La Fiscalía de Derechos Humanos a cargo de Verónica Simesen de Bielke informó en lo que va del año se presentaron 746 denuncias denuncias contra efectivos de la Policía provincial por abuso de la fuerza. Además solo en el período que va del 1 enero hasta el 21 de marzo, se realizaron 67 imputaciones y en 11 causas ya hay requerimiento de juicio.

La importante cantidad de denuncias acumuladas da cuenta de una violencia ejercida por las fuerzas estatales contra la población civil que no se ha podido erradicar en estos años de democracia. 

En Salta, en 2019 se conformó la Comisión de Familiares contra el gatillo fácil, que denunció al menos 5 asesinatos de varones en operativos de la policía. En 2020 se denunciaron muchos casos de violencia policial en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La Asociación Pensamiento Penal y la agrupación HIJOS Salta, registró que hubo al menos 10 personas que quedaron sin un ojo por disparos de policías.

Simesen de Bielke informó que las investigaciones realizadas permitieron imputar a cerca del 10% de los policías denunciados en el período de menos de tres meses. La funcionaria asumió en la fiscalía especializada el 1 de julio de 2020 y desde esa fecha hasta el 31 de diciembre, hubo 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio. 

Simensen llegó a ese cargo luego de que las organizaciones de derechos humanos visibilizaran los nulos avances en las denuncias que se hacían contra la Policía en la provincia. Ante las demandas, el procurador general, Abel Cornejo, sumarió al anterior fiscal, Gustavo Vilar Rey. Desde ese momento, Simesen comenzó a avanzar en la tramitación de causas por denuncias de varios años atrás sobre las que no se había accionado.

En ese marco, el 11 de agosto del año pasado se habilitó el sistema de denuncias web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. Solo se pueden denunciar delitos relacionados con las fuerzas de seguridad.

El 1 de julio pasado a instancias del Ministerio Público Fiscal ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. El pedido fue realizado para que ésta tenga el nombre de las funciones asignadas, que no contemplan todas las causas que podrían estar relacionadas con los derechos humanos, sino las que atañen a la violencia institucional de las fuerzas de seguridad.

El área de prensa del Ministerio de Seguridad de Salta aseguró a Salta/12 que, pese a los números brindados por el Ministerio Público Fiscal respecto a las imputaciones, "no son por hechos del año 2021. Son imputaciones por hechos que han ocurrido en años anteriores, incluido el 2020". También se indicó que muchas de las imputaciones terminan en sobreseimientos.

Si bien existen varias causas con requerimiento a juicio. El Poder Judicial en su página web solo da cuenta de un juicio realizado en este 2021 en que fueron absueltos policías que estaban acusados por vejaciones agravadas y daños. El juicio estuvo a cargo de la Sala IV en febrero pasado. En su sentencia el juez Roberto Lezcano absolvió por beneficio de la duda a Andrés Aguirre, Luis Borja, Verónica Nievas, Víctor Herrera y Ramón Alvarez. Los cinco habían sido denunciados por tres personas detenidas durante un allanamiento realizado en el marco de una causa por venta de estupefacientes.

Uno de los casos más emblemáticos y que sacudió a la Policía y al mismo Ministerio Público Fiscal tiene que ver con la denuncia al comisario Walter Mamaní, acusado por haber detenido ilegalmente al joven Luciano Diez dos veces y haber intentado armarle una causa penal. Junto al comisario fueron acusados los efectivos Juan Giménez, Sergio Argañaraz y la policía Julia Díaz, quienes fueron imputados e irán a juicio por abuso de armas agravado, privación ilegitima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza. También el policía Matías Vizgarra irá a juicio por privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas.

El comisario Mamaní llevó a la caída del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur, quien fue sumariado y luego destituido por incumplimiento a los deberes de funcionario público. En principio se encontraron conversaciones entre los dos funcionarios en el teléfono de Mamaní, en las que el fiscal informaba datos de la causa y ofrecía incluso las llaves de la fiscalía a Mamaní para que fuera a revisar el expediente cuando estaba cerrada. Luego se hizo una auditoría y se descubrieron más irregularidades en esa dependencia por lo que el procurador decidió cerrarla. Aún se espera la fecha de juicio para conocer cómo resolverá el Poder Judicial las causas contra estos policías.