El 24 de marzo de 1976 la dictadura cívico-militar toma el poder con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, en alianza con los grupos civiles de elite nacional y corporaciones internacionales. 

Impuso un nuevo modelo económico a través del terrorismo de Estado siguiendo las ideas del flamante paradigma monetarista reinante a nivel mundial. Es el quiebre del modelo de sustitución de importaciones y el surgimiento de un inédito proceso de valorización financiera que destruyó el aparato productivo y provocó cambios estructurales que aún hoy persisten.

Dinámica del sistema

El nuevo sistema supuso 3 pilares: 

1. Apertura comercial.

2. Altas tasas de interés.

3. Libre entrada de capitales extranjeros. 

Estos capitales operaron irrestrictamente en el mercado local obteniendo ganancias exorbitantes que luego eran reconvertidas al dólar: la tristemente célebre bicicleta financiera. 

Al momento de dolarizar estas ganancias había un porcentaje que se había incrementado fuertemente en pesos y, por ende, los dólares ingresados originalmente no eran suficientes, ya que la estrategia adoptada era la del atraso cambiario (un ritmo de devaluación menor respecto del ritmo inflacionario). Entonces la deuda externa se convirtió en la herramienta para asegurar las divisas necesarias para los especuladores y las importaciones.

Jorge Schvarzer describió dos momentos diferentes en cuanto al endeudamiento. En primer lugar, fue el sector privado el que se endeudó en el exterior a través de las empresas. En segundo lugar, cuando el crédito fue insuficiente, el Estado salió a tomar deuda a través de empresas públicas y organismos internacionales.

La deuda externa argentina exhibió un crecimiento explosivo a fines de la década del '70, dada la velocidad de su marcha y las magnitudes alcanzadas. El monto de la deuda externa neta se multiplicó por tres: en diciembre de 1979 era 8500 millones de dólares (14 por ciento del PIB) y para diciembre de 1981, 25.300 millones de dólares (42 por ciento del PIB). En apenas 15 meses la deuda externa pasó a representar de 10 al 50 por ciento de las exportaciones, lo que imponía una dificultad a la hora del repago.

Para fines de 1981 el modelo ya mostraba su fragilidad e insustentabilidad. La crisis hace eclosión en 1982 cuando Estados Unidos decide subir la tasa de interés y México anuncia el default. Esto provocó un pánico financiero local que se tradujo en una corrida cambiaria y una salida masiva de capitales hacia, por ejemplo, los bonos del Tesoro norteamericano.

Estatización de deudas privadas

El descalabro fue de tal magnitud que el Estado tuvo que salir al rescate. Los depósitos estaban garantizados por ley, por lo que se intervinieron entidades financieras, liquidándolas, obligándolas a devolver los fondos a los ahorristas y asumiendo la titularidad de los pasivos. 

Se otorgaron créditos al resto del sistema financiero para cubrir los descubiertos creados por la fuga. Se dictó una ley de refinanciación de pasivos que extendió el plazo de vencimiento de los créditos existentes. 

Se adoptó un seguro de cambios frente a nuevas devaluaciones para las empresas endeudadas en el exterior. 

Finalmente, en diciembre de 1982, mediante el decreto 1603 el Banco Central se hizo cargo de la deuda externa del sector privado, asumiendo 17.000 millones de dólares de grandes empresas, como Alpargatas, Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Bunge y Born, Grafa, Molinos Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Pérez Companc, Acindar e Ingenio Ledesma. 

Contraintuitivamente, el Estado no estuvo ausente, sino que direccionado en favor de minorías privilegiadas.

Relato

A pesar de que la dictadura asume con el discurso de bajar la inflación (posrodrigazo), nunca bajó del 100 por ciento en todos los años: 

1976: 444,1 por ciento.

1977: 176 por ciento.

1978: 175,5 por ciento. 

1979: 159,5 por ciento.

1980: 100,8 por ciento.

1981: 104,5 por ciento.

1982: 164,8 por ciento.

1983: 343,8 por ciento. 

Las reiteradas devaluaciones impactaban sobre los precios internos y la eliminación de las retenciones, junto con la baja de impuestos progresivos, aumentaban el déficit fiscal.

En lo social, la consecuencia fue una caída del 17,3 por ciento del poder adquisitivo del salario, la pobreza aumentó al 18 por ciento y la distribución del ingreso empeoró por la transferencia de ingresos de las clases populares a las altas. 

En lo productivo, la libre importación de bienes finales y las altas tasa de interés provocaron la pérdida de 20.000 pymes, pérdida de competitividad, reprimarización de las exportaciones y concentración del entramado productivo en paralelo con la desaparición de ramas industriales completas.

De prácticamente no tener deuda, al finalizar la dictadura Argentina pasó a ser uno de los países más endeudados del mundo, con una deuda que se había incrementado hasta los 45.000 millones de dólares.

El modelo económico de la dictadura cívico-militar no podría haberse aplicado de otra manera que no fuera con la persecución del sector obrero y grupos militantes. La tortura y desaparición forzada de 30.000 compañeras y compañeros pretendió ser un factor de disciplinamiento para romper la cohesión social y dejar tierra arrasada.

Los años avanzan y las formas pueden modificarse pero algunas prácticas económicas resisten el paso del tiempo. A 45 años del golpe, la memoria activa es un imperativo para determinar qué tipo de sociedad se quiere construir: una que incluya a las mayorías u otra que privilegie a las minorías.

* Economista. Auxiliar docente de Historia Económica y Social Argentina (UBA).