La sistemática violencia institucional ejercida sobre los vecinos de Campo Verde continuó ayer con la “marcación” de las casas de los vecinos que defienden la cancha “La Olla”, y de esta manera se suma un nuevo capítulo tras la segunda represión salvaje de la policía de la provincia del último miércoles, por orden del gobierno encabezado por Gerardo Morales, contra niños, mujeres y hombres de ese barrio popular de la capital jujeña.

Los vecinos denunciaron que cuadrillas referenciadas a dirigentes sociales del radicalismo salieron por el barrio a indagar si apoyaban o no a la edificación del colegio. Lo que molestó fue que el operativo se hizo casa por casa y los datos quedaban asentados en unas planillas.

Además, los referentes de la protesta del miércoles notaron la numerosa presencia de policías cerca de sus domicilios, lo que consideran es una señal intimidante, consecuencia de la represión.

En los seis años del gobierno de Morales, es la segunda vez que se implementa la acción represiva y casi medieval de identificar casas y personas. La primera fue cuando el gobernador expresó el año pasado que las personas que estaban haciendo cuarentena por la covid serían marcadas y que los vecinos debían denunciar si salían del encierro.

Hoy esa práctica volvió, el Estado provincial redobla esas acciones de violencia con amenazas o sanciones, como la que se le hizo a Mara Martínez, vecina y trabajadora municipal, quien recibió una notificación de suspensión de tareas por 10 días.

“Hace 20 años trabajo en el barrio, en la biblioteca, junto a los vecinos. Se hizo también un comedor, infinitos proyectos, también de deportes en el barrio. Me atacaron ahora porque me puse en el lugar que debía estar, junto a los vecinos. Esta mañana me mandaron un mensaje para que me presente en la municipalidad, que me quede y trabaje. Pedí la planilla y me notificaron de la suspensión aduciendo que fui altanera”, explicó la vecina.

“Lo que vivimos no tiene nombre es demasiado violento. El barrio está militarizando, nos persiguen por antecedentes, por el trabajo. Tenemos una escuela secundaria ETP en el barrio a 10 cuadras. Está bien, queremos otra escuela, pero en el predio de la Belgraniana”, describió.

El conflicto surge por la insistencia del gobierno jujeño de construir una escuela secundaria en una cancha que los vecinos cuidan desde hace más de 40 años. La obra pública anunciada debe contar con una evaluación de impacto ambiental y una convocatoria a audiencia pública. Los vecinos marcan la necesidad de contar con un nuevo establecimiento educativo, pero no a costa de un espacio verde utilizado, principalmente, por los niños del lugar.

La abogada Alicia Chalabe recordó que “desde el 2015 rige el artículo 240 del Código Civil que establece límites cuando se dañe el ambiente, la cultura, el paisaje o intereses colectivos”.

No obstante, la empresa adjudicada para los trabajos instaló el obrador, que debe permanecer con fuerte custodia policial desde hace tres días, lo que puso en alerta a la comunidad ante lo que consideran una virtual militarización del barrio.

La furiosa represión del miércoles dejó cinco personas detenidas, las cuales recuperaron el jueves la libertad, tras una numerosa marcha que encabezaron los vecinos, unidos en el repudio del accionar represivo del gobierno. Esta movilización estuvo acompañada por organizaciones sociales, gremiales, políticas. También hubo dirigentes y diputados que estuvieron el miércoles en la represión y que fueron golpeados como la diputada Natalia Morales y el concejal Guillermo Alemán, del FIT.

Armando Césareo, uno de los detenidos, recuperó su libertad y denunció el armado de causas que está realizando la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación,

“En inmediaciones de mi casa está apostado personal policial”, señaló el vecino que vive a 50 metros de la cancha en cuestión. Césareo fue detenido por efectivos del CEOP el miércoles, “me dijeron que lo único que querían era mi cabeza, esa era la orden que tenían”, denunció.

“Cinco causas nos hicieron: hostigamiento al orden público, resistencia a la autoridad, entorpecimiento al tránsito y otras más” relató. “A todos nos hicieron prontuario, a mí me han puesto robo a mano armada, amenazas. Tengo antecedentes, pero no esos. Hace 25 días saqué la planilla prontuarial y antecedentes penales, que me piden para mi trabajo y ahí tenía todo bien. Nos están armando una causa”, advirtió Cesáreo.

