Con un ruidazo en distintas ciudades del país, la Red de Asociaciones de Inquilinos, desde la sede Córdoba, advierte sobre la situación del sector si no se prorroga el DNU 320/20 cuya vigencia se prevé hasta 31 de marzo. Buscan visibilizar “una realidad que el mercado inmobiliario tiene invisibilizada”. Así, las consignas de “Continuidad del Decreto 320” o “Cumplimiento de la Ley de Alquileres” se difundieron en distintas acciones en plazas públicas y redes sociales. Para prevenir los desalojos que se avecinan, para regularizar el mercado desde el Estado y no desde la especulación inmobiliaria, sostienen.

Prorrogar el DNU nacido en cuarentena significa darle “una salida ordenada a la crisis”, señala Maximiliano Vittar, presidente de Inquilinos Córdoba. Habla de un plan de desendeudamiento para hacer frente a la crisis provocada en pandemia. Y añade: “Si no podemos afrontar las deudas, menos los aumentos”. Habla de la puesta en marcha de la nueva Ley de Alquileres, sancionada en 2020. Algo que las agrupaciones validan. Destacan la registración de los contratos en AFIP. Pero exigen reglamentar el “alquiler social”, por ejemplo.

El reclamo involucra a “unos ocho millones de argentinas y argentinos” señala Vittar a Página/12, en representación de las Asociaciones que integran la Red. En Córdoba se convocó “al Patio Olmos –señala Vittar--, también en Rosario, en CABA y en el Conurbano, en Morón, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, en La Plata, en Bahía Blanca, en Bariloche”. Y en las ciudades de Entre Ríos, Mendoza y Salta. Aunque en algunos lugares la lluvia transformó la actividad en encuentro virtual.

De no prorrogarse el decreto “tendremos renovaciones de contrato con altos aumentos, inquilinos en situación de desalojos, falta de control y contratos por fuera de la Ley, muchas familias pueden quedar en la calle”, advierte. Hoy un 40 por ciento de la población de inquilinos tiene que salir a buscar un nuevo alquiler o renovar. En ese marco, buscan “que el Estado no delegue en las inmobiliarias el control del mercado –señala—, queremos visibilizar al inquilino como sujeto social vulnerado que necesita herramientas para salir de esta situación” detalla.

Con la discusión de la Ley “logramos que se empiece a hablar de acceso a la vivienda, al derecho constitucional que debe ser protegido por el Estado, y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para ser un bien social. Y la primera respuesta del gobierno fue un gesto positivo: el decreto” repasa el abogado. Hoy impulsan una mesa de negociación “ya que a principios de mes el ministro (Jorge) Ferraresi manifestó la decisión de no prorrogar el decreto”, detalla.

El Gobierno nacional argumenta que esta Ley brinda la oportunidad de contener a las familias. “Pero sin una reglamentación será imposible ponerla en funcionamiento –señala Vittar--, por eso queremos una mesa de diálogo, para tratar entre otras cosas la reglamentación del programa de alquiler social”.