Juan Carlos Reynaga, actualmente presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, habló sobre cómo afecta el patriarcado a la administración de justicia y de la necesidad de que en las universidades se dé perspectiva de género de manera transversal en todas las materias. Además, señaló que la Corte de Justicia de la provincia, debe prever un registro para los jueces con “prejuicios de género”, porque la imparcialidad de éstos es una garantía constitucional.
El juez habló con Catamarca/12 sobre lo que denominó el “derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencias”. “La violencia contra la mujer tiene una íntima vinculación con los derechos humanos y con lo que yo considero que todavía es una sociedad patriarcal. Esto parece ir decayendo y creo que además de por la fuerza de las mujeres, también es gracias a la nueva legislación que hay en materia de perspectiva de género y también en lo que es identidad de género”, señaló.
En este contexto, el magistrado se refirió a casos recientes que trascendieron en el ámbito nacional de jueces que incurrieron en violencia contra las mujeres: “En estos últimos días escuchamos algunos casos de magistrados que tienen prejuicios en contra de la perspectiva de género y a mi entender esto afecta su imparcialidad”.
En este sentido, explicó que la imparcialidad de los jueces es una garantía constitucional que busca impedir una decisión arbitraria. “Por eso existen los juicios. Se busca la inexistencia de prejuicios que puedan influir en las decisiones judiciales y perjudicar a las personas involucradas”, dijo.
“Estos prejuicios tiene su origen en la sociedad patriarcal en la que vivimos y donde la violencia contra la mujer adquiere características de sistematicidad desde hace años en muchos organismos del Estado y en la Justicia se ve claramente”, explicó y agregó que para que haya un cambio “tenemos que poner en el centro de la escena lo que considero la emergencia pedagógica por la que atraviesan las universidades y particularmente la facultad de derecho”.
Como ex docente de la Facultad de Derecho de Catamarca reflexionó que los contenidos no son claros, ni transversales a todas las asignaturas en lo que se refiere a políticas de género. “Siempre reclamamos que esta transversalidad sea en materia de derechos humanos. Pero la exigencia tiene que ser también en lo que son temas de género, porque en nuestro país tenemos vigentes convenciones y pactos, como el de Belém do Pára, que nos hablan de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer”.
“Comprendo que los temas de género no son una ideología, sino que es un mandato legal y en todos los casos tiene que atravesar la visión judicial esta perspectiva. Es por esto la importancia de capacitarse y de aprender, así como lo están haciendo otros poderes del Estado”, resaltó.
En cuanto a esta necesidad de capacitación en género, Reynaga aseguró que todos los agentes del Tribunal Federal se capacitaron el año pasado. Además, y teniendo en cuenta que está abierto actualmente un concurso para ocupar una vacante en el mismo tribunal que él preside, señaló que este tipo de capacitación es una exigencia para poder inscribirse. El curso se da en la Escuela Judicial que maneja el Consejo de la Magistratura de Catamarca.
El magistrado resaltó que las causas por violencias de género no pueden demorarse y que deben ser una prioridad. Además, señaló que debe crearse el fuero especial de violencia de género que prevé, desde 2015, la Ley provincial 5434 en su artículo cuarto, para darle la importancia y celeridad que necesitan estas causas.
Registro
En consonancia con la reciente creación del “Registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de violencia de género”, que depende del Consejo de la Magistratura Nacional, Reynaga aseguró que “La Corte de Justicia de la provincia debe crear también un registro de jueces que paralizan causas por violencias”.
El Consejo de la Magistratura Federal resolvió el 8 de marzo crear un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de violencia de género, en cumplimiento de un compromiso internacional que asumió el Estado argentino ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en la causa de Olga del Rosario Díaz, apuñalada en 2017 por su pareja tras 15 años de inacción judicial.
Se estableció que a través de la web del Consejo se van a recoger los casos de los jueces denunciados por no considerar cuestiones de género en las resoluciones de las causas a su cargo, por actuar con violencia de género o por obstaculizar el acceso a la Justicia en estas situaciones.
La presidencia del Consejo fue autorizada, además, a firmar convenios con el Ministerio de Justicia y con los consejos de la magistratura de otras jurisdicciones, para que “elaboren registros públicos de denuncias” por causas de violencia de género con funcionarios y funcionarias de cada jurisdicción judicial”.
