La llamativa serie de denuncias presentada por el fiscal Guillermo Marijuán contra casi todas las universidades nacionales por supuesta malversación de fondos públicos bajo el anterior gobierno despertó la reacción conjunta de las autoridades académicas. Mientras los rectores vinculados al radicalismo y sus aliados expresaron sorpresa y preocupación por la “inédita generalización” implícita en denuncia, los rectores provenientes del peronismo y sectores independientes advirtieron sobre el avance de “un ataque contra el sistema universitario público”, en el marco de la reaparición de discursos que ponen en cuestión el financiamiento estatal de la educación superior, la gratuidad de los estudios y el ingreso irrestricto.
Las acusaciones de Marijuán, originadas en versiones periodísticas, fueron presentadas anteayer y recayeron en diferentes juzgados federales. Abarcaron por igual a 52 universidades nacionales de las 53 que están funcionando: la única discriminada fue la Universidad de la Defensa Nacional, la institución que nuclea a los institutos de formación que hasta fines de 2014 dependieron de las Fuerzas Armadas. Tampoco fueron incluidas por Marijuán dos instituciones creadas en diciembre pasado, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (en San Isidro) y la de San Antonio de Areco. 
Sobre todas las demás universidades, el fiscal busca que se investigue si los fondos girados por el Estado nacional durante el mandato de Cristina Fernández fueron destinados a los fines previstos. Es decir, ordenó una auditoría generalizada. Sólo precisó que “entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos a las universidades nacionales”. Según fuentes universitarias, esos millones habrían integrado lo que se denomina “planilla B”, el canal habitual para los refuerzos presupuestarios.
“Es sorprendente que todas las universidades aparezcan denunciadas”, dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit. Reconoció que los rectores están “preocupados” por la denuncia y consideró que se trata de una “generalización inédita” que hace “más difícil tener una discusión razonable”. Diplomático, Tamarit sostuvo que las universidades están a disposición de la Justicia “para todos los requerimientos”. Ayer, en una reunión, el presidente del CIN le transmitió el malestar de los rectores al ministro de Educación, Esteban Bullrich. También solicitó un encuentro con el propio fiscal. 
En la misma línea se expresó el rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri, quien fue ministro de Educación durante el breve gobierno de Fernando de la Rúa. “Estoy preocupado. La sociedad esta muy desanimada por estos casos de corrupción y hay que ser cuidadosos con las instituciones. No me parece correcto hacer una denuncia a todas las universidades públicas, tienen que ser específicos”, dijo. 
Para la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Diker, la acusación de Marijuán forma parte de “un ataque contra el sistema universitario público” y “produce dos efectos: contribuir a una campaña de desprestigio de las universidades públicas en la Argentina e instalar un cuestionamiento del financiamiento del Estado”. Además, dijo, “denota una ignorancia que es sorprendente porque pareciera que Marijuán no entiende cómo se financia el sistema universitario público” ya que, enfatizó, “por supuesto que hay transferencia del gobierno nacional a las universidades, que tienen un presupuesto aprobado por ley”. Además, recordó, todas las universidades son auditadas por la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación. 
“Los rectores estamos totalmente indignados con este tema –se despachó el titular de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan Castelucci–. Realmente no se entiende. No sé si es un payaso este fiscal, no se sabe lo que está haciendo. Pero no asombra de un fiscal que va con los políticos a ver los partidos de fútbol, que imputa gente sin ningún tipo de argumento. Es una vergüenza.” El rector se refería al viaje de Marijuán a Estados Unidos, en junio pasado, en ocasión de la Copa América, junto a funcionarios macristas y dirigentes del massismo.