“Es una causa totalmente armada”, le dijo a Página/12 Federico Parodi, hermano de Rubén Ignacio, uno de los 14 detenidos en un expediente por supuesta comercialización de estupefacientes en la localidad bonaerense de Puán. Las detenciones, que se produjeron en diciembre, están cuestionadas desde el principio, pero ahora se produjo un giro importante porque el supuesto principal testigo de cargo dijo que nunca hizo denuncia alguna y acusó a la policía de fraguar el documento.

En su reclamo ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, los familiares son acompañados, mediante un Amicus Curiae, por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, y Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (LF).

“Desde hace tiempo pedimos que le levanten la prisión preventiva, porque en la causa hablan como si se tratara de un cartel de la droga”, puntualizó Parodi. El reclamo se redobló cuando se enteraron que Kevin Torres, un joven considerado como el supuesto principal testigo de cargo se presentó ante la Justicia, acompañado por su padre, para decir que él “nunca declaró que los chicos vendían estupefacientes”.

El joven, cuando le mostraron el acta de la supuesta denuncia, aseguró que “nunca dijo lo que allí figura y que tampoco es su firma la que aparece” al pie del texto, escrito por los instructores policiales y tomado como cierto por el fiscal a cargo del caso. Por otro lado, Torres denunció que viene sufriendo “hostigamiento” de parte de algunos miembros de la Policía Bonaerense involucrados en la apertura de la causa.

“Lo que queremos es que los dejen en libertad y que se tomen las medidas necesarias para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más”, señaló Parodi. Agregó que todo lo actuado por la policía y la Justicia “es una violación a los derechos constitucionales y ahora, con la declaración de Torres, se les cayó el castillo de naipes que fabricaron”.

Además de Rubén Ignacio Parodi, están detenidos Augusto Francis Amigo, Uriel Alexander García, Marcos Distel, Juan Francisco Distel, Mauro Distel, Diego Schnaider, Alexis Neuman, Gonzalo Gómez, Nicolas Lupin, Lautaro Manuel Van Schaik, Diego Armando Krieger y Fausto Rodrigo Alonso.

Todos se encuentran alojados en la cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca, mientras que Ludmila Geraldine Paz Madrid cumple prisión domiciliaria.

Desde que se abrió la causa –al principio fueron 20 los detenidos--, los familiares realizaron varias marchas de protesta pidiendo la liberación de los detenidos. La causa comenzó a partir de un operativo policial ordenado por el juez Guillermo Mércuri, por pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

Hace una semana se supo que toda la investigación se basó en una declaración fraguada que se le atribuyó al joven Kevin Torres, quien se enteró de la situación luego de tomar contacto con uno de los familiares de los detenidos. o.

La presentación de Torres, se conoció a través de un comunicado dado a conocer por los familiares de los detenidos. El chico, además de decir que él no hizo ninguna denuncia, aseguró que no conoce a la mayoría de los imputados.

En un comunicado al que tuvo acceso Página/12, los familiares de los detenidos señalaron que la novedad se produjo cuando ellos realizaban gestiones para entrevistarse con los jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal II de Bahía Blanca, que debe resolver sobre el pedido para que se dejen sin efecto las prisiones preventivas.

En ese contexto se produjo la desmentida de Kevin Torres. Los familiares consideran que se trata de “una situación muy grave porque se está poniendo en duda (…) el origen de la investigación”.

Agregaron que con la desmentida de Kevin “queda claro que ha sido falsa también la declaración del sargento Andrés Arguello, primer denunciante”. El policía citó como dato inicial la denuncia que Kevin dice que nunca hizo.

En la causa intervino también el comisario Víctor Tevez, quien dijo ser el que le tomó el testimonio a Kevin. Otro de los implicados sería un comisario de apellido Gómez.

El joven Torres hizo dos denuncias, una ante la Fiscalía de turno sobre el hostigamiento que viene sufriendo de parte de la policía y otra ante el fiscal Del Cero, para desmentir su supuesta declaración.

Los abogados de los familiares solicitaron ahora la nulidad de las actuaciones y la inmediata libertad de los detenidos. También solicitaron que se tomen medidas para asegurar la protección de Kevin Torres e hicieron responsables a la Policía Bonaerense, “si algo le sucediera” al chico.

Los familiares cuestionaron un video difundido por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que promociona el caso como un ejemplo de la lucha contra el narcotráfico.

Además, señalaron que “la Comisión Provincial por la Memoria está acompañándonos desde diciembre y también ahora a Kevin quien solicitó asesoramiento y protección”. También cuentan con el respaldo de la Catedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.