La incursión ilegal de la policía provincial en la Universidad Nacional de Jujuy en la madrugada del jueves pasado derivó finalmente en la renuncia del jefe y del subjefe de esa fuerza, comisarios generales Aldo Abel Soles y Natalio Ruiz, que el gobernador Gerardo Morales aceptó el miércoles por la noche. La renuncia de Soles había sido pedida por la Federación Universitaria de Jujuy (FUJ), que también exigió la separación del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a quien Morales ratificó en su cargo luego de que admitiera que sus subordinados “actuaron mal”.

Soles y Ruiz habían sido designados apenas asumió la Alianza Cambiemos en Jujuy. El primero fue quien en conferencia de prensa aseguró que las detenciones de los estudiantes se habían ejecutado afuera del predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, falacia que refutaron los videos que muestran a los policías ingresando al campus universitario y llevando en andas a los estudiantes. También fue quien intentó justificar la incursión nocturna invocando leyes provinciales, afirmación que desmintió el propio Morales, quien la calificó como un error de interpretación. Medios jujeños informaron que su posible sucesor es el comisario mayor Guillermo Ernesto Corro, ex titular de prensa de la policía, quien integra el grupo de trabajo del secretario de Seguridad, Miguel Singh.

La FUJ había pedido el lunes las renuncias de Meyer, de Singh, del juez contravencional Rubén Rafael Rodríguez y del director de Juventud, Matías Rivera, a quien acusó de estigmatizar a los estudiantes y justificar el operativo policial en la supuesta ingesta de alcohol. Meyer se esmeró en explicar lo inexplicable, habló de un llamado al 911 que “denunciaba desmanes”, dijo que no se puede “expender bebidas alcohólicas” en un predio educativo, que “hubo actuación en el marco contravencional”, para finalmente admitir que “actuaron mal, la policía no debía haber ingresado, ni con permiso de los estudiantes podría haber entrado”, y anunciar que se había “separado y sumariado a tres funcionarios policiales” de quienes no trascendieron los nombres. Para Morales la explicación fue suficiente ya que horas después anunció su ratificación en el cargo.

El operativo que derivó en la renuncia de los jefes policiales ocurrió el jueves pasado a las dos de la mañana, cuando una docena de agentes sin identificación y con armas largas patearon un portón y entraron a un campus de la Facultad donde se hacía un asado de bienvenida a nuevos alumnos. Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, fue el primer detenido, por preguntarle a los incursores si tenían orden judicial. Ya en la seccional, por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Quispe y su compañero Ignacio García fueron liberados tras la intervención del decano de Ciencias Agrarias, Mario Bonillo, quien se acercó a la sede policial acompañado por un abogado.

El repudio generalizado a la detención incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la radical Franja Morada, que pidió que “el o los responsables de este irregular accionar sean sancionados”. Tres días después Morales pidió disculpas y dijo que como ex militante de Franja Morada le avergonzaba que esto hubiera ocurrido en su gobierno.

Dirigentes de la Conadu-Histórica se hicieron presentes en Jujuy para repudiar la represión y las detenciones ilegales. El secretario general Luis Tiscornia, el adjunto Antonio Roselló y el secretario gremial Sergio Zaninelli reclamaron una investigación profunda. “No puede ser que la policía como fuerza del Estado actúe como si fuera una banda, eso sólo puede existir si hay un aval político”, advirtieron.