Mauricio Macri debió haber frenado la publicación de su libro, al menos en lo referente a la cuestión judicial. Sucede que el corazón del texto es que el expresidente dice y repite hasta el cansancio “nunca tuve nada que ver con lo que se hacía en Comodoro Py”. El tema es que después de mandar el libro a imprenta se supo, por ejemplo, que el titular de la Casación, Gustavo Hornos, visitó a Macri en la Casa Rosada seis veces, siempre ante fallos importantes contra opositores. Y ahora, la juez María Romilda Servini acaba de llamar a indagatoria al operador judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón: resulta que hubo 59 llamadas del operador -que no tenía cargo alguno- al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosencranz, otras 17 al ministro del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y 38 más a Gabriel Bouzat, socio de Rosencranz en su estudio. Las 28 páginas del capítulo naufragaron antes de llegar a las librerías, porque quedó ratificado lo que ya se sabía: Macri encabezó un mecanismo y hasta una mesa judicial que se ocupó de usar la justicia para perseguir opositores.
Sin asombro
Como en todo el resto de Primer Tiempo, el título del libro, Mauricio Macri se concentra en el capítulo 6 en denostar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a lo que denomina el kirchnerismo, que en verdad es el peronismo porque se refiere despectivamente a todos los gobernadores. La base del razonamiento es: “el peronismo me dejó un desastre en todos los órdenes y yo luché contra eso”. Lo que hunde ese argumento es que Macri empeoró absolutamente todos los indicadores: con él en la Casa Rosada hubo más inflación, más desocupación, más pobreza, más deuda. No hay un número, ni uno solo, que haya mejorado.
Y eso mismo ocurrió con la justicia, la seguridad y la inteligencia. Sostiene, por ejemplo, “terminamos con una Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reconocida a nivel mundial, un cambio impresionante con respecto a la situación anterior”. Nada permite verificar semejante afirmación.
A primera vista, alguien podría diagnosticar que hay una desconexión con la realidad, sabiendo que las autoridades y directores de la AFI están imputados por causas en las que se investiga el espionaje ilegal, no sólo a opositores, sino también a dirigentes del PRO, a la propia hermana de Macri, Florencia, a las personas detenidas en el penal de Ezeiza, incluyendo a sus abogados y sus parejas y que en el expediente de Dolores, instruido por Alejo Ramos Padilla, se estableció que el falso abogado Marcelo D’Alessio extorsionaba y armaba causas judiciales falsas, subcontratado por la AFI. Desde la agencia de inteligencia se le escribía el guión a los arrepentidos y se le entregaban grabaciones ilegales a los programas de radio y televisión adictos.
Al pasar y sin darle mucha importancia, el expresidente menciona que “eso no impide que si existieron entre el personal ya existente de la agencia empleados con agenda y kioscos propios, no fueron conocidos durante la gestión”. Pasa por alto que los integrantes de Super Mario Bros, el grupo que espió a opositores y oficialistas, estaba integrado por policías de la Ciudad, trasladados a la AFI por el gobierno de Macri: o sea, era personal propio, llevado por el propio macrismo al lugar en el que hicieron el trabajo sucio, bajo las órdenes de Alan Ruiz y otros directores de la AFI, que no venían de gestiones anteriores, sino que eran propios.
Maldonado
La idea de que el análisis de Macri está descolgado de la realidad se reafirma con el texto sobre la desaparición de Santiago Maldonado. El expresidente dedica largos párrafos al caso y dice que cuando se conocieron los resultados de la autopsia se sintió “aliviado”, porque -según él- se demostraba que la Gendarmería no tuvo responsabilidad. “La imagen pública de la Gendarmería aumentó de forma impresionante”, redondeó Macri.
Lo que está probado es que la Gendarmería hizo un operativo ilegal: la ruta estaba despejada y sin orden judicial ingresó en el Pul Lof Cushamen, corriendo al grupito de integrantes de la comunidad mapuche. En ese marco, es obvio que Santiago Maldonado no se tiró al agua para darse un baño sino porque lo perseguían, lo que sigue dejando la imputación por homicidio del lado de los gendarmes. En paralelo, Macri no dice ni una palabra del caso Rafael Nahuel en que la pericia ya determinó que la bala que mató al joven mapuche salió del arma del integrante del Grupo Albatros de la Prefectura, Sergio Cavia.
