El fiscal general Jorge Baclini acaba de firmar un convenio de cooperación por el cual los fiscales federales deberán pedir primero autorización para usar los laboratorios para peritar estupefacientes y teléfonos celulares. El costado polémico del acuerdo es que hasta el momento las pericias se venían realizando sin costo alguno para los pesquisas federales, ya que los Laboratorios Forenses han sido equipados con fondos nacionales. De ahora en más el Procurador Eduardo Casal deberá tener sobre su escritorio el pedido, la argumentación y el costo y con eso --al igual que el fiscal Baclini-- podrá percatarse de alguna investigación federal en curso en la provincia. El acta acuerdo podría haberse disparado tras el alto impacto de algunas causas federales que dejaron al desnudo la complicidad local. Entre ellas y solo a modo de ejemplo, las del oscuro manejo de fondos en la agencia de turismo Oldani, que funcionaba como una verdadera cueva y que terminó con una fiscal investigada por haber permitido retirar varios millones de pesos de la escena del crimen, donde fue asesinado el propietario de la firma tras un robo.  

En rigor, el efecto principal es que para poder peritar drogas y teléfonos, que es lo más elemental que tiene cualquier investigación, se acudía a estos aparatos que el estado nacional pagó para montar los laboratorios que operan bajo la órbita del Organismo de Investigaciones. La idea era que todos los investigadores tanto federales como provinciales  se pudieran nutrir de esos materiales para trabajar. Por eso, sotto voce, hay fiscales que se quejan porque con este convenio les "cortaron el chorro".

En verdad, los fiscales federales podrían acudir de ahora en más a los laboratorios de las fuerzas federales: sin embargo la única que tiene equipamiento es la Gendarmería, pero no lo tiene en Santa Fe capital sino en Paraná y en Rosario. Mientras la Policía Federal no tiene laboratorio disponible en territorio santafesino y la Prefectura tampoco, por eso, para mandar a peritar droga "hay que estar esperando un largo tiempo", al igual que para acceder a la tecnología para extraer datos de los teléfonos. Todo esto va a generar un atraso importantísimo en todas las investigaciones.

Esto fue leído por los investigadores federales como un freno a las pesquisas.

Si un fiscal federal quiere pedir la colaboración del MPA, tiene que pedirle presupuesto al procurador Casal y tiene que justificarlo. Esa justificación puede ser una suerte de revelación indirecta del motivo de la causa que están investigando y así se podría averiguar de antemano qué es lo que los fiscales federales están investigando. En verdad, la Procuración es la que le puede llegar a pedirles explicaciones a sus fiscales sobre qué pesquisa requiere presupuesto.  

Lo curioso del acuerdo es que se justifica de este modo: "Es función esencial del MPF promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República . En materia criminal, al MPF le corresponde ejercer la acción penal pública. En ese marco, resulta fundamental para el MPF el acceso a la utilización de herramientas tecnológicas de investigación criminal que permitan una persecución mas moderna y eficaz de los delitos complejos. En razón de lo expuesto, las partes deciden suscribir el presente Convenio, a los fines de incorporar como usuario adherente de los Laboratorios Forenses de la Provincia de Santa Fe al MPF".

Curiosamente lo que antes era gratis y de acceso libre, ahora está normatizado, para que nada se salga de cauce. Esta parece ser la lectura más directa que en voz baja comparten los fiscales que se han destacado por sus investigaciones federales. 

En el MPA santafesino, las voces aseguran que el convenio tiene un mentor: un fiscal golpeado por una causa judicial, que hasta llegó a pedirle al fiscal general que saque un decreto para que los federales paguen sus pericias al Organismo de Investigaciones. Sin embargo, el fiscal general decidió no pagar costos solo y le llevó el acuerdo al Procurador nacional, que no vio con malos ojos el convenio. Para terminar así con las sorpresas desagradables.