haberle disparado, el 24 de febrero de 2020, al joven de 19 años Luciano Cruz, quien perdió un ojo a raíz de esta agresión. 

Cuando volvía de su trabajo Cruz fue herido de gravedad por estos policías, como consecuencia perdió el ojo derecho por el impacto de un proyectil de posta de goma y al día de sigue padeciendo las secuelas, ya que su ojo izquierdo también resultó afectado y puede quedar ciego completamente. 

La madre del joven contó que Cruz tiene la pérdida de un 75% de la vista y debe ser operado de urgencia. "La médica  (del Hospital San Bernardo) le sacó las gotitas, empezó a ver más borroso", explicó. Añadió que tuvieron que llevarlo a un médico particular porque no consiguen turno a través de la línea 148, este médico les informó que el joven puede quedar ciego y necesita una operación con urgencia.

Cruz quedó imposibilitado de trabajar y requiere una operación que cuesta alrededor de $200 mil. La familia carece de recursos. "El juicio se calcula que será en dos meses" . "Nadie se acercó. La estamos peleando nosotros nomás. Para tramitar la pensión (por discapacidad), la doctora no nos quiere firmar los papeles si no sacamos turno, llamamos todos los días pero no conseguimos", sostuvo la mamá. 

Por el daño causado a Cruz, los policías están imputados de "vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves". La abogada de la querella pidió que la carátula cambie a lesiones gravísimas, contó la madre. 

Luego de ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, el sargento Toledo y el cabo Sánchez, quienes lo agredieron nuevamente. También relató que uno de los efectivos le dijo al oído “cagate hijo de puta si perdiste el ojo”.

En octubre del año pasado la fiscala Simesen de Bielke imputó a los mismos policías Segovia, Toledo y al cabo Víctor Cruz por vejaciones calificadas con allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica contra otro joven. 

El 9 de enero de 2020, "cometieron un exceso de sus funciones al arremeter contra la integridad física del denunciante y víctima, a quien le causaron lesiones en distintas partes del cuerpo que serían por impacto de proyectil de posta de goma", señala la fiscala. Están acusados de haber ingresado al domicilio del damnificado en el barrio Norte Grande sin orden judicial y de armarle una causa penal para avalar una detención ilegal.  

La víctima relató que al salir de su casa encontró a tres policías junto a dos mujeres, quienes manifestaron que la bicicleta que estaba en la puerta era de ellas y que se la habían robado hace instantes. El denunciante les dijo que se la llevaran y que no sabía qué hacía la bicicleta allí. 

El personal policial ingresó al domicilio, hizo una requisa y encontró a un hombre escondido en el techo, quien al verlos escapó, por lo que lo persiguieron. El denunciante salió tras ellos y caminó hasta la vuelta de su casa, donde se le acercaron nuevamente los policías, enojados porque se les había escapado el hombre que perseguían. Uno le dijo “a vos te vamos a llevar por encubrimiento” y luego lo subieron a la caja del móvil y lo esposaron.

Una vez que el móvil arrancó, el denunciante relató que uno de los dos policías que iba atrás con él le hizo disparos de bala de goma en ambas piernas. Tras esto, el denunciante se tiró en la caja del móvil y uno de ellos le pisó la cabeza. El informe médico realizado por el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) comprobó las lesiones.

En noviembre de 2020 la fiscala imputó de nuevo a Segovia, Toledo y  Zurita por haberle disparado el 12 de enero del año pasado a un adolescente de 15 años. 

La hermana del adolescente radicó la denuncia y expresó que ese día alrededor de las 7.40, al salir de su domicilio del barrio Primera Junta con su hermano, vio que al frente había policías, quienes aparentemente realizaban el despeje de personas que bebían alcohol en la vía pública. En ese momento, uno, al verlo con su hermano, le recriminó: “Qué haces acá”, le dio una patada en el pecho y lo insultó. Después llegó la madre quien le reclamó al efectivo por este accionar, a lo que éste la insultó y la empujó. El mismo policía sujetó del cuello al chico y lo golpeó contra el móvil policial.

Al intervenir la hermana y la madres para dejaran de agredirlo, los policías les dispararon con balas de pintura en la espalda.

Por otro lado, los policías de la división 6 están requeridos a juicio por haberle disparado con una escopeta al soldado miembro voluntario del Ejército Argentino, Néstor Ávalos, de 25 años y dejarlo sin el ojo izquierdo el pasado 29 de julio de 2020. Esto ocurrió cuando el joven fue hasta la despensa a comprar y los disparos fueron efectuados por los efectivos desde adentro del móvil.

El sargento Mario Alberto Funes (41) está acusado como autor de vejaciones calificadas y lesiones graves. El suboficial ayudante Luis Armando Quispe (37); el sargento ayudante Diego Alberto Cachi (41), el cabo Víctor Fabián Díaz (32) y el agente Lucas Daniel González (34), están acusados en calidad de "partícipes necesarios" de estos delitos.