El futuro inmediato de Vicentin –o su final– solo guarda la incógnita de lo que pueda llegar primero: la quiebra en el aspecto civil y comercial, o el procesamiento por estafa a sus directivos, en la faz penal. En uno u otro expediente, solo aparecen malas noticias. Por eso esta semana la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un mensaje a los Ejecutivos de Provincia y Nación para que intervengan y le den "una salida política" al desfalco más ominoso de la historia santafesina. Y en el concurso, los veedores apuntaron a otro gato encerrado: las pólizas de seguro que la compañía agroexportadora contrataba y que ahora se sospecha que pudieron servir como otra formar activos en el exterior entre otras maniobras posibles. Esta semana se espera que el propio presidente Alberto Fernández responda por escrito un requerimiento del fiscal penal rosarino Miguel Moreno, en el marco de la investigación abierta a partir de las denuncias de acreedores comerciales y el comité de bancos extranjeros por delitos como estafa yl falsificación de balances.
El juez de la convocatoria, Fabián Lorenzini, había considerado –en una resolución del 10 de enero pasado– la necesidad de indagar en la posible subvaluación o sobrevaluación de las primas, premios y pólizas de seguros que Vicentin SAIC venía pagando a distintos brokers por numerosos conceptos y riesgos varios (propiedades, seguros de vida, ART, vehículos, mercaderías en tránsito, en almacenaje, etc). Sin embargo, el magistrado –polémico por sus decisiones que los acreedores consideran favorables al directorio de la concursada– no hizo nada respecto de su propia resolución.
Fueron los veedores externos Sergio Arelovich y Juan José López Forastier quienes hace diez días alertaron y le encomendaron a Lorenzini eso mismo: que investigue la posibilidad de que la alteración de los montos pagados por seguros sea otra forma en la que el directorio pueda contribuir al vaciamiento de la empresa, en perjuicio de los acreedores.
"Es increíble que no se haya puesto atención antes en esta cuestión. Los veedores le dicen al juez la necesidad extrema y urgente de realizar un pormenorizado análisis sobre la cuestión que hace a todos los seguros de la concursada. No tengo cifras, pero debe ser sideral lo que Vicentin pagaba o paga por seguros", sintetizó el abogado rosarino Gustavo Feldman, representante legal de acreedores de la convocatoria.
Los veedores le hacen notar al juez que el análisis de los seguros no está incluido en el plan de trabajo de los auditores forenses de toda la contabilidad de Vicentin. "Evidentemente, los veedores ya advirtieron algo grave para sugerirle al juez que revise, e incluso sugieren que sea un auditor externo privado, ajeno a la provincia de Santa Fe", agregó Feldman en declaraciones a radio Sí 98.9.
En el aviso al juez los veedores argumentan "la protección patrimonial de activos de la concursada, en la defensa de la totalidad de los puestos de trabajo y velando por la integridad del derecho de los acreedores. Ello sin descartar la existencia de una eventual comisión de delitos penales de acción pública".
"Lorenzini está al borde del incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, porque el 10 de enero ordenó una cosa y está haciendo otra. Está al filo del Código Penal", se escandalizó el abogado acerca del juez de Reconquista.
Feldman reveló que esta semana el presidente de la Nación respondería un requerimiento del fiscal Moreno en la causa penal por estafa, sobre la construcción de sellos para tomar deuda, en beneficio de Vicentin en la gestión anterior del Banco Nación. "Si el Presidente ratifica que los directivos le dijeron eso en diciembre de 2019, ya tendremos configurado un elemento de la estafa. Creo que en 30 días empezarán las audiencias imputativas", aventuró el abogado.
La situación es apremiante. La Cámara de Diputados aprobó unánime este jueves una declaración presentada por el titular de la comisión de seguimiento de la causa Vicentin, Luis Rubeo, en busca de preservar la fuente laboral, evitar la extranjerización de la empresa y la estafa a la banca pública. “La decisión para salvar la empresa tiene que ser estrictamente política. Es fundamental que se involucren el Estado provincial y el nacional. El gobernador y el presidente deben asumir que la única salida es política. Es indispensable que se corra al directorio actual de Vicentin, ya que nadie cree que puedan hacer negocios sustentables y nadie le dará ni dinero ni granos a estas personas que no pueden demostrar por qué siguen faltando 1400 millones de dólares”, dijo el diputado al referir la dimensión del default declarado en diciembre de 2019.
