La convicción presidencial de crear el Consejo Económico y Social (CES) se cristalizó el lunes 22 de febrero con la publicación del Decreto Nº 124/2021. Había sido promesa electoral, capítulo del debut de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y tópico del libro Sinceramente. 

El viernes previo a ese lunes, motivo de un evento inaugural por parte del Presidente y del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que estará al frente del organismo, en un hecho de alta intensidad institucional, coronado con el dato del llamado a un equipo de figuras internacionales que asesorará al CES, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel. Un par de semanas después el plenario comenzó a sesionar.

A lo largo del extraordinariamente sorpresivo y difícil 2020 para la gestión del Frente de Todos, el diálogo y la búsqueda de acuerdos intersectoriales fueron herramientas a las que se acudió cotidianamente y que en la mayoría de las ocasiones dieron frutos. Se instrumentaron en mesas de trabajo en las que se discutieron precios, cadenas de valor y salarios. Hubo un renovado y progresivo entrenamiento de dirigentes obreros y empresarios tanto como de funcionarios, en la certeza de que habría de ponerse en marcha la nueva agencia.

Con la firma del decreto se develaron las incógnitas que la preparación del CES presuponía y que constituyen los dos planos fundamentales de este órgano consultivo: su temario y su composición.

Los temas

Las materias a abordar por el CES serán cuestiones del mediano y del largo plazo. De la estrategia para encaminar a la Argentina en cinco grandes ejes, denominados “misiones país”: 

1. Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria.

2. Educación y Trabajos del Futuro.

3. Productividad con Cohesión Social.

4. Ecología Integral y Desarrollo Sustentable.

5. Democracia Innovadora. 

Cada “misión país” comprende una serie de rubros, que se detallan en el mencionado decreto. Es destacable el alcance y la extensión de los asuntos considerados, decididamente inclinados hacia la modernidad con anclaje en lo colectivo, lo múltiple y lo inclusivo. 

El CES tiene mil días para diseñar una agenda de trabajo referida a esas áreas y para elevar al Poder Ejecutivo Nacional un anteproyecto de ley que regule sus estructuras jurídica y presupuestaria definitivas.

Quedó establecido que el rol del flamante cuerpo colegiado es de apoyo al Presidente/a, con lo que se descarta, acertadamente, la obligatoriedad o el carácter vinculante de sus dictámenes.

Para llegar a elaborar una recomendación no se requerirá unanimidad. La norma insta a arribar a consensos, cuanto más amplios, mejor. Será función del CES “emitir informes que revelen los consensos alcanzados así como las observaciones o diferencias al despacho mayoritario, si las hubiere”: como se ve, tendrán su espacio las ideas de la minoría.

Por otra parte, el texto habla del debate informado, basado en postulados técnicos y científicos. Eso apunta a expandir la calidad del intercambio y la difusión de pensamientos y opiniones útiles en democracia. Un acierto que obligará al universo de la agencia a debatir y argumentar luego de horas de estudio. La puja entre meras consignas y lugares comunes no tendrá cabida.

Vale preguntarse si la iniciativa legislativa mantendrá la exclusividad de someter temas a consideración del organismo en cabeza del o de la titular del Poder Ejecutivo, según lo prevé el decreto, o habilitará otros canales de incorporación de contenidos. Y si instituirá algún sistema de premios o incentivos a los sectores que persistan en concurrir y, sobre todo, sepan sostener y cumplir con los compromisos que deriven de las resoluciones de la mesa. Es objetivo expreso del CES “establecer mecanismos de participación ciudadana que… permitan procesar las diferencias entre sectores de la vida económica y social”.

La composición

La integración del Consejo que se hizo pública no es definitiva, según palabras del Presidente. Podrá abrirse la nómina de 25 personalidades que acompañaron a Alberto Fernández en el acto del anuncio: el decreto no estipula un número de miembros determinado y faculta a la Secretaría de Asuntos Estratégicos a reemplazarlos y a modificar la lista. Los actores convocados representarán al trabajo, a la empresa y a organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil, teniendo en cuenta “criterios de pluralidad, diversidad, visión federal y equidad de género”.

El artículo 12 del decreto invita, en una decisión plausible que jerarquiza a la nueva repartición, a “expertos y expertas reconocidos y reconocidas a nivel mundial, para que presten soporte al Consejo en el abordaje de su agenda estratégica”, como antes se indicó. También, a representantes de diversos credos para “participar en reuniones del Consejo con el objetivo de fortalecer los bienes relacionales y construir una cultura de encuentro”. Nada dice de los pueblos originarios. Esa omisión seguramente se subsanará en el proyecto de ley.

Tampoco forman parte del decreto los partidos políticos. Por más que desde la jefatura del principal agrupamiento opositor se ha dinamitado todo puente de comunicación racional con el gobierno, la asistencia a las deliberaciones de integrantes de los partidos del arco no oficialista sería doblemente enriquecedora. Por una vía, los sectores podrían ensanchar el marco de sus perspectivas cara a cara con aquellos que les piden el voto cada dos años y, por la otra, esos políticos adquirirían conocimientos de primera mano, circunstancia que los perfeccionaría y al mismo tiempo los comprometería.

En idéntica lógica, es de esperar que las sillas del Consejo visibilicen a las organizaciones por encima de sus delegados. En el ideal del funcionamiento del organismo es cada sector el que opera en el escenario de la gobernanza, por lo que devendría intrascendente si a un encuentro envía una persona y al siguiente otra. 

Por el contrario, debería auspiciarse que toda expresión sectorial exhiba variedad de delegados y delegadas. La identificación de una organización con un único apellido limita su campo de acción, aquieta su vida interna y, a la larga, pone en contradicción su legitimidad. 

La visión desde la cual nació el CES, que apunta a propiciar una ciudadanía dinámica y totalizadora, choca contra la redacción del artículo 9 del decreto, que prevé que el mandato de los miembros iniciales, designados por el Presidente en consulta con las organizaciones de los sectores que componen el Consejo, durará mil días. Una adecuada interpretación de esos mandatos daría potestad y permanencia a las entidades y no a quienes actúen en nombre de aquellas.

El Frente de Todos ofreció generosamente a las representaciones de la sociedad un papel protagónico, en línea con el pacto electoral refrendado en octubre de 2019. Habremos de confiar en el buen tino de consejeros y consejeras, que tendrán la carga de responder ese desafío con la vocación de reconstruir una comunidad organizada participativa, de iguales y en prosperidad.

* Ingeniero y abogado. Fue directivo de la CGE.