Un informe de expertos de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (Ciaia), del Ministerio de Defensa de Uruguay, reveló ayer que la avioneta que cayó hace más de dos años en Punta del Este y causó la muerte de diez personas –nueve argentinos y una portuguesa– “no estaba habilitada para realizar vuelos contratados”, fue modificada para trasladar a más pasajeros de los que estaba autorizada, los pilotos no estaban capacitados para volar la nave y eran presionados por el dueño de la empresa para hacerlo. Las autoridades aéreas de la Ciaia tuvieron acceso a los videos del Aeródromo de San Fernando, del cual despegó la avioneta el 19 de marzo de 2015, en los que se puede ver cómo se reconfiguró la nave para ubicar a ocho pasajeros, a pesar de que la autorización permitía sólo seis.
El avión bimotor Beechcraft Kin Air B90, en su mayor parte perteneciente a la empresa Droguerías Meta SA, despegó de San Fernando cerca de las 8.20 de la mañana. A bordo se encontraban los pilotos Luis Pivida y Diego Chiaradía, además de los ocho pasajeros, todos empleados de la empresa La Rural SA. Una hora más tarde aterrizaron en el Aeropuerto de Laguna del Sauce, ubicado en Punta del Este, Uruguay. Durante todo el día trabajaron en la ciudad balnearia, en la supervisión de los trabajos que se estaban realizando para instalar un centro de exposiciones. A las 20.38, el avión volvió a despegar del mismo aeropuerto para volver a Buenos Aires, pero a los pocos segundos se estrelló en la Laguna del Sauce, ubicada al pie de la pista. La aeronave se incendió y todos los que viajaban en ella murieron.
La investigación de la Ciaia señala que las causas fueron múltiples: “la aeronave no cumplió con el perfil recomendado por el fabricante para el despegue en cuanto a sus velocidades y régimen de ascenso”; “no se cumplió con lo estipulado por el fabricante en lo que hace a la operación y limitaciones de la aeronave”; tampoco cumplía “con las Reglamentaciones Aeronáuticas”, debido a que “no estaba habilitada para realizar vuelos contratados”; y el “mantenimiento era inadecuado”.
Por otro lado, el informe advierte que los pilotos no tenían una habilitación adecuada para volar ese tipo de aeronaves, y que sufrían “presiones de los dueños del avión para realizar los vuelos”, motivo por el cual estaban “cansados y estresados”. “El piloto hacía mucho tiempo que no volaba este modelo de Beechcraft (la última vez había sido en 1997), ya que estaba acostumbrado a volar jets ejecutivos”, dice el documento. Similar era la situación del copiloto, que “no poseía experiencia en el modelo de aeronave accidentada y estaba pasando apremios económicos”. “La actuación y conversaciones telefónicas de los pilotos indicaban que su conocimiento y comprensión de los sistemas y la operación de la aeronave no eran los adecuados”, detalla el informe, y agrega que “era el primer vuelo que hacían en horario nocturno en esta aeronave”.
Los libros de viajes y las cámaras de seguridad del Aeródromo de San Fernando fueron dos elementos claves para la investigación. En los libros está registrado que la avioneta había sido contratada para realizar un vuelo desde La Plata hacia San Luis el día 19 de marzo, para luego volver a San Fernando. Por motivos que aún se desconocen, ese viaje fue suspendido, o reemplazado por el vuelo al Aeropuerto de Laguna del Sauce que terminaría en la tragedia.
En las filmaciones se puede ver que la avioneta de matrícula LV-CEO estuvo en la pista a punto de despegar hacia La Plata a las 6 de la madrugada de ese día, pero un llamado de urgencia obligó a los pilotos Pivida y Chiaradía a detener el motor, bajar a los pasajeros y volver al hangar. La imagen del video muestra que un tractor remolcador llevó a la nave al hangar a las 6.31, y fue entonces cuando se le realizó una modificación para ampliar su capacidad de seis a ocho pasajeros. Pasadas las 7.17, el Beechcraft ya estaba de vuelta en la plataforma de despegue. La investigación determinó que al momento del accidente, la avioneta tenía un exceso de 136 kilogramos sobre el máximo permitido, y los pilotos carecían del período de descanso adecuado.
Los resultados del informe coinciden en varios aspectos con la investigación que hace más de dos años impulsan los familiares de las víctimas. “En nuestras investigaciones privadas llegaron a la conclusión de que el avión no tenía que haber estado en vuelo porque no estaba habilitado para hacer vuelos comerciales”, aseguró uno de los abogados de las familias, Javier Salerno. Por su parte, Viviana Alonso, esposa de Mario Bara, uno de los pasajeros muertos en el accidente,insistió: “Sin negar que fue tragedia, que es parte de la fatalidad o del destino, le exijo a la Justicia argentina y a la Justicia uruguaya que nos den un informe de todas las irregularidades que hubo en este caso, saber quiénes fueron responsables de cada una de ellas y sentar un precedente a partir de esto”.
