La justicia de Bolivia elevó de cuatro a seis meses la prisión preventiva que deberá cumplir la expresidenta de facto Jeanine Áñez mientras se investiga su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. La medida también rige para sus exministros de Justicia y Energía, igualmente detenidos. Áñez se encuentra bajo supervisión médica por un cuadro de hipertensión. La exmandataria de facto iba a ser llevada a una clínica para que se evalúe su estado de salud por pedido de su defensa, pero un juez revocó el traslado y decidió reubicarla en la cárcel de Miraflores. El ministro de Justicia Iván Lima aseguró este domingo que allí "se le ha garantizado toda la infraestructura médica".
"La modificación del lapso de la detención preventiva de los tres coimputados que se ha señalado primigeniamente de cuatro meses, se determina seis meses de investigación en esa condición de detenido preventivo", señaló Willy Arias, vocal a cargo de la audiencia de la Sala Penal Segunda de la ciudad de La Paz. Arias explicó que la determinación de que la expresidenta Áñez y los exministros Rodrigo Guzmán y Arturo Coimbra permanezcan en la cárcel está justificada en que se considera que existe probabilidad de autoría y porque existen riesgos procesales que "ameritan la extrema medida de la detención preventiva".
El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, indicó en una rueda de prensa posterior a la decisión judicial que "no les sorprende" el aumento de la condena ni la desestimación de la acción de libertad para que Áñez pudiera ser trasladada a un sanatorio. Desde la puerta de la cárcel y tras conocer la decisión de aumentar el tiempo de prisión preventiva, la hija de Áñez, Carolina Ribera, afirmó que seguirá intentando que su madre salga de la cárcel para ser atendida en un centro médico. "No vamos a descansar hasta verla libre a mi madre. No vamos a descansar hasta que ella pueda ser asistida en una clínica por parte de especialistas", dijo a la prensa local.
La expresidenta, que fue detenida en la madrugada del sábado 13 de marzo, había sido enviada a la cárcel de Obrajes luego de una audiencia cautelar que determinó que debía permanecer cuatro meses en un centro penitenciario, mientras se llevaba adelante la investigación por el golpe contra Morales tras las elecciones del 2019 y en medio de acusaciones de fraude motorizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El viernes por la noche se anunció que Áñez sería llevada a una clínica para ser revisada por su elevada presión arterial y, en cambio, fue trasladada de la cárcel de Obrajes a la de Miraflores, donde, según el gobierno, existe "toda la infraestructura médica" para monitorear su estado de salud. La exmandataria habría iniciado además una huelga de hambre contra su prisión preventiva, un dato que nunca se confirmó oficialmente.
El juez Armando Zeballos dispuso que personal del Instituto de Investigación Forense o profesionales de la salud acudan al penal para evaluar allí su estado. "Desde que el juez dio la orden, ya destinamos a dos médicos mujeres y a un médico especialista para que la atiendan", sostuvo el ministro de Justicia Iván Lima.
En cuanto a la decisión del traslado, Lima precisó que "las condiciones que otorga Miraflores se prestan para dar una mejor atención" y agregó en entrevista con El Deber Radio que ya está garantizado "que puedan visitarla todos los organismos de derechos humanos y también la familia".
