Marzo 2020. Cerca de la 1 de la madrugada recibo un mensaje: “se derogó el DNU”. Dudé. A horas de la mañana circula el Boletín Oficial, las voces y las versiones. Después de varias manifestaciones, de pérdidas irreparables por Covid-19, retorna al pecho un poco de ese aire de justicia colectiva-comunitaria. Están centenares de acciones, asambleas, pedidos de informes, comedores, redes que nos sostuvieron. Están ellas. Algunas, llevan residiendo más tiempo en Argentina que en su lugar de origen. Urbanizan barrios, abren comedores, copas de leche, siembran semillas, cosechan alimentos, realizan talleres familiares o llevan a cabo tareas del cuidado en sus casas, las casas de otras, y cuidan a sus personas y también a otras. Ellas arman redes, están en territorio, alimentan, cosen y limpian.

En enero de 2017 se promulga el DNU/70. No había Necesidad, No existía una Urgencia. Quizás era de suponerse que la hermenéutica de la “sospecha, peligro, duda y culpa” se atribuiría a determinados cuerpos y la persecución sería colocada en mujeres, travas, trans, lesbianas, racializadas. Es más, la sospecha y persecución, sin importar si sos argentinx, también giraba en torno de las personas con ascendencia indígena-marrón o afro/negra que son argentinxs. Durante 2018 se lanza un aplicativo para celular a fin de denunciar alguna irregularidad migratoria y también se pone en marcha el sistema RADEX. Sin embargo, en febrero de 2019 se visibiliza el caso de Vanesa Gómez Cueva y con ella las expulsiones compulsivas, y pasando por alto los derechos contemplados en la Ley Migratoria 25.871, la superioridad del niño, la reunificación familiar.

La vigencia del DNU/70 fue una “arquitectura” entramada antes y durante su implementación para volver a utilizar el mismo discurso retórico, securitista, racializando las migraciones. Volvía a aparecer en escena la tríada “ilegalidad, invasión e inseguridad”, y cuyo costo fue alto en términos económicos y humanos. ¿Era posible creer (aún) que aquel sector inserto en la economía popular invadía y coartaba la legalidad?, ¿era posible sospechar de las mujeres que trabajan más de 12 horas limpiando casas, cuidando personas -además de la propia-, sin aportes ni cobertura social?

Arranca el 2020, inestabilidad económica, emergencia alimentaria, emergencia sanitaria por Covid-19 fueron cruciales en la vida de las personas migrantes, en particular de las mujeres trans, travas, lesbianas y les niñes. Las condiciones de vida agravaron la situación: comida, vivienda, salud y trabajo no eran opciones viables. En tiempos de la cuarentena, si no iban a trabajar no podían pagar alquileres, llegando a elegir entre comer y un techo que pagar para vivir. Teniendo vidas endeudadas y cuyo costo lo pagan ellas.

Durante los cuatro años que duró tal decreto puso en sospecha incluso al propio migrante. Detenciones arbitrarias y vigilancias localizadas. Recuerdo algún establecimiento escolar que a raíz de lo “dicho” en los medios, “había que denunciar”. Con buenas o malas intenciones, lo cierto era que esta medida ya estaba contemplada en la Ley de Migraciones, lo cierto es que generó secuelas en eses niñes que posiblemente son argentinxs. Recuerdo a las mujeres que trabajaban en casas particulares, hospitales, escuelas, las costureras, las verduleras, que residían más de la mitad de su vida, repetir una y otra vez “yo trabajo”, “aporto”, “tengo DNI”.

Recordemos que la judicialización porta un color, por lo tanto el acceso a la Justicia no es para todes.

Recordemos que la cadena de la economía solidaria, popular, las tareas de servicios sociales y salud, las endeudadas, tienen género y color.

*Integrante de la colectiva Identidad Marrón y de la Red nacional de migrantes y refugiadxs en Argentina.