Un día después de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del Partido Popular (PP), fuese arrestado en el marco de una investigación por corrupción en la empresa pública de agua Canal de Isabel II, la imagen del gobierno español volvió a verse ayer sacudida por una serie de noticias vinculadas a presuntos casos de corrupción en las más altas instancias del PP.
En un mismo día coincidieron la declaración en los juzgados de Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del partido, la sospecha de que el gobierno intentó frenar las investigaciones y los registros de la Guardia Civil en grandes constructoras por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. Los tres frentes coparon los medios después de la detención de González, sospechoso de desfalco, y dos días después de que el propio Mariano Rajoy fuese citado a declarar como testigo en un macrojuicio de corrupción: una “semana negra” para el partido, resumió la prensa.
“Todo esto llega cuando el PP y sus dirigentes pretenden hacer creer a la sociedad que se ha pasado página de la corrupción. Pero mientras sigan apareciendo casos como el de ayer es imposible que esa idea cale en los ciudadanos”, comentó ayer el diario El Mundo en un editorial sobre la detención de González. Según El País, “en La Moncloa y el PP viven esa situación muy incómodos y molestos por la pérdida de una gran oportunidad política: la que podría plantear al gobierno la buena marcha de la economía y la debilidad de una oposición dividida”.
Poco contribuyó al lavado de imagen del PP la escena con la que desayunaron muchos españoles: la de Aguirre ingresando en los juzgados entre gritos de “choriza” (ladrona) para declarar como testigo en el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de las últimas décadas en España. También el presidente Rajoy fue citado el martes a declarar en el mismo caso, un macroproceso con diversas piezas en torno a la presunta financiación ilegal del PP a través de una red de empresarios y políticos del partido en Madrid y Valencia. Tanto Aguirre como Rajoy acuden sólo en calidad de testigos y ninguno de los dos está siendo investigado.
Al salir del juzgado, la gran referente del PP de Madrid fue consultada por la situación de González, su antiguo hombre de confianza y sucesor al frente de la Comunidad de Madrid en el 2012, detenido como sospechoso de liderar una trama corrupta que desvió fondos de la empresa de aguas públicas Canal de Isabel II. “A lo largo de toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público”, respondió Aguirre. “Y jamás nadie ha podido acusarme de haber hecho algo incorrecto. Por tanto para mí lo de Ignacio González sería muy lamentable”. Política de carácter duro, la madrileña pronunció esas palabras quebrada y al borde del llanto, un reflejo de la presión que vive el PP.
Otra situación que planteó ayer consecuencias inmediatas para el gobierno y el PP fue que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, puso al parecer en duda las investigaciones que derivaron en la detención de González e intentó frenar los registros, según fuentes de la propia fiscalía. Ese supuesto intento indignó a todo el arco opositor. Los socialistas del PSOE, el partido de izquierda Podemos y los liberales de Ciudadanos solicitaron la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Ignacio Zoido, para aclarar el papel del fiscal Moix. “Es extremadamente grave que los fiscales que tienen que investigar un delito tengan instrucciones para no hacerlo”, sostuvo Albert Rivera, líder de Ciudadanos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideró gravísimas las sospechas de que el gobierno intentó ayudar a González. “No se puede permitir que el PP, el partido más corrupto de Europa, siga gobernando”.
En medio de la tormenta, el PP ofreció una imagen de serenidad. “La ola de noticias sobre corrupción prueba una Justicia que funciona, es independiente y puede tardar más o menos, pero al final llega”, dijo en Radio Nacional el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo. “El PP está comprometido de manera radical y absoluta en la lucha contra la corrupción”.
A su vez, mientras Aguirre aún testificaba en la corte, la Guardia Civil registró la sedes de las constructoras OHL, Indra y Saerco en busca de pruebas de la financiación ilegal del PP de Madrid dentro de la misma investigación que llevó a detener el miércoles a González y otras 11 personas. En ese operativo policial, bautizado Lezo, fue también detenido el hermano del ex presidente madrileño y su supuesto testaferro, Pablo González, director de Estrategia y Planificación de la empresa pública Mercasa, quien está en el centro de otra operación judicial lanzada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el sobreprecio en contratos públicos a cambio del supuesto pago de comisiones. Por esa causa, fueron imputadas una decenas de personas implicadas en una operación para montar un mercado mayorista en la capital de Angola, Luanda, por más de 500 millones de dólares.
El nexo entre ambas actuaciones judiciales es Ignacio González y la conexión de los implicados con investigaciones previas deja entrever la existencia de una trama corrupta en las entrañas del PP de la comunidad de Madrid, cuya actual presidenta, la también conservadora Cristina Cifuentes, fue citada a declarar el miércoles como testigo.
Por otro lado, el consejero Salvador Victoria, quien ejercía la presidencia del Canal en el momento en el que se produjeron los hechos investigados por el juez Eloy Velasco, está imputado en el caso Púnica, una trama de corrupción municipal y regional vinculada al PP de Madrid que adjudicó contratos públicos por 250 millones de euros a cambio de comisiones. En el 2016, el mismo magistrado ya había ordenado una operación policial en el contexto de la investigación Púnica contra la empresa pública de agua por facturas emitidas por un millonario contrato de publicidad que podrían ser falsas y cubrir un desvío de fondos.
