Si Estados Unidos reconociera la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional éstas serían pruebas contundentes de su complicidad con la preparación del golpe militar, porque ese país tenía informes que anunciaban "una represión sin precedentes". Esa capacidad de anticipar el futuro de Argentina frente a las huestes de Videla y compañía quedará para la historia. La reciente desclasificación de documentos de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires muestra el interés de los altos mandos de las Fuerzas Armadas por conseguir el consenso internacional para el golpe de Estado. En febrero de 1976, la embajada advertía que “el gobierno militar incurrirá en violaciones de derechos humanos” y el Departamento de Estado esperaba un “gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes”. 

Estos documentos, a los que accedió PáginaI12, son parte de una selección publicada por el National Security Archive (NSA) en Washington, que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comparte en el marco del convenio de cooperación entre ese organismo y la Universidad William & Mary. Pocos días antes del golpe, del que hoy se cumplen 45 años, los militares decían contar con diez países que reconocerían rápidamente la legitimidad del gobierno de facto, tal como surge de las reuniones entre funcionarios y agentes estadounidenses.

"El gobierno de Estados Unidos sabía que el ejército argentino planeaba cometer violaciones de derechos humanos durante un largo período, según sus propios cables de la Embajada. No hay indicios que los Estados Unidos incitaron el golpe, pero lo apoyaron, consideraban a Videla un moderado. La dictadura que se instauró victimizo directamente a decenas de miles, torturados, violados y un estimado de 30.000 desparecidos. El saber que tal vendaval se avecinaba salpica de responsabilidad al gobierno de Estados Unidos de la época", dijo a PáginaI12 desde Washington Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur de la NSA. "Las desclasificaciones han servido para poner la historia en su perspectiva justa en este día tan solemne en que se condena a los culpables y se conmemora a las víctimas", agregó.

Según esos documentos, los preparativos del golpe de Estado consistieron en mostrarse eficaces en la lucha contra el comunismo y proyectar una buena imagen internacional, el objetivo de la intervención militar y el plan de los primeros días de gobierno que mencionan, inicialmente, con el nombre de “intervención militar en el proceso nacional”. Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar. En paralelo a la diplomacia oficial, en los días previos al golpe de Estado, se menciona en los documentos desclasificados la visita de un senador republicano y un ex subdirector de la CIA, y las reuniones extraoficiales para lograr que altos mandos militares se encuentren con autoridades norteamericanas. 


Crónica de un golpe anunciado

El 14 de marzo de 1976 Raymond Molina --presentado en los documentos del FBI de esos días como un ciudadano estadounidense, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos en Cuba-- mantuvo una reunión con el General Alberto Dalla Tea, quien afirmó que, entre el miércoles 17 y el jueves 18, las Fuerzas Armadas argentinas derrocarían a la presidenta Isabel Martínez de Perón y que los militares mantendrían el control absoluto durante los primeros diez días del golpe. La información está contenida en un cable secreto que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina Robert Scherrer le envía al director del FBI el día siguiente a la reunión. La reunión entre Molina y Dalla Tea fue programada por el empresario y dirigente político Jorge Antonio, cercano a Juan Domingo Perón y enemistado en esos años con José López Rega. Según los mismos cables desclasificados, Jorge Antonio tenía la expectativa de “ser elegido presidente de un gobierno civil, que seguirá al golpe de Estado militar”. El mismo cable del FBI del 15 de marzo también aporta detalles del plan militar, indicios de lo que serían las principales líneas de acción de la dictadura: la persecución al movimiento obrero y el proyecto económico liberal.

“El general Dalla Tea le dijo a Molina que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar pero que estaban dispuestos a hacerlo”, transcribe el agregado legal de la Embajada. Y agrega: “[…] creen también que el gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión”. A la luz de los hechos, cumplieron sus objetivos: el 32 por ciento de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva del país quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas. Los documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) —archivo que gestiona la CPM desde el 2001— exponen la represión a trabajadores y trabajadoras. Aún antes de 1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones de inteligencia sobre los cuerpos de delegados del movimiento obrero.

