La audiencia del 15 de marzo pasado fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos Videla Oporto que resumió el informe técnico de la Secretaría de Energía. Se extendió en las opciones de porcentajes a ser asumidos por los usuarios y por el Estado, dando por sentado que los precios del gas estaban aceptados por el Poder Ejecutivo cuando, en realidad, el fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia es taxativo en la necesidad de debatirlo en Audiencia Pública. 

No explicitó ni los precios ni los costos operativos en los yacimientos convencionales ni en los no convencionales. Los representantes de las asociaciones de defensas del usuario optaron por criticar ácidamente la tergiversación del objeto central de una Audiencia Pública que es el precio. Por amplia mayoría plantearon que ante la actual situación el incremento debiera ser cero a los precios vigentes congelados del gas PIST.

Cabe comentar que el gas natural técnicamente pasible de ser extraído de la roca madre en Vaca Muerta, según el informe de la EIA/ARI (US Energy Information Administration/Advanced Resources International), se estima en un volumen de 565 millones de m3/Km2. Asimismo se obtienen de los registros de distintos pozos de shale gas una extracción diaria en el primer año de 250.000m3/día y un acumulado de 270/300 millones de m3.

Precios

Los costos promedio de pozos horizontales de 2500m se hallan en torno de los 10 millones de dólares y a la baja. Ello determina costos directos unitarios de extracción de 0,9 dólares/MMBTU. Con gastos generales, regalías, impuestos y una margen de beneficio importante se llega a valores de 2,1 dólares/MMBTU (7,56 dólares/m3).

Este monto es similar al indicado en la Audiencia Publica por Osvaldo Bassano de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores de 2 dólares/MMBTU y es igual o similar al que hoy se están pagando a las productoras. Ante tal situación de retribución suficiente y la difícil situación socioeconómica, los defensores de usuarios y oradores plantearon que no corresponde aumentar el precio actual del PIST.

Ahora bien, el Plan Gas IV al colocar un tope de 3,70 dólares/MMBTU a la subasta base de diciembre actuó como señal para que todos cotizaran justo por debajo del mismo. Las 16 empresas del total de 19 se aglutinaron entre 3,33 y 3,66 dólares/MMBTU, con un mix ponderado de 3,51 dólares/MMBTU. 

Respecto al precio actual, la subsecretaria de Hidrocarburos planteó que el Estado asuma un 35 por ciento y los usuarios el 65 por ciento restante. Ello determina para los usuarios un PIST con 71 por ciento de incremento. 

Una ecuación muy negativa para muchísimas familias y un contexto muy difícil para el Gobierno en este año con necesidades de aprobación de la gestión. La situación es complicada y la confrontación de las empresas versus Economía de Guzmán se tendrá que resolver de algún modo.

Empresas

Las productoras han colocado en la subasta un sobreprecio abusivo. Una salida posible, por ejemplo, sería llamar a una convocatoria de emergencia energética y solicitarles a las empresas un descuento. También dicho descuento podría ser a cambio de que el Estado asuma las inversiones que debieran haber propuesto en las ofertas.

En Argentina, los últimos años las empresas productoras no concretaron inversiones, por ejemplo, en almacenajes imprescindibles. En la subasta de diciembre y en la segunda de marzo para el período invernal ni siquiera posibles propuestas de almacenajes. 

Estados Unidos posee 400 lugares en su territorio de almacenajes privados que garantizan una seguridad de suministro tanto en eventos invernales como en casos de fallas o accidentes. 

Es cierto que el Plan Gas IV no lo contempla, y por ello es necesario perfeccionarlo en un Plan Gas V que considere los almacenajes y los transportes necesarios para garantizar el declamado autoabastecimiento, y una industrialización de interés nacional. Cabe intuir que a las productoras les resulta más rentable elevar los precios bajo la sombrilla del precio del GNL importado.

Canje

En este contexto, el Estado podría proponer un canje, en donde las empresas acuerdan descontar un porcentaje importante de sus precios obtenidos en las subastas, considerando primero un ajuste voluntario por la pandemia y otro por canje de inversiones en infraestructura que debieran haber hecho y que el Estado se compromete con el mismo monto encarar. Con el financiamiento de proveedores locales o externos que posibiliten el pago a más de un año, con lo cual se produciría para el Estado ventajas financieras muy importantes.

En concreto, realizando las inversiones de almacenaje con acceso abierto a través de una empresa ad hoc o por la misma IEASA (ex Enarsa). La tarea es la de hacerse cargo de relevar, estudiar, construir y operar pozos de gas y petróleo agotados o semiagotados y encontrar en los acuíferos del país almacenajes subterráneos.

El monto de descuento de los precios de las subastas sería el necesario para lograr un equilibrio con la economía. Esta no estaría en condición de pagar pari-passu los precios de las subastas, con lo que se asume que sería posible a través de distintos mecanismos de créditos de proveedores o de organismos de financiación.

Descuentos

La pregunta es cuál es la reducción del precio posible. Con un convenio ad hoc con las empresas cotizantes se podría lograr un descuento de 20 a 30 por ciento del mix de 3,51 dólares/MMBTU. Esto sería posible pues el gas a las empresas se les pagaría a 2,63 dólares/MMBTU, un precio que brinda buena rentabilidad. 

Estos descuentos alivian la carga de subsidio-incentivo de 0,88 dólares/MMBTU que suma 1218 millones de dólares en el año. Implica para Economía un desplazamiento de pago a los años que el Estado obtenga el correspondiente financiamiento.

El Estado se hace cargo de las inversiones imprescindibles en un sistema de gas natural y obtener montos suficientes para encarar unos 20 almacenajes de entregas entre 1,5 y 3,0 millones de m3/día.

En caso de que empresas no adhieran al canje propuesto no tendrán el derecho de almacenar gas en las instalaciones ad hoc construidas. Tampoco tendrían descuentos en las eventuales obras por transporte de arena y gas troncal. También el Estado puede aplicar retenciones sustentables a las que exportan y, con ello, conseguir fondos para mejorar la infraestructura y performance del sistema gasífero.

Esquema

Todo este esquema significa que el almacenaje sea política de Estado y un recurso estratégico. En resumen, para los 38.455 millones de m3 de producción de gas nacional se produciría un escenario mejor para el conjunto, que se puede resumir:

* Los usuarios pagarían 7,56 pesos/m3 de gas, igual que ahora. 

* Las empresas productoras percibirían 9,5 pesos/m3.

* El Tesoro aportaría la diferencia de 1,9 pesos/m3, unos 730 millones de pesos. 

* El Estado realizaría obras de almacenaje y transporte, que administraría, por unos 1218 millones de dólares, dando trabajo a centenas de empresas activando la mano de obra. 

* Las productoras se beneficiarán con el incremento del consumo interno y regional.

Este convenio le permitirá al país consumir en invierno gas argentino almacenado en verano. Evitaría costosas importaciones de GNL que se pagan en efectivo antes de atracar el buque en puerto.

Por ultimo, expresamos el más cálido aliento para que se haga realidad lo antes posible el anuncio del presidente Alberto Fernández de contar con una ley de gas desde la extracción hasta la distribución de carácter de servicio público, que apuntale el desarrollo y la industria nacional y los derechos humanos sobre la energía prioritaria.

* Miembro del Grupo Bolívar. Vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).