La imagen retrata a una joven madre con su bebé durmiendo en las calles de Morillo (o Coronel Juan Solá), pueblo cabecera del departamento Rivadavia Banda Norte. La noticia de que estaba alcoholizada movilizó a los agentes de Salud, Seguridad y Justicia para dar la contención necesaria. Fue internada junto a su bebé, y estabilizada. El marido volvió al pueblo desde el monte, donde trabaja como jornalero en una finca. La familia paterna del bebé se comprometió a dar contención a la joven de 19 años, a su bebé de 8 meses y otro hijo de dos años.

La reconstrucción del contexto de esta imagen retrotrae a marzo de 2018, cuando la población de aquella ciudad se manifestó luego de que al menos tres personas (una adolescente y dos jóvenes) sufrieran quemaduras de gravedad mientras consumían alcohol etílico. Hay testimonios que dan cuenta de que existe, además, la práctica de inhalar nafta.

El caso de la joven retratada ahora indica que pertenece a una comunidad del Pueblo Wichí. Silvia Bertea, afirmó que el problema de las adicciones no solo alcanza a las comunidades originarias (que están en un mayor estado de vulnerabilidad), sino también a las criollas. Recordó que desde 1988 los referentes de las comunidades vienen solicitando por nota la acción estatal para evitar estas situaciones o al menos prevenirlas.

“Como esa familia (de la joven madre alcoholizada) hay varias", afirmó Reinaldo Ferreyra, representante de la comunidad wichí La Cortada. "Y la verdad que el Estado siempre mira hacia otro lado", lamentó. Contó que "Hay muchos chicos o mujeres jóvenes solteras que quedan embarazadas a temprana edad y se dedican a tomar bebidas y a juntarse con amigos y amigas”. El referente originario recordó lo acontecido en 2018 cuando se conoció que tres personas sufrieron quemaduras y al menos uno de ellos falleció. "Parece que todo ha empeorado”, sentenció.

“Nosotros somos de la ruta 53, pero en enero fuimos a Morillo. Me dolió el alma ver a los chicos naftearse. Nos topamos con los chicos poniéndose eso en la boca o en la nariz y es muy triste porque uno no sabe hasta cuándo van a vivir”, contó a Salta/12 Rosa Rodríguez, mujer wichí de Misión Carboncito, en el municipio de Embarcación. “Debería haber gente o promotores que acompañen a los chicos y a la gente”, reflexionó al considerar que el problema también los toca en su comunidad. 

Tanto Rodríguez como Ferreyra sostienen que uno de los pilares para los chicos es la educación. Pero en ambas comunidades (y en otras más), uno de los problemas estructurales pasa, justamente, por el sistema educativo. De hecho, en Morillo tuvieron que tomar una escuela primaria para pedir mejor infraestructura y alimentación. La otra cara de esta realidad, descripta por Ferreyra, es que hay chicos que empiezan a los 10 años con alguna de las sustancias adictivas. Estas pueden ser pasta base, marihuana, alcohol, o la inhalación de nafta.

En más de una población originaria se entiende que el sistema educativo está acondicionado para “el blanco” o “el criollo”. Esto explicaría por qué al llegar al secundario los adolescentes indígenas fracasan y son expulsados del sistema de manera silenciosa. Y en el mundo laboral, en más de una ocasión la única “oportunidad” de empleo con la que se topan es como trabajadores rurales en las fincas aledañas, en condiciones de extrema precariedad.

Sin continuidad de políticas

Bertea analizó que faltan políticas preventivas continuas para afrontar este problema tan serio de las adicciones. En 2018 la foto de los jóvenes quemados movilizó al gobierno provincial. Antes de terminar el año se inauguró un centro socio-sanitario que tenía por objeto el abordaje de las adicciones, sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes de comunidades originarias.

La ex ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, recordó que en aquel momento el Centro tuvo a una psicóloga, una asistente social, y 8 operadores contratados bajo convenio con otras entidades. Paralelamente, eran 75 los operadores o promotores comunitarios, al menos dos voluntarios por comunidad. Su trabajo era detectar a quienes precisaran atención y realizar tareas preventivas. La contraprestación de estos operadores era una beca. El funcionamiento del centro duró un año, hasta la finalización del gobierno de Juan Manuel Urtubey. Pues, según se pudo conocer por fuentes del gobierno provincial, al desaparecer el Ministerio de Asuntos Indígenas, también el proyecto del centro socio-sanitario quedó sin funcionar.

El asesor de Menores e Incapaces de Embarcacíón, José Cortez, quien actuó en la contención de la joven madre encontrada con su bebé, mencionó que además del Hospital de Morillo, suele haber intervención del Plan Unir. Ante las consultas, desde el Ministerio de Desarrollo Social (al que pertenece el plan mencionado), se afirmó que cuenta con 148 personas que “trabajan en contextos rurales como acompañantes familiares”. Pero afirmaron que estas personas “tienen formación en ciertas alertas sanitarias y dan, por ejemplo, prácticas de higiene”. Pero no hay ningún abordaje en adicciones.

Mientras, el de Morillo es uno de los hospitales (junto a otros de Rivadavia) que no cuenta con psicólogo que pueda ayudar a contener de alguna manera las situaciones que llegan al centro sanitario. Las que se atienden en el centro sanitario son las de mayor gravedad.