De hecho, en mayo del 75 ya funcionaba el “acantonamiento militar de Campo de Mayo”, una coordinación de las áreas de inteligencia del Ejército Argentino y varias de las Delegaciones DIPPBA, en la persecución de obreros de la zona industrial del norte del conurbano de Buenos Aires donde se encuentran las mayores empresas industriales transnacionales y que tuvieron una gran cantidad de trabajadores desaparecidos. La información está en el documento de la mesa DS (delicuentes subversivos) que daba cuenta de las reuniones “tendientes a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas”.

Cívico-militar e internacional

En un teletipo también secreto enviado el 16 de marzo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada Robert Scherrer retoma la información obtenida por la fuente. En el documento se lee que, durante esa reunión del 14 de marzo, Raymond Molina enfatizó "la absoluta necesidad de que se lleve a cabo un programa de relaciones públicas bien preparado en Estados Unidos para contrarrestar cierta reacción desfavorable a un golpe de estado militar contra un gobierno constitucionalmente electo”. A las pocas horas, Molina recibió el mensaje de que el general Jorge Rafael Videla dio instrucciones para establecer contacto con el mayor general retirado del Ejército de Estados Unidos Daniel Graham “para explorar las recomendaciones sobre el aspecto de relaciones públicas del proyectado golpe de Estado”. En el mismo mensaje, Dalla Tea también avisaba que la fecha del golpe de Estado parecía que iba a pasarse para la semana siguiente. Graham había sido subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) entre 1973 y 1974 y luego director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), cargo que abandonó en diciembre de 1975.

El republicano Jesse Helms estuvo el 12 de marzo en Argentina junto a Graham y volvió meses después en una visita oficial: el 5 de julio Videla lo recibió en la Casa Rosada y allí señaló que representaba a un grupo de 17 senadores preocupados por el comunismo y que estaba visitando Argentina, Chile y Uruguay porque “sus gobiernos parecen compartir el deseo de pararse frente al comunismo”. El dictador argentino le dijo que compartía la preocupación y le regaló una edición del Martín Fierro.

El 18 de marzo, en un nuevo teletipo dirigido al director del FBI, el agregado legal dice que un oficial de rango del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino le indició que el golpe de Estado se dará el sábado 20 ó domingo 21. La fuente confidencial también le informa sobre otros detalles de la preparación del golpe: “El agregado militar superior argentino en cada embajada en todo el mundo ha recibido instrucciones de pasar por alto al embajador respectivo en cada país y presentarse ante el gobierno anfitrión, notificando que el gobierno de Perón será reemplazado por un gobierno militar. Esta notificación a los altos agregados militares argentinos en las distintas embajadas del mundo se programará para que el agregado militar superior tenga al menos doce horas de anticipación sobre la hora real del golpe de estado militar”. Scherrer agrega que “según un informe reciente emitido por el alto mando del ejército argentino, diez países ya informaron informalmente a los agregados militares argentinos en esos países que se otorgaría un reconocimiento inmediato a un gobierno militar argentino”.

El 20 de marzo, en un nuevo teletipo al director del FBI, el agregado legal de la Embajada en Buenos Aires informa que los militares argentinos “no consideran el derrocamiento del gobierno peronista como una revolución o un golpe de Estado en el sentido más estricto de estos términos, se refieren a sus acciones como una ‘intervención militar en el proceso nacional’”. 

Violaciones de derechos humanos

Si bien hay referencias anteriores, el primer informe sustantivo sobre un “posible golpe de Estado” en Argentina es de mediados de febrero de 1976. En un cable, el subsecretario de Estado William Rogers le advierte al secretario de Estado Henry Kissinger: “[…] al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que un gobierno militar argentino incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales. Esto podría llevar a presiones públicas y del Congreso de Estados Unidos que complicarían nuestras relaciones con el nuevo régimen". Sin embargo, en otro cable el propio embajador Hill reconoce que “la embajada ha indicado discretamente y a través de terceros a los militares que el gobierno de los Estados Unidos reconocerá un nuevo gobierno en Argentina”. El 23 de marzo en una nota al Consejo de Seguridad Nacional, Hill dice que Argentina está en un estado de cambio. Y agrega: “Argentina ha sido uno de nuestros principales interlocutores y es poco probable que esto cambie”. Lo que se avecinaba era un inédito despliegue represivo, pero los yanquis ya lo sabían.