La destitución de Alejandro Cacetta como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y las infundadas denuncias de corrupción lanzadas contra él y Pablo Rovito –rector de la Escuela de Cinematografía (Enerc)– pusieron en alerta a todo el cine nacional que contestó con una gran movilización de los directores, productores, actores, técnicos y estudiantes de cine. No era para menos porque se vulneraba la autarquía del Incaa y se intervenía –de hecho– la Enerc, con el agravante que el gobierno esta estudiando cambios tendientes a reducir el Fondo de Fomento Cinematográfico.

Por cada espectador que compra una entrada, el 10 por ciento va a un fondo de fomento cinematográfico. Sin embargo, el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero y el gobierno de Cambiemos se lo quiere apoderar y/o reducirlo a favor de las televisoras. La gestión de Macri se ha caracterizado desde el comienzo de su gestión en hacer caso omiso a la Constitución, modificar importantes leyes nacionales por decreto –como sucedió con el decreto 267/2015 que derogó la Ley de Servicios de Comunicación– y reducir las retenciones a la minería y a la soja.. 

Ahora arremete contra la autarquía del Incaa y la ley del Cine. Una vez más, Cambiemos impulsa reformas express en el Congreso, poniendo en riesgo el cine nacional y la historia viva de nuestro país. La nueva ley de convergencia que el Poder Ejecutivo pretende vehiculizar transforma a parte de las radiodifusoras en titulares de TICS –transmisoras de datos– y deja sin efecto el impuesto que sostiene al cine nacional que es utilizado para solventar créditos y subsidios a las películas nacionales, las escuelas de cine y la difusión en el extranjero. 

Hay dos aspectos que le dan origen a esta problemática, por un lado la violación o la agresión institucional de un ente autárquico como es el Incaa que se logró gracias a muchos años de luchas y reclamos de un cine cansado de que el Poder Ejecutivo le metiera la mano nombrando como jefe del instituto a un amigo del Presidente. Por otro lado, que se haya puesto en tela de juicio la reputación de funcionarios surgidos por consenso de la industria y concurso público.

El cine se sustenta de la propia actividad audiovisual sin restarle recursos a otras áreas del Estado. Más claro: el cine nacional se autofinancia, no le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Gracias a esa autarquía, el cine argentino es motivo de orgullo y la Enerc, puede continuar con la formación de nuevos profesionales en todo el país. Los pueblos que no construyen sus propias imágenes, no tienen autodefensa y pueden ser borrados del planeta. 

La cinematografía argentina es una de las diez más importantes del mundo y es espejo del alma de este país. Cambiemos no puede mirar al cine como una unidad de negocios y por eso vamos a defenderlo a capa y espada. El cine debe ser una cuestión de Estado que proteja nuestra industria cultural y no una mercancía más. La Cultura no se toca.

* El autor es director de cine. Senador nacional Proyecto Sur.