La investigación sobre el juego clandestino y su contacto con la política y la Justicia derivó esta vez en la suspensión de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación, en el camino que transitaron hasta su destitución e imputación penal los ya conocidos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Ayer la Legislatura suspendió en Sesión Especial Conjunta al fiscal adjunto de Reconquista Rodrigo González, por una acusación similar que impulsó su colega de Melincué, Matías Merlo.

De la Asamblea que se compone de senadores y diputados participaron aquellos que en diciembre rechazaron la posibilidad desaforar a uno de ellos –Armando Traferri– para que se lo investigue en esa misma causa penal, por su aparente relación con el capitalista de juego Leonardo Peiti, el mismo que provocó la caída de Serjal y Ponce Asahad. 

Ahora González deberá comparecer a la audiencia imputativa que le prepara su colega Merlo para el martes próximo. Para este fiscal de Melincué, González tenía relación con un hombre que gerenciaba casinos clandestinos de Peiti en Reconquista, Vera y Avellaneda, su jurisdicción penal.

La caída en desgracia del fiscal reconquistense empezó en 2018, cuando el presidente comunal de Hughes denunció en la Fiscalía de Merlo el funcionamiento de un garito. El fiscal indagó y encontró una red de esos lugares, bajo el control de Peiti, en localidades del sur provincial, y en las referidas del norte. Pero González ya acumulaba antecedentes de irregularidades como la destrucción y desaparición de expedientes, y desmanejos con dineros bajo custodia.

Merlo denunció a su colega en el mismo MPA, desde donde se promovió la suspensión a consideración de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, el 23 de febrero. La moción prosperó sin objeciones y ayer en la Sesión Especial, presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, hubo unanimidad en suspender al fiscal González para que comparezca a la audiencia imputativa como cualquier hijo de vecino.

El voto fue unánime: 57 legisladores votaron a favor de la suspensión del fiscal, ninguno en contra. La sanción es provisoria y por tiempo indeterminado, y conlleva además la reducción del 50% del sueldo del sancionado. 

De la sesión, se destacó el análisis del diputado Carlos Del Frade, antes de votar por la suspensión: "Nos resulta contradictorio, rayano en la hipocresía que cuando los fiscales Edery y Schiappa Pietra pidieron investigar al senador Traferri en esta causa, el pleno no lo permitió y no pudo ser investigado, marcando un privilegio. Es un oprobio para la democracia; es legal pero es un privilegio. Está muy bien poner el ojo en lo que pasa en las fiscalías de Santa Fe, pero ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio me parece irritativo, hipócrita", remarcó.