Las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro volvieron a Venezuela, por segundo día consecutivo y después de una jornada marcada por la violencia, con la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimiendo las protestas opositoras en Caracas con gases lacrimógenos. Las autoridades venezolanas detuvieron a Iván Alexis Pernía Avila, presunto responsable del crimen de Paola Ramírez Gómez, la joven que recibió un disparo en la manifestación opositora del miércoles en San Cristóbal, Táchira. En el marco de la investigación por ese crimen, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró que Pernía Avila milita en el partido Vente Venezuela, de la ex diputada opositora María Corina Machado. Los choques callejeros que el miércoles protagonizaron opositores y oficialistas dejaron como corolario tres muertos –dos civiles y un militar–, 62 heridos y 312 detenidos, confirmó ayer el Ministerio Público. Con esos datos, nueve son las víctimas en las protestas efectuadas en diversas ciudades de Venezuela en lo que va de abril.
En la manifestación de ayer, los antichavistas, que estuvieron encabezados por el diputado Jorge Millán, se congregaron en la zona de Paraíso con la intención de marchar nuevamente hacia la Defensoría del Pueblo. “La Guardia Nacional ha evitado que la gente se concentre pero aquí estamos igual, para que la gente llegue y vamos a seguir insistiendo en llegar a la Defensoría, porque esos magistrados que violaron la Constitución tienen que ser destituidos”, dijo Millán, y apuntó a miembros de las fuerzas de seguridad por lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes. El legislador se refirió a los integrantes del Tribunal Constitucional, a quienes el Parlamento, de mayoría opositora, acusa de promover un golpe de Estado por haber asumido responsabilidades del Legislativo.
Las fuerzas de seguridad también impidieron el paso a manifestantes que marcharon en San Bernardino y Santa Mónica, puntos de concentración de la oposición ubicados al norte y el oeste de Caracas. “En Santa Mónica un contingente de GNB y PNB golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse”, denunció Tomás Guanipa, diputado de la Unidad Democrática. Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López, advirtió que todo el oeste de la capital venezolana se encontraba militarizado y que los uniformados estaban reprimiendo a los manifestantes.
La protesta de ayer fue continuación de la del miércoles, donde hubo tres muertos. Los estudiantes Carlos Moreno, de 17 años, y Paola Ramírez, de 23, fueron baleados en la cabeza en Caracas y San Cristóbal, respectivamente. El sargento segundo de la GNB, Niumar San Clemente, recibió un disparo de un francotirador en la perfiferia de Caracas, comentó el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Asimismo, el Ministerio Público reportó 62 heridos en las protestas que, según afirmó, se registraron en el área metropolitana de Caracas y en 14 estados del país. Hasta el comunicado de la fiscalía se conocían reportes parciales de heridos en algunas ciudades o regiones. Por otra parte, por los hechos de ayer fueron detenidas 312 personas, según el Ministerio Público, o 565 según la ONG Foro Penal Venezolano, que usualmente releva casos de opositores arrestados o encarcelados por el gobierno.
En su cuenta de Twitter, Saab anunció que fue detenido un hombre al que identificó como Iván Alexis Pernía Avila y del que dijo que confesó ser autor del asesinato de Ramírez. Ante la afirmación del ministro de Interior y Justicia, quien señaló que Pernía Avila milita en el partido opositor Vente Venezuela, la líder de esa fuerza, María Corina Machado, rechazó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter y dijo que los funcionarios del gobierno usan el asesinato de una venezolana, del cual son responsables, para calumniar. “Así es esta dictadura criminal”, lanzó la ex diputada. En tanto, vecinos de San Cristóbal aseguraron que Ramírez había sido baleada por miembros de “colectivos” que iban “motorizados”, como se llama en Venezuela a los integrantes de organizaciones sociales chavistas que generalmente se desplazan a bordo de motocicletas.
La crisis política que atraviesa Venezuela golpeó ayer la puerta de las Naciones Unidas. Su secretario general, António Guterres, se mostró preocupado por los choques durante las protestas. “Pedimos realizar todos los esfuerzos para reducir la tensión y evitar nuevos enfrentamientos”, exigió Guterres desde Nueva York. También pidió que el Gobierno de Maduro y la oposición inicien un diálogo constructivo, e instó a tener “gestos concretos de todas las partes implicadas para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para que los desafíos del país puedan ser resueltos”.
Amnistía Internacional se sumó a la preocupación del secretario de la ONU. Ayer volvió a pedirle al gobierno de Venezuela que garantice el derecho de su población a protestar pacíficamente y alertó que la espiral de violencia en las manifestaciones puede sumergir al país en una crisis de difícil retorno. “Salir a la calle en un día de manifestación en Venezuela no debería ser una sentencia de muerte”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, luego de que se difundieran informes donde se supo que al menos tres personas perdieron la vida en las manifestaciones. Amnistía sostuvo, además, que las autoridades deben investigar de manera urgente las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos durante las protestas.