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La judicialización que resolvió un grupo de bonistas sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires, aunque esperable teniendo en cuenta otros procesos de reestructuración de deudas provinciales (como fue el caso de Entre Ríos) o institucionales como YPF, llega en un momento particular de la negociación: tras once vencimientos sin mejorar la oferta, el domingo último la cartera de economía hizo pública una mejora en las condiciones iniciales.
A casi un año del inicio de las negociaciones y a tres días del vencimiento de la doceava extensión de la oferta que realizó el gobernador Axel Kicillof para reestructurar la deuda en dólares que tiene la Provincia de Buenos Aires con bonistas extranjeros, algunos miembros del grupo ad hoc de tenedores de bonos presentaron una demanda en el Tribunal de Nueva York por el "continuado default de los pagos programados de intereses y capital".
La deuda total se compone de once series de títulos por un monto de 7.148 millones de dólares y el grupo de bonistas que judicializaron la deuda posee alrededor de 300 millones de dólares, casi la mitad de los bonos a reestructurar.
La primera oferta pública que realizó el ejecutivo provincial fue el 23 de abril de 2020 y ofrecía nuevos bonos con un período de gracia de tres años, una quita del 55 por ciento de interés y del 7 por ciento en el capital. "La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde los cuatro años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55 por ciento comparado con el monto actual a pagar", precisó en esa oportunidad el Ministerio de Economía bonaerense en un comunicado.
En el detalle de la propuesta, los bonos tienen un vencimiento en los años 2032 y 2040, de este modo, los vencimientos se amplían hasta 20 años para el título que se incluyó en el canje. "Para tomar dimensión, sólo en 2021 la Provincia hubiese tenido que afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera por 1.500 millones de dólares si no se hubiese iniciado el proceso de reestructuración. Ese monto es equivalente a casi todo el plan de obra pública previsto para 2021, cinco veces el presupuesto en comedores escolares o el presupuesto anual destinado a seguir fortaleciendo el sistema de salud en el marco de esta pandemia", explicaron a Página 12 fuentes del Ministerio.
Nueva oferta
Ante la falta de acuerdo en las instancias anteriores, el gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicó este último fin de semana un cambio en las condiciones de la oferta tratando de hacerla más atractiva para los acreedores. "En particular, se eliminó la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11 años. Adicionalmente, preservando la buena fe, se planteó reconocer los intereses contractuales devengados por los bonos elegibles durante todo el proceso, en los términos y condiciones de los nuevos bonos, a aquellos inversores que aceptaran participar en la invitación. Así, la Provincia indicó que dedicaría pagos por casi 1.800 millones de dólares por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030", informaron desde el ministerio que conduce Pablo López.
Sin embargo, muchos de ellos rechazaron la nueva oferta y la judicializaron. En declaraciones el ministro López aseguró que a pesar de esta mejora, los bonistas "siguen en una posición que nosotros consideramos de bastante intransigencia, donde nos exigen por ejemplo que nos comprometamos a pagar en los próximos cuatro años 2 mil millones de dólares. Para poder cumplir con eso tendríamos que dejar de hacer obras por dos años, es decir reparar escuelas y hospitales, reforzar el sistema sanitario, dejar de hacer rutas y viviendas, con la situación en la que está la Provincia. Con lo cual no es sostenible en términos de la posibilidad de pago de la Provincia ni en términos sociales ni en la necesidad que tiene la Provincia".
A pesar de la dureza del comunicado de los bonistas, que justifican la demanda "resultado de ausencia de negociaciones de buena fe, curso de confrontación e incumplimiento que ha creado un ambiente de inversión hostil en PBA", desde la cartera provincial insisten en que la voluntad de pago que tiene la Provincia prioriza llegar a una solución en el largo plazo, para no cerrar un acuerdo insostenible y tener que volver a esta situación en poco tiempo.
"Hay un punto que es muy interesante, que es que estos bonistas son los mismos que fueron bonistas de la Nación en el proceso de reestructuración y le han dado un alivio importante al Gobierno nacional como todos sabemos, y son los mismos que ahora niegan un alivio a la Provincia de Buenos Aires", explicó López quien también aseguró que entiende la demanda judicial como una estrategia de presión que no favorece a la resolución del problema. "No nos vamos a dejar presionar y seguimos abiertos al diálogo, pero sin poner en riesgo la frágil situación de la Provincia”, determinó.
