El próximo sábado 3 de abril cada comunidad de pueblos originarios que habitan en la provincia, en asamblea, consensuará a sus congresales. El 8 de mayo se encontrarán esos elegidos en las ciudades de Tartagal y Salta para votar a sus vocales, uno por cada pueblo, quienes elegirán definitivamente al nuevo presidente del Instituto de Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

En Tartagal se encontrarán los siete pueblos del norte (Wichí, Qom, Guaraní, Chulupí, Chané, Tapiete y Chorote), mientras que los otros dos de la zona de Los Andes y Valles Calchaquíes (Kolla y Diaguita), reconocidos por la provincia, votarán en Salta capital con metodologías que ellos mismos eligen, a veces a mano alzada por propuesta, otra en el pizarrón de la escuela.

Históricamente en la época de elecciones se repiten las denuncias de manejos irregulares en el organismo que lleva intervenido ya dos años. También se cuestionan las entregas por parte de la provincia de personerías jurídicas a unos y la negativa a otros para poder elegir a sus representantes y se sospecha de la compra de voluntades durante la votación.

A eso se suma un descontento generalizado de referentes comunitarios hacia con quienes vienen ocupando cargos en el IPPIS desde hace años con la venia del gobierno. Entre los apuntados están los vocales de los pueblos Kolla, Wichí y Guaraní. Los líderes y las lideresas comunitarias piden transparencia y que les den la posibilidad de votar democráticamente.

Por el lado del Pueblo Guaraní, la mburuvicha (cacica) de la comunidad ubicada sobre la ruta nacional 86, a las afueras de Tartagal, Alejandra Giménez, aseguró que en el IPPIS “está todo patas para arriba” debido a que ya desde hace un tiempo no hay respuestas por parte del vocal que los representa, Gabriel Yaguari. “No hay nada, ni para viajes, ni hospedaje ni para cuando se necesitan ayudas por turnos o recetas de salud, pero tampoco pelean por el trabajo de nosotros”, afirmó. Agregó que la situación de los jóvenes es crítica en la zona por la falta de trabajo y perspectivas de vida, y ya han tenido que lamentar algunos suicidios en este último tiempo.

Sin embargo, la lideresa está convencida de que las más de 90 comunidades que integran el Pueblo Guaraní podrán cambiar el rumbo eligiendo a un nuevo vocal, que desea que sea mujer o alguien joven, “aunque prefiero que sea una mujer, que luche por las comunidades y nos defienda”.

Carlos Juárez, cacique de la comunidad Misión Cherenta, también de Tartagal, es un poco más escéptico y desconfía de la metodología y las buenas intenciones de quienes deben velar por la transparencia a la hora de las elecciones de vocales. Juárez contó, que siempre aparecen personas con personerías jurídicas de la nada y que presentan congresales, “y tampoco faltan las promesas o las compras de voto”.

El cacique sostuvo que todas esas metodologías tienen la venia de la Secretaría de Asuntos Indígenas, a cargo de Luis Gómez Almaraz, y del gobierno provincial, “que apoya a algunos vocales que ya están o a sus allegados”, como Yaguari, a quien señaló como uno de los vocales que desvió fondos del IPV para viviendas y que nunca llegaron a sus comunidades. Por eso ya envió más de una nota al Tribunal Electoral de Garantías “para que las elecciones sean transparentes y podamos elegir democráticamente”.

Lo mismo sostuvo Abel Mendoza, niyat (cacique) de la comunidad wichí Santa Victoria II, perteneciente al municipio de Santa Victoria Este. "La cosa está mal y hasta el día de hoy sentimos que no tenemos una participación como corresponde”, sostuvo y afirmó que “los que deciden siempre son los de la parte de arriba”, denunciando puntualmente a Gómez Almaraz, “ahora está trabajando en la zona de Tartagal y Pichanal, y lamentablemente ellos ya tienen preparada su estrategia para que sea su representante el elegido”. “Él (por Gómez Almaráz) es mal visto por acá”, añadió.

También recordó que una de las quejas permanentes de su pueblo tiene que ver con el manejo de las personerías jurídicas, “hicimos una marcha histórica para entre otras cosas pedir que todas las comunidades que tengan expediente, tengan acceso a elecciones como congresales, pero hasta el momento no nos dieron esa oportunidad”, aseguró. Para Abel Mendoza, los apoyados por el gobierno serán Félix Mendoza o los descendientes de Indalecio Calermo, dos históricos vocales cercanos a la actual gestión provincial.

Como presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza consideró que si todo sigue como está, “resultará muy difícil ser partícipes de cualquier proyecto destinado a nuestros pueblos”.

Kollas en pie de lucha

Representantes del Pueblo Kolla denunciaron proscripción histórica y un manejo autoritario y discrecional por parte de las autoridades provinciales. Puntualmente, la Qullamarka, organización que nuclea a decenas de comunidades de Iruya, Orán y Santa Victoria Oeste, asegura que desde la provincia no los dejan participar en la elección de sus congresales por no poseer personerías por localidad sino a través de sus organizaciones.

El coordinador del Consejo Kolla de Colansulí Finca Santiago, de Iruya, Raúl Viveros, contó que hay comunidades que no han sido convocadas a participar de las elecciones. Y entre ellas nombró a la que pertenece, a Tinkunaku (de Orán), y a la a Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), del departamento Santa Victoria.

Viveros señaló que estas comunidades están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci), y que el argumento para no incluirlas es que son asociaciones de segundo orden y no comunidades. Sin embargo, aclaró que Tinkunaku, sí tiene comunidades con personería jurídica provincial que están convocadas, “se trata solo de dos, Los Naranjos y San Andrés”, mientras que las otras dos no podrán participar.

Para Viveros, es “algo discriminatorio dejar a las comunidades sin reconocimiento” y lo vio como “un atentado contra los pueblos y los derechos indígenas” no dejarlos participar de la vida democrática en la elección de sus autoridades.

También criticó la modalidad de elección, ya que para él se debe tener en cuenta cómo se organizan las comunidades en las asambleas, por lo que el tiempo debiera ser de “un mes o dos”, y no solo de un día. Así también objetó el método en el que se trasladan las actas con los nombres de los congresales, “no hay un organismo que se encargue de eso”, explicó. Además, djo que se desconoce quiénes serán los veedores. Y concluyó repitiendo que ese accionar lo toman “como un atropello a la autodeterminación de los pueblos, para nosotros hay una clara política paternalista del Estado”.

Lo mismo plantearon los referentes de la OCAN. Su tesorero, René Mamaní, detalló que las 17 comunidades que la integran no podrán votar por no poseer personerías comunitarias. Sin embargo, desde hace algunos años, distintas familias de nueve pequeñas localidades de la zona “aparecieron con su título otorgado por la provincia”.

Esas familias, según Mamaní, no integraban la organización y siempre fueron cercanas “a los poderes de turno”. De todas maneras, desde la OCAN intentarán que sus miembros participen de sus asambleas del 3 de abril “y de esa manera conseguir algunos congresales a pesar de esta proscripción”.

Por último, subrayaron que en estas instancias no se sienten acompañados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien debería hacer algo más para garantizar su derecho a voto, “sobre todo si son quienes nos reconocen a nivel nacional como comunidades originarias”.

Tampoco se olvidaron de apuntar a Miguel Siares, actual vocal por el Pueblo Kolla, como quien se beneficiaría con esta medida provincial de no incluir a las comunidades organizadas en la Qullamarka. Pedro Lázaro, cacique de la comunidad El Desierto, en el departamento Los Andes, confirmó que su vocal, con el que comparten departamento, nunca antes los convocó a votar, a pesar de que cuentan con personería.

“No hemos participado antes o no nos avisaban”, aseveró, y dijo que no se sienten representados por Siares, “porque no hizo nada cuando se reformó la Ley de Regalías Mineras” y también lo vinculó al desfalco del dinero destinado a viviendas provenientes del IPV.

La respuesta del Tribunal de Garantías

Uno de los integrantes del organismo encargado de coordinar el desarrollo del acto electivo, el subsecretario de Registro de las Comunidades y Regularización Territorial de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Ariel Sánchez, dijo a este medio que el decreto de convocatoria a elecciones 34/21, es claro en cuanto a quiénes pueden votar y quiénes no.

“Es una elección de comunidades, no de organizaciones”, sostuvo, y agregó que la Qullamarka es una organización de tercer grado y no una comunidad. El funcionario explicó que “estos problemas siempre aparecen cuando hay elecciones, pero en el medio no hacen nada para registrar y regularizar sus personerías jurídicas”.

Resaltó que según su punto de vista “son las elecciones más democráticas que existen en cuanto a elecciones comunitarias” por los tiempos y las instancias de convocatoria, así como las posibilidades de participar que tienen los pueblos. Por último, aclaró que esas organizaciones podrían haber presentado algún reclamo o solicitud en el período de tachas, "algo que no sucedió".

El Tribunal electoral de Garantías está constituido por representantes del Ejecutivo, como su presidente, el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, y un representante del IPPIS.

En Salta hay unas 480 comunidades indígenas reconocidas oficialmente, y para la conducción del IPPIS se eligen 9 vocales, uno por cada Pueblo reconocido, Tapiete, Chulupi, Chorote, Wichí, Chané, Qom, Diaguita, Kolla y Guaraní. Aunque en el territorio salteño también hay organizaciones de los pueblos Atacama, Tastil, Lules, Iogys y Weenhayek, que no han sido reconocidos oficialmente por la provincia y por lo tanto están impedidos de participar de la conducción del organismo estatal que tiene como objetivo ocuparse de las políticas públicas para los pueblos originarios.