El ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y la titular de la Inspección de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, escucharon ayer a los diputados que integran la comisión de Seguimiento del caso Vicentin. Los legisladores querían saber la posición de la provincia respecto al futuro del grupo declarado en “stress financiero” y plantear la necesidad de articular una salida política. "Si seguimos adelante con los plazos procesales como se vienen llevando, esto termina en el peor de los escenarios, en la quiebra y el desguace de todo el grupo económico y por ende la pérdida de cientos de puestos de trabajo”, dijo Luis Rubeo a Rosario/12. El diputado indicó que también solicitaron una audiencia al presidente Alberto Fernández.
Además de Rubeo, Carlos del Frade, María Laura Corgniali, Rubén Giustiniani, Ariel Bermúdez y Oscar Martínez, entre otros, forman esta comisión especial en Diputados. Habían pedido una audiencia al gobernador Omar Perotti quien los derivó con los funcionarios con los que se reunieron ayer en Rosario. Rubeo explicó que desde hace un tiempo “venimos planteando la necesidad de una resolución política de la cuestión”.
Le preguntaron también a los miembros del Poder Ejecutivo sobre una presentación que llevaron adelante una serie de acreedores granarios, planteando la posibilidad que el grupo vuelva a funcionar pero con participación de acreedores, de la banca pública y privada. "Quedaron en que nos iban a responder cuál es la opinión de la provincia en este sentido” dijo el legislador. Rubeo aseguró que les reiteraron “los criterios que la provincia adoptó cuando decidió no participar de la coadministración que planteaba el juez del concurso”.
El legislador advirtió que “si se sigue con los plazos concursales, en septiembre, tal cual está previsto, vamos a terminar en el peor escenario”. Si bien “el actual directorio hace esfuerzos para demostrar que hay una nueva Vicentin, en la práctica seguimos teniendo el mismo nivel de incertidumbre”. Y agregó: "Tenemos claro que no se puede llevar adelante ningún proceso que tenga al actual directorio como actores. Porque sabemos que son la continuidad del directorio anterior que no puede explicar a dónde está el faltante de más de 1400 millones de dólares. Porque todos hablan de los 300 millones de dólares que le deben al Banco Nación pero el total del pasivo del grupo es mucho más abultado".
Para los diputados de la Comisión, el proyecto debería pasar por que "la Nación, la provincia, los acreedores granarios, la banca nacional y los sectores cooperativos podamos poner en marcha nuevamente Vicentin porque si no se pone en marcha no se garantizan ni los puestos de trabajo actuales ni que los acreedores vayan a cobrar algún día". El diputado indicó que también solicitaron una audiencia al presidente Fernández “porque para nosotros esa resolución tiene que tener una innumerable cantidad de actores, y el gobierno provincial y nacional no pueden estar ajenos”.
"Lo que estamos defendiendo nosotros es la fuente de trabajo de miles de santafesinos, al igual que la mayoría de los acreedores que son productores de nuestra provincia, la no extranjerización de esta empresa tan importante para el norte de nuestra provincia”, aseguró Bermúdez, diputado provincial por CREO.
