Desde Lima. Martín Vizcarra, presidente del Perú entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, se libró de ir a la cárcel. La jueza María Alvarez rechazó el pedido de la fiscalía que había solicitado la detención preventiva del expresidente por 18 meses por cargos de recibir sobornos. La fiscalía alegaba que existía peligro de fuga y un riesgo de que Vizcarra pueda obstruir la investigación fiscal si continuaba en libertad, argumentos que la magistrada consideró no habían sido sustentados convincentemente, por lo que decidió desestimar el pedido fiscal y mantener la comparecencia con restricciones a las que ya estaba sometido Vizcarra, que incluyen el impedimento de salida del país vigente desde hace unos meses. Vizcarra deberá reportarse periódicamente al juzgado y no podrá reunirse con otros implicados en el proceso que se le sigue. La magistrada advirtió que si se incumple alguna de estas restricciones se podría dictar la detención preventiva. La fiscalía apeló la decisión judicial.

Vizcarra, que estuvo conectado a las audiencias virtuales, escuchó aliviado que la magistrada rechazó el pedido fiscal para llevarlo a prisión. El expresidente había hablado al cierre de la audiencia por quince minutos. Denunció que la fiscalía pedía su detención por “razones políticas” para afectar su candidatura al Congreso en el tramo final de la campaña electoral para las elecciones del once de abril. “No hay razón para una posible detención”, señaló Vizcarra, a modo de pedido a la jueza, que después fallaría a su favor.

Conocido el fallo judicial, Vizcarra salió a la puerta de la casa de su abogado, desde donde siguió la audiencia, para decir que ahora continuará “con más fuerza” con su campaña electoral para intentar llegar al Congreso. Ha sido acusado de buscar una banca parlamentaria para protegerse con la inmunidad que le daría ese cargo.

La fiscalía acusa a Vizcarra de cobrar sobornos a dos empresas constructoras por 2,3 millones de soles (unos 800 mil dólares al cambio de la fecha en la que se habrían realizado esos pagos ilícitos) cuando fue gobernador de Moquegua, una pequeña región al sur del país, entre 2011 y 2014. La fiscalía ha presentado testimonios de ejecutivos de las compañías Obrainsa e ICCGSA, que aseguran haberle pagado sobornos a Vizcarra para obtener las obras de una irrigación y un hospital. Ambas empresas formaban parte del llamado “club de la construcción”, que reunía a importantes constructoras para repartirse las obras públicas previo pago de coimas.

Vizcarra niega los cargos en su contra. “Se me vincula al club de la construcción, cuando yo denuncié la existencia de ese club que desde hace varios gobiernos se repartían los contratos, yo puse fin a ese mecanismo de corrupción”, dijo en su defensa.

El fiscal Germán Juárez acusó a Vizcarra de mentir en el proceso y de haber amenazado a una testigo para que mienta en otra investigación fiscal que lo involucra. Para sustentar la existencia de un peligro de fuga, el fiscal señaló que “es muy fácil salir del país”. Argumentó que el expresidente podía “utilizar sus contactos” para pedir asilo y mencionó a Bolivia como un posible destino de Vizcarra, especulando con una supuesta relación cercana de Vizcarra con el presidente boliviano Luis Arce, basándose en que ambos se reunieron en Moquegua cuando Vizcarra era el gobernador de esa región y Arce ministro de Economía para tratar una posible salida de los productos bolivianos a través del puerto peruano de Ilo en Moquegua.

El abogado del expresidente, Fernando Ugaz, presentó una carta de Vizcarra al embajador de Bolivia en Perú negando su intención de solicitar asilo en ese país. El abogado rechazó que su cliente tuviera una actitud obstruccionista y recordó que ha asistido a todas las citaciones que se le han hecho. Aseguró que no hay ninguna evidencia de que su patrocinado podría intentar fugar o pedir asilo. La jueza le dio la razón.

Durante la larga lectura de su sentencia, que se prolongó por cerca de tres horas, la magistrada Alvarez rechazó uno a uno los argumentos de la fiscalía para pedir la detención preventiva del expresidente. Esta decisión es una victoria judicial para Vizcarra, pero es una victoria solamente temporal, el proceso judicial en su contra por el supuesto cobro de sobornos continúa. El fallo judicial que ha evitado vaya a la cárcel no es una declaración de inocencia. La jueza Alvarez no se ha pronunciado sobre el fondo del tema, solamente lo ha hecho para declarar que no se justifica una detención preventiva y el proceso debe continuar con Vizcarra en libertad.

Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018, luego que Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, renunciara en medio de acusaciones de corrupción. En la presidencia impulsó los procesos anticorrupción y se enfrentó al Congreso que controlaba el fujimorismo y que se había convertido en un espacio de protección a políticos y magistrados acusados de corrupción. Eso le dio una alta popularidad. En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso y llamó a elecciones legislativas. No presentó candidatos para el nuevo Congreso, que, esta vez sin mayoría fujimorista, repitió el enfrentamiento con el Ejecutivo y en noviembre último destituyó a Vizcarra por los mismos cargos de supuesto cobro de sobornos por los que ahora es investigado por la fiscalía.

Luego de su destitución de la presidencia, Vizcarra se alió con un excongresista fujimorista, sus grandes rivales políticos, para lanzar su candidatura al Congreso. Aunque al candidato presidencial que apoya Vizcarra, Daniel Salaverry, del partido Somos Perú, le va mal en las encuestas, en las que no llega al tres por ciento, según estos mismos sondeos a Vizcarra le va bastante mejor en su postulación al Congreso y tiene una alta posibilidad de ser electo. Pero el Congreso lleva adelante un proceso que podría culminar en su inhabilitación política por haberse vacunado contra el coronavirus en secreto cuando era presidente y las vacunas todavía no llegaban al país. Si la inhabilitación es aprobada, no podría asumir su banca si sale electo.

Siete de los nueve presidentes de los últimos 35 años enfrentan o han enfrentado procesos judiciales. El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) está encarcelado, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción; Alejandro Toledo (2001-2006) está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y espera se resuelva su proceso de extradición en Estados Unidos, donde está bajo arresto domiciliario, antes estuvo en prisión en ese país entre junio de 2019 y marzo de 2020; Alan García, dos veces presidente (1985-1990 y 2006-2011), también fue acusado de cobrar coimas de Odebrecht y se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido; Ollanta Humala (2011-2016) enfrentará en los próximos meses un juicio por lavado por el financiamiento oculto a su campaña electoral por lo que la fiscalía pide contra él una condena de veinte años, estuvo en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció por acusaciones de haber recibido pagos ilícitos de la mencionada constructora brasileña cuando fue ministro de Toledo y está bajo arresto domiciliario desde marzo de 2018 mientras avanza la investigación fiscal; el breve Manuel Merino, que gobernó menos de una semana en noviembre último es investigado por la fiscalía por la brutal represión a las protestas contra su régimen que dejaron dos muertos y decenas de heridos. Vizcarra no se sumará a los expresidentes que han ido a prisión, al menos por ahora, pero no se libra de integrar la lista de exmandatarios procesados judicialmente.