A 45 años del último golpe cívico militar y a 38 del retorno de la democracia la huella del modelo económico y social impuesto por el régimen de facto que gobernó durante siete años la Argentina sigue impregnada en el digesto jurídico. El 10 por ciento de las leyes que hoy están vigentes fueron sancionadas entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Las normas que regulan la actividad de los bancos, algunas leyes clave del Código Penal, buena parte de los beneficios que ostenta la Iglesia y una porción de la regulación del comercio exterior, entre otras cuestiones que encorsetan las gobernabilidad, fueron pensadas y sancionadas por voluntad y decisión del último gobierno de facto en concomitancia con sus cómplices civiles. Si bien muchas de estas normas fueron puestas en debate y cuestionadas, en especial durante las últimas dos décadas, el Congreso nunca puedo extirpar del plexo normativo la matriz impuesta por el gobierno militar. Sacar la mano invisible de Martínez de Hoz de la legislación es una deuda pendiente. Cambiar las normas, para que cambien las relaciones sociales. La deuda es del Parlamento y de la dirgiencia política. El país espera hace cuatro decadas una democracia de pantalones largos que extienda los brazos de memoria, verdad y justicia sobre toda la legislación, para que los vencedores de un modelo de país construido a sangre y fuego de una vez por todas se somentan a las reglas emanadas de las voluntad popular.  

"Caducaron los mandatos políticos, se disuelve el Congreso y se remueve a los miembros de la Corte Suprema", decía el diario La Razón, uno de los más vendidos de la época, en la bajada del título de tapa en su edición del 25 de marzo de 1976. Fue el único diario que en su portada mencionó explícitamente que el Poder Legislativo había sido suprimido.

El 24 de marzo de 1976, unas horas más tarde de haberse consumado el golpe, una comitiva militar ingresó al Palacio Legislativo, tomó posesión del edificio y, en el mismo acto, sentenció la disolución del Poder Legislativo. Un mes más tarde, el 19 de abril, entraba en funcionamiento la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL). A través de ese organismo, entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 se sancionaron más de dos mil leyes, 469 todavía están vigentes.

Algunos de los empleados legislativos más viejos, sobre todo aquellos que ingresaron a trabajar en 1973, que aún transitan los pasillos del Congreso recuerdan con celosos detalles lo que se vivió puertas adentro del Palacio Legislativo por esos días. Del bullicio al silencio, de la discusión política a la negociación entre los representantes de las tres Fuerzas del Ejercito, de los trajes a los uniformes. La transformación en el paisaje cotidiano se vio reflejada el trabajo parlamentario. Convivir con el medio y la paranoia se hizo inevitable. Había empleados que tras salir del Congreso nunca llegaban a su casa, había llamados de familiares angustiados preguntando si alguien había visto algo. El dolor se hizo moneda corriente desde el primer día, cuando oficiales con listados se parapetaron en la puerta de acceso al Senado para comunicar quien podía seguir trabajando y quien no, hasta la última jornada, cuando las botas dejaron de marcar el paso dentro del recinto.

La CAL nació con el golpe y con la Junta Militar. El artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional estableció que “las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso serán ejercidas por el Presidente de la Nación” y “una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes”. No había discusión ni debate, sólo se planteaban las posiciones de los representantes de cada una de las Fuerzas sobre los asuntos a tratar. Nada quedaba archivado y lo poco que se guardaba fue destruido antes del advenimiento de la democracia. Tan sólo quedaron algunas versiones taquigráficas de las reuniones plenarias de la CAL y las copias de los proyectos de ley con la firmas de los ministros y presidentes que ocuparon el Poder Ejecutivo durante esos años.

El órgano pergeñado por la dictadura cívico militar para sancionar leyes tuvo peso y relevancia. En los hechos funcionó como un lugar de negociación, donde se podían resolver las disputas entre las tres Fuerzas Armadas y de las Fuerzas con las grandes corporaciones. Los únicos invitados a las reuniones plenarias de la CAL, que se desarrollaban en el edificio del Senado, eran empresarios o representantes de sectores económicamente poderosos. En ese contexto se construyó un marco normativo a medida de los grandes actores económicos de la época. El sitio lasleyesdeladictadura.com.ar desarrollado por los periodistas Gerardo Aranguren, Javier Borrelli y Luciana Rosende cuenta con el registro de todas las normas aprobadas entre marzo del 76 y diciembre del 83. Desde la primera, la habilitación para el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, hasta la última, el régimen de retiros del personal de la Prefectura Naval Argentina que fue sancionada el 9 de diciembre del 83 y publicada en el Boletín Oficial seis días más tarde, ya con Raúl Alfonsín como presidente.

Para dimensionar la importancia que tuvo el paquete normativo impuesto por la dictadura cívico militar, que la democracia aún no pudo desandar, sólo basta con mencionar algunas de las iniciativas aprobadas por la CAL como la Ley de Entidades Financieras, la ley de inversiones extranjeras, el código aduanero, la Ley Para el Personal de la Policía Federal , el Régimen Penal de Minoridad, el nuevo régimen de sostenimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana y la exención impositiva del impuesto a las Ganancias para los productores ganaderos, entre otras.

La última dictadura cívica militar fue la única en la historia argentina que creó un órgano especial para sancionar normas. La idea de reorganizar la Nación más allá del paso por el Poder. La intención de cincelar un plexo normativo a pedido del poder económico. Un cerrojo a la discusión por la redistribución de la riqueza y al cuestionamiento de los privilegios. Ni la Corte Suprema renovada tras el regreso de la democracia de la mano de Alfonsín en 1983, ni la Corte de la mayoría menemista de los 90 se animó a cuestionar la legitimidad de las normas sancionadas durante el gobierno de facto. La Corte alfonsinista sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaban supeditada tan sólo al reconocimiento explicito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera. En tanto, la Corte menemista fue un paso más allá y alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica.

 

La reforma constitucional del 94 le puso fin al libre albedrío de los supremos y dejó establecido la nulidad de lo actuado por todo gobierno de facto de ahí en adelante. Así las cosas, el futuro parece estar resguardo. Sin embargo, a 45 años del golpe y a 38 del regreso de la democracia el Congreso sigue sin saldar su deuda con la historia y parece resignado a convivir con legado normativo de Jorge Rafael Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz.