De las niñas asesinadas a la persecución de los activismos

Desde Asunción del Paraguay

Desde principios de Marzo las manifestaciones en Asunción son cada vez más frecuentes, uno de los escenarios más candentes es la Plaza de Armas ubicada frente al Congreso: “Ya no es que se vayan todos es que no quede ninguno” dice un cartel sobre la valla en la que cuelgan los colores de la bandera paraguaya. Es la escena que se repite una semana después del rechazo por parte de la cámara baja al pedido de juicio político del actual presidente Mario Abdo Benitez y su vice, Hugo Velázquez. Otra de las escenas reiteradas es el retiro de las vallas por parte de la policía federal cuando se hacen las 8 de la noche, es la hora en la que comienza la restricción de la circulación para la ciudadanía por la escalda del Covid. Sin embargo, lejos de levantar actas por contravención, a esa hora comienza una cacería por las calles del microcentro que reprime la jornada de ocupación de la calle. No se amedrentan, el llamado callejero continúa. La plaza es el punto de confluencia de una cascada de demandas que cae de lleno sobre un gobierno que reprime la lucha. El movimiento campesino, las juventudes y los feminismos son el latido de una revuelta que frente a la pésima gestión de la pandemia y el empobrecimiento que no cesa, no van a dejar de ocupar la calle.

La plaza condensa un cúmulo de luchas que atraviesan el país: la vivienda y disputa por la tierra. Los bañados, que están a pocas cuadras de allí, van desde el Cerro Lambaré hasta el Botánico, toda la rivera del Río Paraguay. Norte, Sur y Tacumbú. Son viviendas conocidas como el cinturón de la pobreza o zona roja, rodean el centro de Asunción a orillas del Río. Allí hay zonas que son inundables y otras que no. Cuando se inunda las familias pierden alimentos, objetos personales y la mayoría de los muebles de los hogares se echan a perder. Con las subidas del río, quienes habitan los bañados ocupan las plazas de la ciudad, esto sucede sistemáticamente sin que haya ninguna política aplicada por el gobierno para resolver este conflicto: “En el 2013 yo viví mi primera crecida, en ese momento nosotras tuvimos que tomar la plaza, se dieron proceso judiciales de quienes estábamos encabezando esas tomas. Después de llegar al lugar seco que es lo que serían la plazas, empieza la lucha con la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN)” explica Kimberly Samaniego, integrante de la Colectiva Feminista Yvy Rete que significa “cuerpo y tierra”. Ella viene coordinando junto a compañeras las ollas populares que sostienen las tomas y que crecieron exponencialmente con la pandemia. La SEN es una secretaría creada en el 2005 para la gestión y reducción de riesgos de desastre, es la encargada de suministrar los insumos y materiales para que las personas forzadas a irse de sus casas por la subida del río, puedan construir las casas en las plazas. Una vez que pasa la subida regresan y rearman sus viviendas: “Hay veces que estás una semana esperando con el agua a que sea tu turno para que el camión te saque, muchas veces estamos esperando en carpas, es muy violenta esa espera en las que se dieron varias muertes. Hubo personas que murieron electrocutadas”, cuenta Kimberly.

En todo Asunción existen 21 plazas que son ocupadas con la subida del Río, con la pandemia la situación empeoró aún más. Las ollas populares fueron uno de los sostenedores principales de las tomas. Kimberly coordina junto a otras compañeras 8 ollas, cada una alimenta a entre 150 y 200 personas: “No podemos parar ni un día, sin un día paramos vamos a tener una casa con hambre”. Kimberly tiene una olla funcionando en su casa para 200 personas. Para hacerse de los insumos para las ollas hacen ferias de ropa, venden tortas y sandwiches. Esa misma organización también hace refuerzos escolares que frente a la pérdida de la presencialidad en las escuelas se hicieron mucho más imprescindibles.

Las ollas populares también son un punto de encuentro para los acompañamientos de las mujeres que sufren violencia, se utiliza ese espacio de encuentro -desayuno, almuerzo y cena- para realizar acompañamientos frente a situaciones de violencia y abuso: “Hablar de violencia de género en los barrios es muy difícil, porque no se quiere hablar de las violencias, hay que buscar la manera de abordarlo. Muchas de las mujeres en los barrios son violentadas y maltratadas, hay compañeras que sufren abusos desde muy chicas, 13 o 14 años y hoy tienen un hijo que es de sus papá”, explica Kimberly que tiene 22 años y dos hijas.

Carolina Duarte, trabaja en la Defensoría del Pueblo en una división especializada para niñeces y adolescencias. Allí se reciben denuncias de abuso, maltrato y abandono. En la misma Defensoría está el Departamento de Violencia hacia la Mujer en donde también se pone a disposición una defensa gratuita: “Es un organismo autárquico, las denuncias que llegan aquí se elevan a las fiscalías que emiten las medidas de restricción, fundamentalmente, órdenes perimetrales que en su mayoría no se cumplen”, dice Carolina que vive en Luque, una ciudad a 10 kilómetros de Asunción. Ella viene del campo, su madre fue víctima del “criadazgo”, una dinámica aún vigente en donde las niñas campesinas son llevadas casas urbanas para realizar trabajo doméstico a cambio de casa, comida y estudio: “Eso es algo que ella me cuenta siempre, que nunca borra, de toda su vida esa etapa es la que tiene más presente. Ella vino a la casa de sus tíos aquí en Asunción, la hacían levantar a las cinco de la mañana para lustrar botas. Tenía 10 años y se tuvo que separar de su mamá y de su papá, sufrió un gran desarraigo. Tal es así, que mi madre recuerda que cuando iba a la escuela en Asunción y le tocaba escribir el nombre de la ciudad en la que estaba, no podía evitar escribir ‘Tacuenbó’ en vez de Asunción. Desde chica ella siempre me decía ‘yo nunca voy a entregar a mi hija porque yo sé lo que se sufre’”, cuenta Carolina que con 28 años es la única mujer de 5 hermanxs.

La tierra de remate

Al lado de la zona ocupada con las casas de los bañados hay una carpa con 30 campesinas y campesinos de la Comunidad Marina Kué. Allí se produjo una mancomunión de ollas que llamaron “Ollazo Popular”. La población de Marina Kué, ubicada en Curuguaty, Departamento de Canindeyú al este de Paraguay, viajó al centro de Asunción para presentar un proyecto de ley a nombre de la Comisión Vecinal Naranjaty para resolver definitivamente un conflicto por la posesión legal de 2.821 hectáreas de tierras que pertenecieron a La Industrial Paraguaya S.A, una de las empresas que latifundistas extranjeras que obtuvo una enorme cantidad de tierras luego de la Guerra de la Triple Alianza.

Cerca de las 7 de la tarde, las mujeres comienzan las tareas de preparación de la olla, mientras tanto se escuchan las bombas de estruendo contra las vallas que rodean al Congreso. Las fogatas son el centro de la manifestación que pospone el pedido de la comunidad de Marina Kué. En sus rostros hay un dejo de lamento por esta confluencia de luchas que hace que el proceso para que ingrese el proyecto al Congreso se demore más. Sin embargo dicen que no van a moverse de la plaza hasta que esto suceda. Su plan es quedarse por lo menos tres meses.

Las tierras de Marina Kué, cargan con uno de los hechos más cruentos de la historia reciente paraguaya, conocido como La Masacre de Curuguaty, sucedido el 15 de Junio del 2012. Un brutal desalojo tuvo como consecuencia la muerte de 11 campesinos y 6 policías que ocupaban las tierras que reclamaban. El desalojo fue impulsado por una familia de apellido Riquelme que no poseía el título de propiedad de las tierras. El operativo estuvo compuesto por 370 agentes de la policía, 30 de ellos eran de un grupo GEO. En las tierras ocupadas había 40 campesinxs.

La historia de esas tierras se remonta a la finalización de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra Guazú, cuando por ley se remataron todas las tierras públicas. Una de las empresas extranjeras que más se llevó de esa repartija fue La Industrial Paraguaya, SA (LIPSA) de capitales anglo argentinos. LIPSA acumuló 2. 600.000 hectáreas de tierras que explotaron hasta que pudieron. En 1967 se la cedieron a la Marina, es decir, al Estado Paraguayo que no llegó a titular las tierras, sin embargo existen documentaciones de esa cesión según un informe del SERPAJ Paraguay. Desde 1967 a 1999 la marina se instaló en las tierras que habían sido cedidas. El empresario Blas N. Riquelme fue el forjador de un gran grupo empresarial que durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), fue beneficiario de la reforma agraria. Su empresa agropecuaria, Campos Morombi, fue la que llevó adelante un extenso proceso judicial para reclamar las tierras de Marina Kué, el principal argumento siempre fue que esas tierras no pertenecían al Estado. Una vez que la Marina abandonó la zona, en el año 99, campesinxs organizados en la Comisión Vecinal denunciaron que la empresa Campos Morombi estaba deforestando y alambrando Marina Kué. La justicia permitió que la empresa usufructuara la tierra, LIPSA no quiso intervenir en el conflicto pero reafirmó la donación al Estado. Las organizaciones campesinas realizaron varias ocupaciones, entre ellas la mencionada masacre de Curuguaty, que además del derramamiento de sangre, tuvo la acusación a 9 campesinos y a 3 campesinas de haber perpetrado los asesinatos de los policías. Fueron condenadxs por homicidio, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en el 2016, las condenas iban desde los cuatro a los treinta años de prisión. En el 2018 todxs obtuvieron la absolución.