Los vecinos una semana atrás denunciaron que la policía averiguaba datos: “A mí el fin de semana la policía me fue a buscar a mi casa. Esas personas eran del área de narcotráfico y estaban en inmediaciones del predio de la escuela”, relató el vecino ante la gran incertidumbre.

Este jueves liberaron a los cinco detenidos el día de la represión y detuvieron a otras tres personas, aunque la policía de la provincia difundió las detenciones de dos solamente.

“Hablé con uno de los comisarios y le dije que de parte nuestra (los vecinos) no hubo violencia. ¿De qué nos sirve pelearnos con ustedes (policías)? Y él comisario me confesó que: tenemos orden de reprimir y no queremos hacerlo, queremos ir a nuestras casas. Llevamos 36 horas acá”, contó el vecino de Campo Verde.

Aquí no pasa nada

Días atrás la Secretaría de Derechos Humanos de Nación solicitó un informe al gobierno de la provincia sobre la primera represión a los vecinos de Campo Verde, ocurrida el 8 de marzo. La titular de Derechos Humanos de la provincia, Marcela Infante, respondió que “no hubo represión, sino que fueron los vecinos quienes se violentaron”. Una respuesta en la línea que viene sosteniendo el gobernador.

Ante ese informe, Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, dijo en una entrevista radial en el programa El Submarino: “La verdad que no esperábamos una respuesta en ese sentido”.

Además, explicó que “si bien la Secretaría no tiene competencia para actuar directamente en las provincias, sí puede hacer recomendaciones y coordinar una agenda de trabajo para disminuir los casos de violencia institucional”. Pero aclaró: “Lo primero que se necesita para lograr eso es no negar los hechos”.

También reaccionaron los organismos y organizaciones de derechos humanos de Jujuy, quienes exigen “que se aparte inmediatamente del cargo a la abogada Marcela Infante, quien se desempeña actualmente como Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy, por absoluta falta de idoneidad y competencia para ejercer el mismo, debido al profundo desconocimiento de estándares mínimos en materia de derechos humanos".

Piden la detención del abogado de los reprimidos

Otra novedad en la jornada de ayer fue el pedido de detención del abogado Héctor Huespe, que actuó en defensa de los detenidos durante la represión. La solicitud la hizo el fiscal Carlos Urquiola y la ordenó el juez de Control Jorge Zurueta. Hasta anoche aún no se había ejecutado la orden.

El abogado Luis Paz, defensor de Huespe, relató que “lo más grave es que no dejaron la orden en el domicilio, y el juzgado de Control esta tarde no atendió. El juez desde el mediodía se retiró, y no regresó al edificio. Las mesa de entrada del Juzgado de Control no funciona por la tarde”.

Por esto Paz desconoce cuál es el expediente por el que piden la detención de Huespe, quien el miércoles presentó un habeas corpus por los detenidos de Campo Verde tras la represión.

Paz expresó que “el ejercicio de la profesión de abogado se transformó en una labor muy riesgosa en Jujuy. El doctor Huespe viene ejerciendo su profesión en favor de las personas excluidas de la mirada paternal del Estado jujeño. Usa todas las herramientas que le autoriza la Constitución para defender a los menesterosos. Y como no le teme al poder de turno y los pone en evidencia todo el tiempo, este gobierno hambreador y violento usa al Ministerio Público de la Acusación, que es su creación más siniestra y cínica, para callarlo”.

El fiscal de la causa de la represión, Alejandro Maldonado, en declaraciones a los medios dijo que “los cinco demorados fueron liberados tras conocer la imputación, y hoy fue citado el doctor Huespe, que fue imputado. La imputación es la establecida en el artículo 181: usurpación en la modalidad de turbación de la posesión”.

También aclaró que “cuando se les otorgó la libertad a los cinco, se les impuso, conforme al artículo 304, restricciones, por ejemplo, no presentarse en el predio, ni realizar cualquier acto que vaya en el entorpecimiento de la empresa constructora”.