El 24 de marzo de 1976, hace hoy 45 años, comenzaba la última dictadura cívico militar que sufrió la Argentina, en cuyo marco fueron desaparecidas 30 mil personas a manos de las fuerzas militares. En Salta se anunciaron dos marchas para recordar la fecha. La Mesa de Derechos Humanos de Salta, que reúne a la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, se concentrará a las 10 en la plaza 9 de Julio. A la tarde, y desde las 14, hará lo propio la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, en el mismo lugar.
A pesar de la pandemia y de que ya parece haber empezado una segunda ola de contagios, los organismos de derechos humanos salteños consideraron imprescindible marcar presencia en las calles ante lo que consideran la persistencia de un resabio de la derecha argentina que fue también parte del terrorismo de Estado en la década del 70.
Blanca "Nenina" Lezcano, referente de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Politicas y Gremiales e integrante de la Mesa, aseguró que la decisión de marchar el 24 se debe a que es imprescindible dar "un testimonio fuerte" de lo que está pasando en el país. Señaló en este sentido la presencia de la ultraderecha que se vio más habilitada a ocupar las calles con el macrismo durante su gobierno y ahora como oposición. "Es necesario hablar de lo que significó el golpe de Estado y todo lo que trajo consigo", sostuvo.
Una de esa muestra de esa derecha sobre la que alertan los organismos de DDHH fueron las bolsas mortuarias que se colocaro frente a la Casa Rosada, acto impulsado por militantes del PRO. Nenina dijo que eso no sólo los conmovió a ellos como familiares de desaparecidos, sino a mucha otra gente. "La incluyeron a Estela (de Carlotto) y realmente mostraron que es una derecha que no tiene límites y guardan un gran nivel de violencia", recriminó.
En su momento la Mesa repudió "las macabras imágenes que dejó la marcha opositora", y aseguró que tales acciones "nos retrotraen a los momentos más dolorosos de la historia de nuestro pueblo y a la cara más oscura del autoritarismo del terrorismo de Estado".
Para Lezcano, la violencia de la derecha es parte de "un resabio bastante profundo de la sociedad argentina con respecto al sistema autoritario". En ese sentido destacó que ningún golpe de Estado se hizo del aire, sino que se concretó por la contribución de sectores económicos, mediáticos y eclesiásticos, que hoy siguen alentando cualquier situación que tiene como base el autoritarismo.
Señaló como un ejemplo claro de referencia de ese sector a Patricia Bullrich. Y en el caso de Salta, a los diputados provinciales Ignacio Jarsún y Andrés Suriani, que se han manifestado con discursos de odio hacia las mujeres y diversidades y alientan la pena de muerte. "No es solamente la memoria, sino ver todo ese sistema autoritario que hoy reflota y se está viendo en todos los países latinoamericanos", destacó Lezcano, quien convocó a "hacer un estado de alerta para no permitir estas cosas".
Por eso dijo que la educación es una parte importante para que concientice sobre la importancia de la memoria. Advirtió que en los últimos años, "se perdió la memoria" porque los sectores de derecha alientan la violencia y la desmemoria precisamente. Indicó que con la pandemia, estos sectores se montaron en las crisis social y económica y se aprovecharon de quienes, con justa razón, salen a las calles a manifestarse por comida y trabajo.
Para Mirta Torres, integrante de la Red por la Defensa de los DDHH, lo que se vive hoy tiene que ver con los sectores de la sociedad que boicotearon la "efímera época democrática de los años 73", que se inició a nivel nacional con el gobierno de Héctor Cámpora, y en Salta, con Miguel Ragone. "Ese proceso de derechización lo padecimos como país y como provincia y por eso, convocamos a toda la población a que nos acompañe", afirmó.
A partir de las 14, en la plaza central de la ciudad, la Red hará un tendedero con el rostro de los detenidos desaparecidos. Luego, marchará por las calles del centro salteño.
La violencia diaria
La Mesa se constituyó en marzo de 2019 y no fue solamente para revindicar la memoria, sino también para "defender los derechos humanos que se violentan día a día", afirmó Marcela Gutiérrez, integrante de la Asociación Coca Gallardo. Aseguró que con la pandemia hubo un retroceso de los derechos humanos, en la mayoría de los casos, contra las personas de la comunidad LGBTIQ+, el movimiento feminista y los trabajadores informales.
Sin embargo, una de las victorias que lograron los organismos provinciales fue la marcha atrás del decreto 255/20, por el que el gobierno de Gustavo Sáenz habilitaba el uso excesivo de las fuerzas policiales ante incumplimientos de las medidas de aislamiento. Los organismos denunciaron los casos de gatillo fácil y pusieron de resalto que solo en los primeros meses de pandemia Salta registró al menos 10 personas que perdieron un ojo como consecuencia del accionar violento de miembros de la Policía.
En este sentido, Gutiérrez cuestionó que el gobierno provincial aún no haya puesto en funcionamiento el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, creado en 2017, y al que todavía no se le asignó un presupuesto.
La Mesa de Derechos Humanos se concentrará desde las 10 en la plaza 9 de Julio para marchar hacia el Portal de la Memoria, ubicado en el Parque San Martín. Allí se leerá un documento único de parte de las organizaciones que la integran, en la que también están la Asociación Lucrecia Barquet e HIJOS Salta en la Red Nacional.