Hoy, 9 años más tarde de aquella masacre, siguen firmes en la plaza. El caso de Marina Kué, refleja un mecanismo de persecución hacia las comunidades indígenas y explotación de la tierra vigente en la mayoría de las zonas rurales del Paraguay.

“No sabemos que nos quieren hacer, si nos quieren violar o nos quieren matar” dijo Estelvina Armon, que junto a su marido Hilario Ibarra grabaron un video en la comunidad Jasuka Vendá para difundir como modo de protección frente al amedrentamiento de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC). Las amenazas hacia la comunidad vinieron después de que una Delegación Argentina de Derechos Humanos viajara al territorio con el objetivo de observar y realizar informes frente a un Estado que hoy no está buscando a Elizabeth Oviedo Villalba de sobrenombre “Lichita”. La niña, que ya cumplió 15 años, está desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020 y es sobreviviente del operativo en el que las Fuerzas de Tareas Conjuntas asesinaron a las dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba el 2 de septiembre pasado. Lichita, hija de Carmen Villalba, integrante del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) y presa desde hace 17 años en la cárcel Buen Pastor de Asunción, estuvo perdida hasta que fue vista por última vez el 30 de noviembre pasado por su tía Laura Villalba, quien es enfermera y vivía en Argentina desde hacía 10 años. Laura Villalba se encuentra detenida acusada de ser parte de la logística del EPP en el Penal Militar Viñas Kué, en donde es la única mujer. Allí está completamente aislada y con la excusa de los protocolos por Covid no se permitió la visita de la comitiva Argentina de Derechos Humanos.

Las Fuerzas de Tareas Conjuntas se crearon en el 2013 con la modificación de la ley de Defensa y Seguridad Interna, con un presupuesto en 2019 de 17 millones de dólares y el objetivo de combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y enfrentar el negocio del narcotráfico que tiene puente directo con Argentina, Brasil y Europa. En este contexto, las comunidades de la zona son amedrentadas, no se les permite salir para hacerse de sus medios de supervivencia, es por eso que piden desesperadamente que se difunda su palabra como modo de protección.

La reserva moral del continente

“Muchos de nuestros silencios se los atribuyen a una cuestión cultural, que a veces no hablemos de las injusticias que vemos cotidianamente, pero esto no es así. El miedo es producto de 35 años de dictadura cuyas prácticas continúan vigentes”, dice Sonia Luque mientras se dirige a la Plaza de Armas para asistir a una de las manifestaciones. Tiene 25 años y es estudiante de trabajo social. Asegura que en la escuela no hay una revisión de la historia: “Nos cuentan la guerra de la Triple Alianza como algo romántico entre Elisa Lynch y Francisco Solano López, no nos dicen nada sobre el imperialismo feroz que había detrás de todo eso”, concluye mientras llega a una plaza sin banderas partidarias, ese es el acuerdo de la ocupación de la calle.

La agenda de la política electoral que prima en Paraguay se construye sobre un andamiaje conservador encabezado por la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado: “El partido Colorado al que pertenece el actual presidente se sostiene hoy en una pata moral que está construida sobre el discurso provida y pro familia. ‘Nuestro país es la reserva moral del continente’, ese título está basado en alianzas muy concretas: en cancillería, en el Congreso de la Nación y en nuestra presencia como Estado frente a la Naciones Unidas, a donde se lleva una voz provida desde el gobierno”, explica Natalia Ferreyra, candidata feminista para las elecciones municipales que serán en Agosto de este año, como parte del Frente Guazú.

El feminismo en esta instancia viene con una propuesta clara que está sostenida en la movilización permanente que en las ciudades más pobladas como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este se lleva adelante como una práctica transversal con las organizaciones sindicales, campesinas y el movimiento estudiantil.