Demonios
“Nunca demonicé a los jueces de Comodoro Py como hizo el gobierno anterior”, se ufana asombrosamente Macri. La referencia es al caso de los Panamá Papers en que, como siempre descargó la responsabilidad en Franco Macri, su padre: “en una sociedad en Bahamas, mi padre me incluyó sin mi consentimiento y yo no tuve ninguna participación”.
Es obvio que el establishment brasileño no demonizó al juez Sergio Moro por encarcelar a Lula; ni la derecha ecuatoriana demonizó a los jueces por perseguir a Rafael Correa, ni la derecha boliviana demonizó a los magistrados que legalizaron el golpe de Jeanine Yañez y luego impidieron cualquier candidatura de Evo Morales. De eso se trata justamente el lawfare: está cantado que no van a demonizar al aparato judicial que ellos mismos utilizan contra cualquier fuerza que no siga la receta neoliberal.
De todas maneras, una cosa es el discurso y otra la realidad. En el mismo texto despotrica contra el fiscal Federico Delgado porque insistía en la televisión con los Panamá Papers y una enorme red de empresas off shore de la familia Macri. Hasta el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el Süddeutche Zeitung, que fueron los que difundieron la filtración del estudio Mossak-Fonseca, criticaron la cobertura light y favorable a Macri de la alianza político-judicial-mediática alineada con Cambiemos y con sede en Comodoro Py.
Pero al mismo tiempo, el exmandatario se elogia a sí mismo por haber impulsado el desplazamiento de Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero que no votaron lo que quería Macri, en el caso del Memorándum con Irán y cuando sostuvieron que no correspondía la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del grupo Oil-Indalo. Sí, entonces, estaba bien demonizar a cualquiera que se apartara de la doctrina (Martín) Irurzun, apadrinada por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de dictar prisiones preventivas que, por supuesto, fueron todas contra los opositores.
Sin marcha atrás
El tramo final del capítulo sobre la justicia está dedicado a la corrupción y le da el título Sin marcha atrás. La referencia es que el gobierno de Macri estableció normas para evitar los casos de corrupción y que de eso no hay marcha atrás. La prueba que presenta es que en los rankings de transparencia, la Argentina mejoró varios puestos, rankings confeccionados por fundaciones alineadas con Cambiemos.
Como es de imaginar, no hay una letra sobre el escándalo de los Parques Eólicos, en que el grupo Macri, a través de una sociedad armada en Luxemburgo y controlada por Gianfranco Macri, se quedó con 70 millones de dólares en un simple pase de manos ilegal. Tampoco hay referencia alguna al negociado de los peajes, en que se le otorgaron 500 millones de dólares a las empresas de autopistas, entre ellas del propio Macri, y se les extendieron las concesiones, sin licitación, por otros diez años. El caso del Correo se define sólo: es el concurso más largo de la historia argentina y el Grupo Macri no sólo no pagó una deuda de 20 años, sino que está acusado de vaciamiento y de intentar un grosero acuerdo perjudicial para el estado, en acuerdo con el gobierno de Macri. Quedó a la vista: el presidente de los dos lados del mostrador.
El expresidente menciona que, gracias a su gobierno, hubo muchos oferentes en la obra pública y en las ventas del estado, sin poner ni un solo ejemplo. Lo cierto es que la obra pública estuvo casi paralizada, a tal punto que el expresidente quiso hacer una inauguración por día en su campaña de los últimos 30 días, pero no pudo. Las pocas inauguraciones que concretó eran show, tramos sin terminar. El único distrito con obras fue la Ciudad de Buenos Aires, donde se privilegió a empresas vinculadas al macrismo, y cuando se pusieron en venta predios valiosísimos en el Barrio Parque o en Catalinas, al lado de Puerto Madero, se presentaron sólo una o dos sociedades, siempre vinculadas al macrismo.
El mayor escándalo de todas maneras no figura como caso de corrupción. Es el que ahora se está profundizando: el descomunal endeudamiento y la fuga de los fondos al exterior, todo sin autorización del congreso, sin que existan los dictámenes exigidos legalmente en el l Ministerio de Economía y en el Banco Central. La Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Crous, acaba de pedir que la justicia ordene el levantamiento del secreto bancario y que se sepa a qué cuentas fueron a parar los miles de millones de dólares de ese endeudamiento. Como en todo lo demás, en apenas dos páginas y en otro capítulo, Macri le echó la culpa a los opositores.