Las movilizaciones en Paraguay comenzaron la primera semana de Marzo, cuando trabajadores y trabajadoras de la salud salieron a la calle por la falta de medicamentos e insumos para afrontar la Covid en los hospitales, lo hicieron acompañades de familiares de personas que tenían diagnóstico positivo. El hecho tuvo una gran repercusión a nivel social y fue el punto de partida de una serie de movilizaciones que siguen hasta el día de hoy. Antes de esta primera ocupación de la calle, algunas feministas habían salido a repudiar al Ministerio de la Mujer como una acción previa al 8M. La razón fue que la ministra, Nilda Romero, eligió el 24 de Febrero, Día de la Mujer Paraguaya, para realizar un homenaje al presidente Mario Abdo Benitez: “Después de esa primera semana de Marzo, hubo cambios en los cargos más altos de los ministerios de Salud, Educación y en el de la Mujer. En la gestión del ministro de Educación Eduardo Petta se había quitado de los manuales de secundaria todo lo vinculado a la palabra ‘género’. Veníamos señalando todas las falencias que había en ese Ministerio, el negacionismo para la Educación Sexual Integral y la introducción de la Iglesia en los colegios públicos” explica Natalia.

Paraguay es un Estado Aconfesional, lo que implica que ninguna religión en particular tiene carácter oficial en el país. Sin embargo, la Constitución dice reconocer a la Iglesia Católica la importancia de la formación cultural: “Otra de las cosas que dice la Constitución es que la escuela debe ser científica y laica, pero eso no se cumple, se cortaron los vínculos entre las escuelas y las Ongs u organizaciones civiles que trabajan el tema de la salud sexual mientras que se fortalecieron los vínculos entre las escuelas y la iglesia. Antes de la pandemia la necesidad de una Educación Sexual integral era levantada principalmente por el movimiento estudiantil”, dice Natalia.

En Asunción se respira el azufre y la pólvora, el día que el Congreso rechazó el juicio político al actual presidente, la sede del partido colorado fue incendiada. Al día siguiente el jefe máximo de policía fue destituido por “no reprimir lo suficiente”. El montaje que se produce desde el Estado para socavar el motor de hartazgo que mantiene a la calle movilizada, está basado en la persecución. Cuando el presidente celebró el fusilamiento de las dos niñas como una victoria frente a la guerrilla el septiembre pasado, la rabia hizo que un grupo de manifestantes se autoconvocaran en el Panteón Nacional de los Héroes, también en el centro de la Ciudad. Después de la quema de dos insignias con los colores de la bandera paraguaya, tres feministas fueron perseguidas, una de ellas, Paloma Chaparro se encuentra hoy con un pedido de juicio oral por parte del Ministerio Público y con prisión domiciliaria. Paloma tiene 23 años, en su momento mostraron su imagen como la feminista con el pelo teñido, artesana y feminazi que frecuentaba la sede de la organización feminista CasaFem: “Fue un claro acto de disciplinamiento, siempre había un policía frente a nuestra casa, es algo que no está explícito pero vos sabes muy bien que te están vigilando. Como a las mujeres no se les cree nada, fuimos denunciando todo. El año pasado hicimos el juicio ético Abya Yala con feministas de otros países de manera virtual, en ese momento invitamos a Miriam, la mamá de Lilian Mariana y la tía de María Carmen”, dice Mabel Candia Leguizamón, parte del colectivo. El discurso que se instaló en los medios sobre el Panteón fue que se había desviado lo de las niñas, cuando en realidad era todo lo contrario, visibilizar la criminalización a las mujeres organizadas que salen a la calle.

Ese miedo las tuvo paralizadas mucho tiempo, sin embargo, siguieron generando intervenciones a pesar de cargar con el peso y la persecución de ser las feministas malas: en la puerta de CasaFem pintaron un mural con la consigna #EranNiñas basado en una entrevista que tuvieron con Miriam Villalba en las que ella les contó que a las niñas les gustaban las margaritas. El mural es la fachada de la casa, no se doblegaron frente al hostigamiento: “Varios grupos de los que se denominan nacionalistas salieron a decir que iban a cazar feministas. Tienen legitimidad porque toda la estructura conservadora de este país les apoya, todo el sistema judicial está compuesto por miembros del Partido Colorado, entonces no hay escapatoria. Ellos hacen cualquier tipo de amedrentamiento y quedan impunes, nosotras quedamos criminalizadas”, cuenta Virginia Monges también parte de la organización.

Las niñas asesinadas en un crimen de lesa humanidad, la desaparición de Lichita, el hostigamiento a las comunidades campesinas y las detenciones arbitrarias de quienes ocupan la calle son el cauce de un río turbio, de aguas que recorren todo el país y desbordan como el Río Paraguay tapa las orillas de los bañados. Difícil respirar en la pesadez del olor a pólvora un aire transformador, pero allí está el pueblo paraguayo por el olor a margaritas de las niñas enfrentando la crueldad para que no pase más.